“Donde se demuestre que hubo corrupción tiene que haber reparación del daño”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar sobre el caso de la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Rosario Robles Berlanga.

No obstante, dijo que, pese a que este es el criterio de su gobierno, la Fiscalía General de la República (FGR), es quien tiene que definir la situación jurídica de la exfuncionaria de la administración de Enrique Peña Nieto.

Mujeres activistas exigieron a la Fiscalía General de Justicia de esta capital (FGJCDMX) que desistan en su intento de formularles cargos y que mejor concentren sus esfuerzos en esclarecer los más de 673 feminicidios perpetrados en 2020.

En una carta difundida el jueves, 13 activistas acusadas por dos policías de daño a bienes inmuebles, lesiones y robo a negocio en la marcha del 8 de marzo del año pasado denunciaron que, a pesar de que su proceso ha sufrido retrasos debido a la pandemia, “siempre que se acerca un día conmemorativo para la lucha feminista, las 13 activistas son llamadas para asistir como muestra”.

Con seis votos a favor y uno en contra, el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCGRO)  avaló el registro de Félix Salgado como candidato a la gubernatura de Guerrrero.

Los consejeros electorales Nazarín Vargas Armenta (presidente), Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Edmar León García, Vicenta Molina Revuelta, Azucena Cayetano Solano y Amadeo Guerrero Onofre fueron quienes votaron a favor del registro de Salgado Macedonio como candidato.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó su estrategia para proteger a candidatos y aspirantes a algún puesto político en el proceso electoral 2021.

La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, señaló que en los últimos años han crecido los actos de violencia política principalmente por parte del crimen organizado y del crimen de cuello blanco.

“Hubo regiones del país donde decidían a los candidatos y buscan seguir controlando mediante campañas de miedo”, refirió.

Las declaraciones de los 12 policías que están en prisión por la masacre de Camargo, Tamaulipas, se mantendrán secretas por el momento.

Así lo determinó el Poder Judicial del estado norteño ante una solicitud de transparencia formulada por Animal Político. Los agentes de la Policía Estatal están acusados de los delitos homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad y fueron detenidos días después del hallazgo de 19 cuerpos calcinados, en su mayoría migrantes guatemaltecos que trataban de alcanzar Estados Unidos. 

Elementos de la Fiscalía General del estado (FGE) detuvieron a Carlos Cárdenas Ramírez, director de Seguridad Pública del municipio de Zacatlán, y a Abraham Juárez Martínez, director del penal, por su presunta vinculación con la fuga de un secuestrador que estaba sentenciado a 50 años de prisión.

De acuerdo con reportes policiacos, en total se investiga a seis detenidos, entre custodios y policías, por su participación en una balacera, el pasado 28 de febrero, cuando un preso que estaba internado en el hospital de Zacatlán fue rescatado por un comando.

La Fiscalía General de Justicia de esta capital (PGJCDMX) dio a conocer la detención de Juan Pablo ‘Q’ por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en noviembre del año pasado.

Aunque la información oficial no lo consigna, el indiciado es nada menos que sobrino de Rafael Caro Quintero, uno de los zares del narcotráfico en la década de los ochenta y quien se encuentra prófugo de la justicia.

La pobreza en México aumentó el año anterior a niveles similares a los de hace dos décadas en medio de la pandemia del covid-19, estimó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Al presentar el Panorama Social 2020, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, dijo que el organismo estima en 50.6% el nivel de pobreza en México y en 18.3% la pobreza extrema.

Aunque el megaproyecto lo encabeza directamente la ingeniera Nahle por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el manejo del dinero depende de la petrolera y de sus decisiones en el área administrativa, y no de la cabeza del sector.

En ese contexto, el pasado 18 de enero el Consejo reiteró a Pemex su solicitud de que integre un mecanismo para rendir cuentas. Ello consta en el acuerdo CA-007/2021, de la 965 sesión extraordinaria, en el cual se estableció como tercer punto lo siguiente:

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) instaló las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) en la comunidad zapatista Nuevo San Gregorio, del municipio Lucio Cabañas en Chiapas, ante «la omisión del Estado mexicano» frente a las agresiones contra la población.

La instalación de las BriCO ocurre en un contexto de violencia generalizada y amenazas contra las Bases de Apoyo Zapatista, explicó el Frayba. «Los agresores invadieron parte de las tierras recuperadas de Nuevo San Gregorio, cercándolas con alambre de púas, quemaron el potrero, cortaron arboles frutales, han roto varias veces la tubería de agua, destruyeron hortalizas y el jardín de plantas medicinales», denunció.

En la nueva ofensiva legal emprendida con la idea de poner fin a su calvario en prisión, Rosario Robles Berlanga ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) declararse culpable del delito de ejercicio indebido del servicio público, cumplir una pena de cárcel de 6 años mediante un juicio abreviado y cubrir una multa de 5 mil pesos.

El ofrecimiento, sin embargo, se queda corto, pues la FGR reclama el pago por los daños causados al erario por la llamada Esta Maestra, cuyo monto alcanza los 5 mil 500 millones de pesos, amén de cumplir con una pena de no menos de 21 años de cárcel.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hoy que su gobierno heredó un expediente por el presunto delito de evasión fiscal iniciado contra los empresarios Claudio X. González Laporte y Claudio X. González Guajardo -- el artífice de la alianza PRI PAN PRD--, sus declarados enemigos.

Además, confesó que él no quiso presentar denuncia alguna en su contra porque desde un principio tomó la decisión de no “perseguir a nadie” y menos a sus adversarios.

Con el Sistema Nacional Anticorrupción inoperante, la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia de primera línea en erradicar la corrupción y vigilar las buenas prácticas, resultó afectada en su objeto y razón de ser por las numerosas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano del Poder Legislativo dedicado a supervisar el ejercicio presupuestal y el desempeño en el Ejecutivo. Éste descalificó a la auditoría por un informe deficiente y exigió que se le investigara.

La falta de justicia y la impunidad por los feminicidios de sus hijas motivó a madres del estado de Chiapas, integrantes de la fundación “Karla Velasco”, a realizar una caravana motorizada que recorre varias localidades.

El pasado martes, la caravana llegó a la ciudad de Juchitán, Oaxaca, donde denunciaron las malas prácticas de sus autoridades.

La caravana de madres tiene como destino final la Ciudad de México para entrevistarse con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, pero antes realiza paradas para denunciar que sus hijas fueron asesinadas y que no han recibido justicia.

Maricruz Velasco Nájera y Manuel Gómez Girón son los padres de Karla, una joven que fue asesinada el 3 de julio del 2018 y cuyo caso sigue impune.

El Presidente Nacional de MORENA, Mario Delgado, perteneció a la organización NXIVM, cuyo líder Keith Raniere fue condenado a pasar 120 años de prisión por cargos como explotación sexual de una menor y posesión de pornografía infantil.

Animal Político tiene copia de los recibos por los depósitos de 50 dólares que Delgado realizó durante seis meses en el 2016, como parte del acuerdo para pertenecer a la Sociedad de Protectores (SOP) una organización alterna de Executive Success Program (nombre de NXIVM en México), que en su plan de estudios resumía las enseñanzas de Raniere en torno a la virilidad y el control sobre las mujeres.