Sin recursos financieros –se los gastaron en un dispendio atroz– el DIF estatal del estado de Morelos, que encabeza Natalia Rezende Moreira, esposa del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, enfrenta una situación caótica como consecuencia de la corrupción sin freno que priva en el interior de esa institución.

En 2020, la economía mexicana se desplomó en un 8.5 por ciento a causa de la pandemia de COVID-19, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta es la peor caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 89 años, pues la mayor contracción de la que se tenía registro era por la depresión económica en 1932.

Además, este es el segundo año consecutivo en que México reporta una caída económica. Sin embargo, el margen de comparación es muy grande, ya que en 2019 la contracción fue de 0.1 por ciento.

Mariana Sánchez, estudiante de Medicina de 24 años de edad, fue asesinada a las afueras de la clínica donde realiza su servicio social, ubicada en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

En redes sociales se difundió el caso de la joven que fue hallada sin vida el pasado 28 de enero afuera del hospital de la comunicad Nueva Palestina.

De acuerdo con la información, dos meses antes Mariana hizo una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas por un ataque sexual que sufrió a manos de un integrante de la comunidad. Sin embargo, la denuncia nunca tuvo seguimiento.

El juzgado tercero de distrito con sede en Yucatán otorgó a pobladores mayas del municipio de Chapab la suspensión provisional de un granja porcícola, perteneciente a la Unión de Aparceros Chapab y a la Productora Pecuaria de Yucatán, acusada de hacer uso indebido de las tierras y contaminar el territorio.

La suspensión provisional estará vigente mientras se verifica que la granja cuenta con los permisos ambientales para operar, luego de que la comunidad maya interpusiera un amparo ante la amenaza ambiental que representa y la falta de información a los pobladores.

La guerra contra los pueblos para imponer megaproyectos en su territorio «es tan clara, que a los militares se les están asignando obras como el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía», a pesar de que las comunidades se opongan a su instalación y operación, denunciaron el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla, Tlaxcala.

En un pronunciamiento conjunto, el CNI-CIG y el FPDTA acusaron que a través de la militarización del país y de la seguridad pública se pretende proteger los grandes megaproyectos «y todo el despojo y la explotación provocados por el modelo extractivista del gobierno federal».

La burocracia del sector público mexicano le costó al país 15 billones 932 mil 21 millones 200 mil pesos entre los años 2000 y 2020, o un promedio de casi 800 mil millones de pesos anuales durante el periodo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La Ciudad de México continuará en Semáforo Rojo por séptima semana consecutiva debido a que aún se registran cifras máximas en contagios, hospitalizaciones y fallecimientos provocados por la COVID-19.

Durante una video conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que a pesar de que se ha podido observar que el número de contagios comienza a disminuir, es importante seguir con las medidas que hasta ahora se han recomendado para así evitar otro posible repunte.

De diciembre de 2018 a diciembre de 2020, Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas fueron los estados que concentraron el 79.46% de cuerpos recuperados de fosas clandestinas, informó Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

En tanto, las entidades que agrupan el 76.6% de denuncias de personas desaparecidas son Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Veracruz y Guerrero.

Texas es el estado del que más armas ingresan ilícitamente a México desde Estados Unidos, con 41 por ciento del total, informó el jefe de la oficina del canciller, Fabián Medina.

El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien fue el encargado de realizar un análisis sobre la problemática, detalló que cada año entran a nuestro país de manera ilegal entre 250 mil y 280 mil armas, de las cuales 70 por ciento proviene de un fabricante o distribuidor estadundiense.

“En los últimos diez años suman entre 2.5 y 3 millones de armas de fuego que cruzaron ilícitamente a territorio mexicano y que están en manos de civiles (sobre todo crimen organizado)”, enfatizó Medina al participar en un foro virtual sobre el tema convocado por el consulado general de México en El Paso, Texas.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aconsejó a los representantes de las 32 entidades a hacer un uso eficiente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP) 2021, a fin de priorizar la atención en los 15 municipios más afectados por la delincuencia.

Para este año, los recursos del FASP aumentaron 3.38 por ciento respecto del año anterior, con lo cual se tienen recursos por 7 mil 687 millones 920 mil 712 pesos.

Durante la reunión anual con funcionarios de distintas áreas de la SSPC y secretarios ejecutivos de los Consejos Estatales de Seguridad, la funcionaria exhortó a los gobiernos estatales a que apliquen los recursos del FASP “a los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a los programas de prioridad nacional”.

La especialista en justicia penal, Ana Laura Magaloni, aseguró que el modelo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya está agotado, por lo que se pronunció por transformar a esa institución en una defensoría pública que promueva amparos, defienda a los ciudadanos y no se quede sólo en la realización de investigaciones. 

“Haber pasado a la arena política la protección de los derechos humanos” ha causado parte de ese agotamiento, por lo que “sería muy interesante debatir la CNDH como una defensoría pública para dar acceso (a la justicia), ésa podría ser una salida”, apuntó.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, informó que la eliminación de la subcontratación de personal también se aplicará en el gobierno federal.

Durante su participación en la plenaria de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), la funcionaria federal informó que en la iniciativa para eliminar el llamado outsourcing se incluirá una modificación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para prohibir la subcontratación en el sector público.

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) emplazó al Estado mexicano a “reconsiderar de forma urgente” la iniciativa del proyecto de decreto de la Ley de la Fiscalía General de la República y que abroga la Ley Orgánica de esa institución, al considerar sería un “retroceso” y que va en contra de la legislación en materia de desaparición de personas.

Tras urgir a una consulta sobre la reforma planteada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, en una “Nota Verbal presentada por el CED a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el 20 de enero, y que esa dependencia transmitió a la Cámara de Senadores, el órgano de Naciones Unidas con sede en Ginebra también pide al Estado mexicano que dé respuesta a la solicitud de visita a México, prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019.

El semáforo epidemiológico de Puebla regresó a rojo. Esto, como resultado a un alza de contagios por COVID-19, especialmente del día miércoles 27 de enero, afirmó el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa Huerta.

Añadió que la medida ya había sido advertida, por lo cual se estaba actuando en consecuencia con nuevas medidas para contener el incremento de casos confirmados.

Indígenas tseltales del municipio de Chilón, en Chiapas, interpusieron un amparo contra la “construcción impuesta” de un cuartel general de la Guardia Nacional en su territorio, pues no fueron consultados de manera previa, libre e informada como marcan los convenios internacionales, informaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

El Centro Prodh y el Frayba explicaron que la demanda de amparo denuncia que la licencia y la construcción del cuartel “se trata de una imposición de un proyecto de militarización que viola los derechos del pueblo maya tseltal del municipio de Chilón a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos”.