La transnacional holandesa Vitol, que es acusada por Estados Unidos de pagar sobornos a funcionarios de Pemex entre 2015 y 2020, cobró a la CFE 16.8 millones de dólares (307.3 millones de pesos) por un contrato que le adjudicó la paraestatal eléctrica bajo la dirección de Enrique Ochoa Reza, hoy diputado federal del PRI que busca la reelección.

Otorgado el 8 de abril de 2016, el contrato comprometía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a comprarle a Vitol S.A. cargamentos de gas natural licuado para la generación de energía, mismos que serían entregados en el puerto de Manzanillo, Colima. El monto total pagado por la paraestatal a Vitol no se conocía hasta ahora, luego de que Animal Político obtuvo la cifra mediante solicitudes de información.

En el marco de las investigaciones por la muerte de la joven pasante de medicina, Mariana Sánchez Dávalos, un juez de control ordenó la captura del médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez, a quien la víctima señaló previamente como su acosador sexual.

El juez también dio la orden para catear el domicilio del galeno y la clínica privada Santa María de Guadalupe—en el poblado de Yajalón--, donde da consultas los fines de semana.

La sequía de vacunas está por terminar. Hoy, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón anunció la recepción de dosis por parte de Pfizer, la firma trasnacional cuyo antígeno se estaba aplicando en México hasta mediados de enero, cuando suspendió embarques.

El próximo 15 de febrero, se espera la recepción de un embarque cercano a las 500 mil dosis, un pequeño avance respecto a las 34 millones 400 dosis contratadas por el gobierno mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso hablar sobre la situación jurídica del empresario Alonso Ancira Elizondo y se concretó a la aspiración de su gobierno:

Que devuelva 200 millones de dólares que, considera, Pemex pagó en demasía por la planta de fertilizantes Agronitrogenados, el sexenio pasado.

La política social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está concentrada en programas con transferencias directas de dinero, pero no significan una atención integral para evitar carencias en la atención médica, seguridad en el ingreso y desarrollo humano. 

Así lo advierte el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la estrategia en materia social de la actual administración.

Esta mañana se reanudó la audiencia de Alonso Ancira Elizondo, exdirector de la empresa Altos Hornos (AHMSA), en la que se definirá si es vinculado a proceso por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

La defensa de Ancira solicitó al juez José Artemio Zúñiga Mendoza que se anule todo el proceso dado que se violó la suspensión de amparo que tenía el empresario para no ser detenido, pero la Fiscalía General de la República (FGR) pidió que se deseche dicha petición pues ya fue debatida antes.

Durante el tiempo que ocuparon cargos públicos en los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí (periodos 2009-2012, 2012-2015 y 2015- 2018) Ricardo Gallardo Juárez y su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, habrían desviado cantidades millonarias de recursos de ambos municipios cuyos montos suman más de 700 millones de pesos.

Lo anterior consta en documentos en poder de Astrolabio Diario Digital y que fueron proporcionados por una fuente dentro del gobierno federal. Asimismo, la autenticidad de los documentos fue comprobada por el equipo de Astrolabio consultando otras fuentes tanto en la Fiscalía General de la República como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Fiscalía General de la República (FGR) sumó una acusación por defraudación fiscal en contra de la esposa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Marialle Helen Eckes.

De acuerdo con la revista Proceso y el periódico El Universal, la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero presentó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) los estados de cuenta y declaraciones fiscales de Eckes para acreditar la recepción de tres millones 184 mil 200 pesos en 2013.

El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes cualquier modificación a su iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y afecta a las empresas privadas, en especial las de energías renovables.

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga el proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar) a la agrupación empresarial Grupo México-Minorbis pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emérita Resources España, emitió un auto en el que ordenó el procesamiento de nueve personas investigadas en la causa.

En un auto fechado este lunes y recogido por Europa Press, la juez Patricia Fernández Franco ordenó el procesamiento de los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta.

La construcción del puente vehicular Periférico-Cuemanco en Xomichilco se lleva a cabo sobre la zona patrimonio de la humanidad y de monumentos históricos protegidos, por lo que las obras deben ser detenidas, señaló el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En un comunicado, la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, que interpuso un amparo contra la construcción del proyecto, indicó que con base en las declaraciones del INAH solicitaron nuevamente la suspensión de las obras del puente vehicular.

Como sucede en Sudamérica, empresas mineras están especulando en México con el litio, metal utilizado para la producción de baterías eléctricas para autos eléctricos y proyectos de energía renovables de cara a la transición energética. De los 36 proyectos de 10 compañías de capital extranjero en territorio nacional, solo los de tres empresas están en exploración, reveló un informe de las organizaciones GeoComunes, MiningWatch Canadá y la Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA). Las activas son las canadienses Organimax y One World Lithium, y la británica Bacanora Lithium. El resto está sin actividad y un proyecto, el de la canadiense ZEOX, abandonado.

Además de la especulación, agrega el documento, se oferta como lucha contra la crisis climática por sí solo a pesar de que esta “transición energética” da continuidad al extractivismo minero y a la utilización de nuevos insumos ante el eventual agotamiento de otros durante el modelo energético basado en los hidrocarburos.

Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la presidencia de México, dijo hoy que el número de muertos por la pandemia de COVID-19 en México equivale a la población total de Uruapan, uno de los municipios más poblados de Michoacán.

El partido del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abrió a debate público una propuesta para reglamentar Twitter, Facebook y otras redes sociales.

La nueva propuesta de ley presentada el lunes por el partido Morena de López Obrador contempla multas de hasta 4.4 millones de dólares a las redes por violar el derecho a la libertad de expresión de los usuarios. La ley se aplicaría sólo a las plataformas que tienen más de un millón de usuarios en México, aparentemente cubriendo sólo empresas como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok o YouTube.

La libertad de expresión, el acceso a la información y procuración de justicia están en riesgo en caso de que se apruebe la iniciativa presentada por Ricardo Monreal, que tiene como fin regular las redes sociales, advirtió la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai).

En un comunicado, la Alai indicó que no es facultad del regulador de telecomunicaciones decidir en materia de libertad de expresión.

También, dijo, bajo la definición de redes sociales de la iniciativa prácticamente todos los servicios que se ofrecen en Internet están sujetos a ser controlados por un organismo público.