Habitantes de los municipios de Chocolá, Mérida e Izamal, en Yucatán, consiguieron una suspensión provisional de las obras del Tren Maya, hasta que la justicia determine si el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incumplieron con sus obligaciones de informar a la población sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

De acuerdo con las organizaciones Kanan y la asamblea Múuch’ Xíinbal, el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán concedió la suspensión provisional del proyecto, “para efectos de que las autoridades se abstengan de ejecutar obras nuevas en los municipios donde habitan las quejosas”.

Este jueves el reporte diario de covid-19 arrojó nuevos máximos en decesos y contagios: la Secretaría de Salud federal (Ssa) documentó mil 803 muertes más y 22 mil 339 nuevos infectados por el virus, cifras no vistas desde el inicio de la pandemia.

De acuerdo con cifras de la dependencia, en total, México llegó a 146 mil 174fallecimientos y un millón 711 mil 283 casos positivos.

Urban Puerto, entonces inspector jefe de estación asignado al área de Transportación, emitió el mensaje dos días después del choque de dos trenes en la estación Tacubaya, incidente en el que un usuario falleció y 40 más resultaron lesionados.

Morena incumplió su ofrecimiento de ceder al gobierno sus tiempos en radio y televisión para que se informara a la población de asuntos importantes relacionados con la pandemia de COVID-19, como las medidas sanitarias de prevención, el color del semáforo epidemiológico o la ubicación de hospitales con camas disponibles.

En realidad, el partido en el gobierno le dio la vuelta a su promesa y ahora usa sus spots para presumir la llegada a México de la vacuna contra el virus, utilizando los colores y las frases propias del partido.

Por segundo año consecutivo México registró más de 35 mil asesinatos de hombres, mujeres y niños. Pese a la desmovilización por la pandemia sanitaria y el despliegue de casi 100 mil elementos de la Guardia Nacional, los homicidios y feminicidios en 2020 se mantuvieron en los mismos niveles récord de 2019.

En promedio, en 2020 cada 24 horas fueron asesinadas 97 personas, entre ellas al menos 10 mujeres y tres niños y adolescentes. En 11 estados del país, liderados por Guanajuato, los homicidios se incrementaron.

Cinco personas abatidas, dos detenidos y seis personas privadas de su libertad rescatadas fue el saldo de un aparatoso operativo registrado la tarde-noche del miércoles 20 en la avenida Murillo Vidal de la capital veracruzana.

El sangriento operativo fue encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad Publica de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado.

A cuatro días de que el Partido Acción Nacional defina su candidata o candidato a la gubernatura, el exsecretario de Hacienda de César Duarte Jáquez, Jaime Herrera Corral, aceptó públicamente que él mismo entregó los pagos de la nómina secreta a legisladores y otras personas de la vida pública de la entidad, a partir de 2014.

El exfuncionario justificó que él tenía el cargo más no el control de los recursos públicos del Estado y aseguró que desde 2014 trabajó bajo amenazas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que “les ha costado trabajo” esclarecer el caso Ayotzinapa porque, dijo,  se mantiene un “pacto de silencio” que impide conocer la verdad sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos.

Incluso, consideró que se tiene que investigar a todos los implicados, incluido el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, señalado de recibir dinero del grupo delictivo Guerreros Unidos en 2014, cuando se desempeñó como jefe de la extinta Policía Federal en Guerrero, como lo reveló un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) y del cual dio cuenta Proceso en su momento y ahora retomó el diario Reforma.

El 27 de abril de ese año, un grupo de paramilitares emboscaron una caravana de paz que pretendía entrar al municipio autónomo de San Juan Copala. Minutos antes de llegar al lugar, los disparos de AK-47 o cuerno de chivo asesinaron Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Jiry Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, hirieron a más de una decena de personas y dos periodistas de este semanario permanecieron desaparecidos durante 3 días, huyendo de los ataques.

Hoy, en Tierra Blanca hay personas heridas que no pueden salir de la mixteca oaxaqueña y permanecen graves, a punto de la muerte: Pedro Velasco González, Aida Martínez y Janet Cruz. Un hombre en estado de descomposición que no puede ser enterrado. Dos muertos, una de ellas: María Juana Hernández. Miedo, zozobra e incertidumbre entre mujeres, niños y ancianos.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala convocó a una jornada de protestas para exigir justicia a dos años del asesinato del defensor Samir Flores y para proponer acciones contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) y en defensa de la vida.

Al reafirmar su postura contra el PIM, el FPDTA señaló que el apagón del pasado 28 de diciembre en varios estados del país «dejó en evidencia dos de las principales mentiras del gobierno federal y la CFE (Comisión Federal de Electricidad) sobre la necesidad de echar a andar la termoeléctrica», que forma parte del megaproyecto junto con un gasoducto y un acueducto.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que cada vez es más claro que la “verdad histórica” sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos fue fabricada, pero lamentó que un “pacto de silencio” no permita avanzar en esa investigación que consideró “de Estado”.

El mandatario fue cuestionado por el tema durante su conferencia de prensa matutina, luego de que el periódico Reforma revelara las declaraciones de un testigo protegido identificado como “Juan”. En ellas, cuenta que la organización criminal Guerreros Unidos habría asesinado a 20 indigentes para simular que sus restos eran los de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala.

Un testigo clave en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa declaró en la Fiscalía de la República (FGR) que Omar García Harfuch, secretario de seguridad capitalino, “recibía mensualmente 200 mil dólares del cártel Guerreros Unidos”.

Así lo revela este jueves en su portada el diario Reforma, que tuvo acceso a la declaración del testigo protegido, al que llama ‘Juan’. De acuerdo con la información, el testigo dijo que los mandos del cartel daban sobornos a mandos militares y policiacos para que les permitieran operar en Guerrero.

La organización criminal Guerreros Unidos habría asesinado a 20 indigentes para simular que sus restos eran los de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, según reveló esta mañana el periódico Reforma.

De acuerdo con la declaración que dio el hombre identificado como “Juan”, quien sería presunto líder de Guerreros Unidos, los homicidios tuvieron el objetivo de que la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero, encabezada en ese momento por Iñaki Blanco Cabrera, tuviera pruebas de la desaparición de los jóvenes.

Dos agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia local fueron detenidos en la avenida Presidente Masaryk, colonia Polanco, en Miguel Hidalgo, al ser presuntos responsables de la privación ilegal de la libertad en contra de un hombre, quien se encontraba en el asiento trasero de un automóvil color blanco.

Policías capitalinos atendieron una denuncia ciudadana acerca de la presencia de hombres armados en una de las zonas más exclusivas de la capital, por lo que al detectar a los agentes en activo, quienes estaban vestidos de civil, identificados con credenciales de la FGJ como Genaro Moisés Cruz Guzmán , de 30 años, y Cristian Jovani Ortega Cabrera, de 24, se les realizó una revisión preventiva.

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), asegura que a Emilio Lozoya Austin no se le ha otorgado ningún criterio de oportunidad hasta ahora y siguen adelante sus procesos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

En cuanto a los temas de corrupción política derivados del caso Odebrecht, refiere que el Ministerio Público Federal continúa la investigación contra ex senadores y funcionarios que Lozoya señaló como beneficiarios de sobornos durante la administración pasada para aprobar, entre otras cosas, la reforma energética, y el primer expediente judicializado fue el del ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury.