De diciembre de 2018 a diciembre de 2020, Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas fueron los estados que concentraron el 79.46% de cuerpos recuperados de fosas clandestinas, informó Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

En tanto, las entidades que agrupan el 76.6% de denuncias de personas desaparecidas son Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Veracruz y Guerrero.

Texas es el estado del que más armas ingresan ilícitamente a México desde Estados Unidos, con 41 por ciento del total, informó el jefe de la oficina del canciller, Fabián Medina.

El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien fue el encargado de realizar un análisis sobre la problemática, detalló que cada año entran a nuestro país de manera ilegal entre 250 mil y 280 mil armas, de las cuales 70 por ciento proviene de un fabricante o distribuidor estadundiense.

“En los últimos diez años suman entre 2.5 y 3 millones de armas de fuego que cruzaron ilícitamente a territorio mexicano y que están en manos de civiles (sobre todo crimen organizado)”, enfatizó Medina al participar en un foro virtual sobre el tema convocado por el consulado general de México en El Paso, Texas.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aconsejó a los representantes de las 32 entidades a hacer un uso eficiente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP) 2021, a fin de priorizar la atención en los 15 municipios más afectados por la delincuencia.

Para este año, los recursos del FASP aumentaron 3.38 por ciento respecto del año anterior, con lo cual se tienen recursos por 7 mil 687 millones 920 mil 712 pesos.

Durante la reunión anual con funcionarios de distintas áreas de la SSPC y secretarios ejecutivos de los Consejos Estatales de Seguridad, la funcionaria exhortó a los gobiernos estatales a que apliquen los recursos del FASP “a los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a los programas de prioridad nacional”.

La especialista en justicia penal, Ana Laura Magaloni, aseguró que el modelo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya está agotado, por lo que se pronunció por transformar a esa institución en una defensoría pública que promueva amparos, defienda a los ciudadanos y no se quede sólo en la realización de investigaciones. 

“Haber pasado a la arena política la protección de los derechos humanos” ha causado parte de ese agotamiento, por lo que “sería muy interesante debatir la CNDH como una defensoría pública para dar acceso (a la justicia), ésa podría ser una salida”, apuntó.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, informó que la eliminación de la subcontratación de personal también se aplicará en el gobierno federal.

Durante su participación en la plenaria de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), la funcionaria federal informó que en la iniciativa para eliminar el llamado outsourcing se incluirá una modificación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para prohibir la subcontratación en el sector público.

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) emplazó al Estado mexicano a “reconsiderar de forma urgente” la iniciativa del proyecto de decreto de la Ley de la Fiscalía General de la República y que abroga la Ley Orgánica de esa institución, al considerar sería un “retroceso” y que va en contra de la legislación en materia de desaparición de personas.

Tras urgir a una consulta sobre la reforma planteada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, en una “Nota Verbal presentada por el CED a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el 20 de enero, y que esa dependencia transmitió a la Cámara de Senadores, el órgano de Naciones Unidas con sede en Ginebra también pide al Estado mexicano que dé respuesta a la solicitud de visita a México, prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019.

El semáforo epidemiológico de Puebla regresó a rojo. Esto, como resultado a un alza de contagios por COVID-19, especialmente del día miércoles 27 de enero, afirmó el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa Huerta.

Añadió que la medida ya había sido advertida, por lo cual se estaba actuando en consecuencia con nuevas medidas para contener el incremento de casos confirmados.

Indígenas tseltales del municipio de Chilón, en Chiapas, interpusieron un amparo contra la “construcción impuesta” de un cuartel general de la Guardia Nacional en su territorio, pues no fueron consultados de manera previa, libre e informada como marcan los convenios internacionales, informaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

El Centro Prodh y el Frayba explicaron que la demanda de amparo denuncia que la licencia y la construcción del cuartel “se trata de una imposición de un proyecto de militarización que viola los derechos del pueblo maya tseltal del municipio de Chilón a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que hubo una estrategia de financiamiento prohibido a favor del excandidato presidencial independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, cuya postulación fue beneficiada con millonarias aportaciones de empresas, por lo que impuso a éstas y a particulares que se prestaron a la triangulación, sanciones de 4.2 millones de pesos.

La suma comprobada de aportaciones indebidas fue de 4 millones 87 mil pesos, y la irregularidad fue sancionada con el 100% el monto involucrado, por lo que 15 empresas participantes fueron multadas con las mismas cantidades que aportaron.

El titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, respaldó la participación de los "Servidores de la Nación" en las brigadas de vacunación en el país, argumentando que son "facilitadores" y ayudan para que los beneficiarios reciban los apoyos de forma directa y sin intermediarios.

"Son trabajadores del gobierno federal que llegan a lugares donde nunca se llegaban, ellos ayudan al igual que Sedena, Salud y Fuerzas Armadas", declaró.

México se encuentra entre los peores países del mundo en el manejo de la pandemia del coronavirus, señaló el Instituto Lowy de Australia, que realizó un estudio comparativo de la forma en que han tratado el contagio los gobiernos de 98 países.

En dicho estudio, dado a conocer en Australia, se precisa que Nueva Zelanda, Vietnam y Taiwán encabezan la lista de las naciones que mejor han gestionado la pandemia de coronavirus. En dicho análisis se pone a México en el penúltimo lugar sólo detrás de Brasil.

Con 31 puntos, México ocupa el lugar 124 de 180 naciones evaluadas en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020, y se mantiene en el último lugar (37) entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para su edición 2020, el IPC se centró en lo ocurrido en materia de corrupción a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Autoridades de Salud reportaron 1,506 muertes más por COVID-19, para un total de 155 mil 145 defunciones confirmadas por la enfermedad.

Con esta cifra, México se ubicó como el tercer país con más muertes a nivel mundial en términos absolutos, al superar el registro de fallecimientos de India, de acuerdo con el registro que hace la Universidad Johns Hopkins.

Además, confirmaron 18 mil 670 casos nuevos, por lo que va un millón 825 mil 519 personas que enferman por el virus, desde el inicio de la epidemia.

Desde abril el IMSS publicó los criterios para solicitar una incapacidad temporal por causa del nuevo coronavirus. De comprobarse la causa-efecto, trabajo-daño, recibirán el beneficio del seguro de riesgos de trabajo del Instituto. Se incluyó en el artículo 475 que contempla “todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios”.

El Concejo Indígena Mexicano y el Congreso Nacional Indígena anunciaron este jueves que combatirán las megaobras que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el centro y sur del país, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

En una asamblea los grupos acordaron impulsar “acciones por la vida, contra los megaproyectos y en memoria de Samir Flores”, un activista asesinado en febrero de 2019 tras oponerse a una planta termoeléctrica de la pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Morelos, estado del centro del país.