Se trata de un cargamento de 270 mil piezas nuevas y semi-nuevas (chalecos, mochilas, porta gafetes, impermeables y tablas) que se suelen destinar para el uso de los supervisores electorales (SE) y capacitadores asistentes electorales (CAE) que participan en los procesos federal y locales, pero que hace dos años finalmente no se usaron o se devolvieron. Y que en vez de reutilizarlos en las próximas elecciones de este 2021, simplemente se destruyeron.

El presupuesto total asignado para eliminar el cargamento fue de 549 mil 840 pesos, en correspondencia con la propuesta económica que presentó la empresa recicladora Intertek Tesing Services de México para tal fin. Aquí el tema no es sólo que el INE compró materiales y prendas en exceso en 2018, causando un evidente sobrecosto al presupuesto público, sino que, adicionalmente, pagó por destruirlas en 2020.

Desde el Palacio Nacional , la titular de la Segob dijo tener claridad en la importancia de esta ley y que dentro de sus funciones está la de cumplirla. Esto en respuesta a una pregunta hecha por una reportera sobre la posibilidad de brindar información sobre la evolución del estado de salud de López Obrador al haber resultado positivo a Covid-19.

Ayer, habitantes de Tierra Blanca sostuvieron una reunión con Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien se comprometió a realizar una “visita de carácter humanitario” para dar seguimiento de la atención integral a víctimas de desplazamiento, la primera semana de febrero.

Los indígenas y las autoridades del gobierno federal también acordaron la presencia “permanente y coordinada” de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, para garantizar “la integridad y seguridad de los habitantes de la región”.  Durante la visita oficial, se buscará que las autoridades correspondientes cumplan con su responsabilidad de brindar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de manera integral.

Lo peor que te puede pasar no es que enfermes de la COVID. “El verdadero infierno es lo que pasa después”, dice Ernesto. Lo peor es no encontrar un servicio funerario para tu padre, cuyo cadáver aún está en su casa, y que te pidan esperar una semana porque, como tú, hay miles solicitando una incineración. 

En medio de una pandemia que mantiene a México rebasando cada día el máximo número de muertes registradas como nunca antes en los 11 meses de propagación –como el 23 de enero con 1,470 fallecidos en solo 24 horas– la sepultura o incineración dejó de ser el rito final de despedida para convertirse en otra crisis para las familias afectadas. 

En 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) inició 7 mil 876 carpetas de investigación por denuncias de posible producción, tráfico, transporte, almacenamiento y comercio de drogas en México. Se trata de la incidencia más alta en delitos de narcotráfico registrados de los últimos cinco años.

Datos oficiales muestran que, contrario a lo ocurrido con otros delitos como los robos, la pandemia sanitaria no parece haber incidido en las actividades de tráfico de estupefacientes. De hecho, las fuerzas armadas reportaron cifras récord en aseguramiento de cargamentos de cocaína, y reputes en decomisos de armas de fuego ligadas a los cárteles.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar a conocer los pagos que ha realizado a hospitales privados para la atención de pacientes con covid-19.

En un comunicado el organismo detalló que la Sedena deberá especificar el número de personas con covid-19 que han sido atendidas en hospitales privados, así como el número de tratamientos y atenciones proporcionados por cada hospital.

El empresario mexicano Carlos Slim Helú, uno de los hombres más ricos del mundo, contrajo el covid-19 aunque presenta una evolución muy favorable.

Así lo anunció en Twitter su hijo, Carlos Slim Domit.

En la última década no solo creció el número de habitantes del país a pasar de 112.3 a 126 millones, sino que además, la población mexicana se encamina a un proceso de envejecimiento, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020.

Según con el registro realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país se ha venido observando un gradual envejecimiento, aunque sigue siendo joven, esto se ve reflejado en la edad mediana, que pasó de 26 a 29 años del 2010 al 2020.

El Juzgado Segundo de Distrito decidió concluir el juicio de amparo contra la megagranja de Yuca Agroalimentos sin haber resuelto las violaciones a los derechos del pueblo de San Antonio Chel, Yucatán, y la contaminación a los cenotes en la región.

Con la decisión del Juzgado, la granja podría reiniciar sus actividades, señaladas por contaminar con desechos de ganado los ríos subterráneos que se encuentran bajo sus instalaciones, acusó la Unión de Pobladores y Avecindados de San Antonio Chel.

Colectivos y activistas de Europa denunciaron la «complicidad del gobierno federal, estatal y municipal» en los recientes ataques paramilitares contra la comunidad zapatista de Moisés Gandhi, Chiapas, por parte de la Organización de Cafeticultores y Agricultores de Ocosingo (Orcao).

«Digan lo que digan, declaren lo que declaren, firmen los documentos que firmen, los malos gobiernos están financiando, promoviendo y respaldando los ataques de grupos paramilitares, como el de la ORCAO, contra la población civil», aseguraron en un comunicado.

La cantante veracruzana de música popular Francisca Viveros Barradas, “Paquita la del Barrio", será la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la diputación local por el distrito de Misantla.

La cantante ha sido fuertemente presumida en las redes sociales de los dirigentes de Movimiento Ciudadano. La intérprete de éxitos como “Rata de dos patas”, “Cheque en blanco” y “Me saludas a la tuya” es oriunda de Alto Lucero, donde incluso es propietaria de un hotel que suele ser atractivo turístico entre los fans de la cantante.

Internos del Centro de Readaptación social (Cereso) de la ciudad de Mexicali iniciaron esta tarde un movimiento de protesta en demanda de mejor alimentación y atención de salud; la falta de control generó la movilización de la Guardia Nacional quien acudió en apoyo a la policía estatal de investigaciones y los elementos de custodia del penal.

Mediante un comunicado, la comisión Estatal del Sistema Penitenciario informó que se trató de “un intento de motín”, que la situación ya se encuentra controlada y no hay heridos. Mientras que familiares de los internos se han concentrado en las afueras del penal en demanda de mayor información.

El Partido Acción Nacional eligió el domingo a María Eugenia Campos Galván como su candidata a la gubernatura para el periodo 2021-2027, con 62.41 por ciento de los votos en contra del senador con licencia, Gustavo Madero Muñoz.

Después de varias semanas de confrontaciones mediáticas, en las que Campos Galván ha sido acusada por la Fiscalía General de Chihuahua y por el gobernador Javier Corral Jurado, de ser parte de la nómina secreta del exgobernador César Duarte Jáquez, salió a votar el 85 por ciento del panismo chihuahuense. En la capital y en Ciudad Juárez, votó más del 90 por ciento, de acuerdo con la Comisión Organizadora de Elecciones.

Dieciocho de las 19 personas que fueron calcinadas en Camargo, Tamaulipas, posiblemente son originarias de Guatemala, de acuerdo con familiares.

Este domingo, la Fiscalía General de Tamaulipas informó sobre el hallazgo de 19 personas calcinadas en dos vehículos a la orilla de la carretera en el municipio de Camargo.

Los cuerpos se encontraron a bordo de una camioneta pick up. Cuatro estaban en la cabina y 15 en la caja de la unidad.

Más tarde, a través de su consulado en México, el gobierno de Guatemala solicitó información sobre los hechos al gobierno de Tamaulipas.

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) condenó el asesinato del defensor Fidel Heras Cruz, integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) y parte de la resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde, en Oaxaca.

La Ucizoni denunció que hubo «antecedentes de amenaza por parte de poderosos grupos económicos ligados a la explotación de material pétreo» contra Heras Cruz, quien era comisariado del núcleo Paso de la Reina.