Dos mujeres jóvenes de Ciudad Juárez que anunciaron que solicitarían un vehículo mediante la plataforma digital Uber están desaparecidas desde el pasado viernes.

Desde el sábado, familiares de Alice Realivázquez Mancillas y María Fernanda Roque Rodríguez, de 15 y 16 años, respectivamente, recurrieron a las redes sociales para solicitar la colaboración de la ciudadanía y dar con su paradero.

Señaló que el objetivo de la regulación sería defender la libertad de expresión “en todos los sentidos” y defender los derechos de terceros. Además, dijo, estará pendiente de la iniciativa en la materia anunciada por el senador Ricardo Monreal para, “en su caso, apoyarla”.

Dijo que la regulación busca “tener los impactos positivos” para el conjunto de la sociedad” y, en un tema como el de outsourcing, “los acuerdos son importantísimos para esta construcción normativa”.

La señora Alejandra vendía quesadillas y su muerte fue registrada en la estadística de personas que han fallecido a causa de COVID-19. Los medios no conocen su historia ni su rostro porque no era famosa o una figura pública, pero cada persona que murió por COVID no es solo un número, tenía un nombre, un rostro, una familia.

“Siempre me daba una quesadilla cuando era niño y mi mamá estaba trabajando. Una víctima en el olvido”, cuenta quien la conoció y así la recuerda.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, de carácter preferente, para dar prioridad el despacho de electricidad que produce el Estado a través de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al final a la generada por empresas privadas.

En su propuesta, el Ejecutivo también plantea revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de compra venta de energía eléctrica suscritos con los productores independientes de energía, que “han causado un gran daño al patrimonio de CFE”; asimismo, eliminar la obligatoriedad de compra de energía mediante subastas; y obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de auto financiamiento, que desvirtuaron su objeto inicial.

El Gobierno de México reconoce sólo tres empresas que pueden comercializar tanques de oxígeno para uso médico. Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que Infra, Medigas y Criogas son las tres compañías que cuentan con este elemento requerido por las personas contagiadas de la COVID-19 que presentan como síntoma la baja oxigenación.

Esta mañana fueron colocados 250 pares de zapatos rojos frente al palacio de gobierno de Michoacán para exigir justicia por el feminicidio de Jessica Villaseñor, educadora de 21 años asesinada por su pareja Diego Urik Melgoza.

Los zapatos también fueron colocados en las inmediaciones de la fuente Las Tarascas, en Morelia, para demandar a las autoridades el castigo a Urik Melgoza por el feminicidio de Jessica, ocurrido en septiembre de 2020.

En el caso de Mariana Sánchez, pasante de medicina cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 28 de enero en Ocosingo, Chiapas, “existen un cúmulo de violencias, omisiones, negligencias y una exacerbada ginopia estructural”, denunció la Red de Familiares de Víctimas de Feminicidios en Chiapas.

“Las instituciones dejaron sola a Mariana”, aseguró la Red, que calificó la muerte de la joven de 24 años como un “feminicidio de Estado”, pues dos meses antes de su muerte Mariana había denunciado el acoso y abuso sexual de los que había sido víctima en la clínica de Nueva Palestina, sin que hubiera respuesta efectiva de las autoridades tanto escolares como estatales.

El Gobierno de México buscará obtener más de 500 millones de dólares de la minera canadiense First Majestic Silver Corp “por los adeudos de los impuestos derivados de mantener artificialmente bajos los precios de la plata durante la última década”, de acuerdo con fuentes consultadas por la agencia Reuters.

La empresa debe, de acuerdo con auditorías citadas por Reuters, cerca de 11 mil millones de pesos, es decir, 534 millones de dólares.

Las filas a fuera de empresas distribuidoras de venta, renta o recarga de oxígeno no cesan a lo largo del día. Las páginas de Facebook de pequeñas distribuidoras reciben cientos y cientos de mensajes demandando la vía para poder seguir respirando. Las búsquedas en Google México de tanques, cilindros y concentradores de oxígeno se han incrementado de diciembre a la fecha, sobre todo en el Valle de México. Y, ante la desesperación, ha brotado el robo y mercado negro tanto de oxígeno como de supuestas vacunas contra la COVID-19 que ya tiene trabajando a la Guardia Nacional, a la Policía Cibernética y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

A pesar de seguir en Semáforo Rojo Epidemiológico, la Ciudad de México permitirá que alrededor de 59 mil 304 negocios del sector comercio vuelvan a abrir a partir del próximo martes 2 de febrero, luego de haber cerrado poco más de un mes ante el incremento de hospitalizaciones por la COVID-19 en la capital del país.

“Se da la oportunidad de operar a unidades económicas que, aunque no son considerados esenciales, pueden operar con el esquema de atender a través del mostrador hacia la vía pública, lo que servirá para seguir impulsando la dinámica económica de la Ciudad”, explicó la Secretaría de Desarrollo Económico capitalina (Sedeco), por lo que centros comerciales y plazas departamentales no podrán operar y deberán esperar hasta el 8 de febrero para abrir.

Politólogos y sociólogos expertos en seguridad nacional coinciden en cinco amenazas y riesgos para México en el año que inicia, adicionales al de la enfermedad de jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador, quien dio positivo a Covid-19 el pasado domingo 24 de enero y con síntomas muy leves, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud.

Destacan un posible rebrote del SARS-CoV-2 con cepas que no cubran las vacunas y las probables tensiones en la relación con Estados Unidos. Los otros tres son el colapso de sectores económicos enteros, un proceso electoral violento, y las consecuencias de haber anclado, por décadas, toda la economía mexicana a la estadunidense cuando ésta se encuentra en declive frente a la china.

El consorcio formado por empresas de Grupo México, del magnate minero Germán Larrea Mota Velasco, y del grupo español Acciona –uno de los más favorecidos por contratos de obra pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto– construirá la parte del Tramo 5 Sur del Tren Maya que unirá Playa del Carmen a Tulum, por 17 mil 815 millones de pesos.

Así, el presidente de Grupo México, hijo de Jorge Larrea Ortega –quien se volvió multimillonario durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari– y otrora enemigo político de Andrés Manuel López Obrador –durante las elecciones de 2018 difundió una carta a sus empleados para que no votaran por el entonces candidato de Morena– se suma a la lista de los contratistas del Tren Maya, el proyecto más emblemático del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Acumen Telecomunicaciones S.A de C.V., compañía que es investigada por la FGR por presuntamente haber formado parte de un esquema de desvíos millonarios de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue contratada por las administraciones del Estado de México y de Campeche, ambas del PRI, para adquirir equipos de espionaje.

Entre 2015 y 2018, los gobiernos del exgobernador Eruviel Ávila y de Alejandro Moreno Cárdenas -mandatario con licencia y hoy dirigente nacional del PRI- adjudicaron a dicha empresa contratos por 90 millones 927 mil 938 pesos, IVA incluido, para la compra de aparatos y licencias de espionaje fabricados por la firma estadounidense de ciberseguridad e inteligencia Verint Systems Inc., que ha tenido nexos con exfuncionarios militares de Israel.