La inconformidad alcanza a la Secretaría de Gobernación, que también se opone a los cambios impulsados por la mayoría oficialista.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció la detención de uno de los presuntos responsables del asesinato de once personas en Tonalá el pasado 27 de febrero. Así lo dio a conocer durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Tequila, donde acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por ello, hemos refrendado el compromiso, y yo le agradezco esa disposición de enfrentar juntos este reto. Quiero decirle, además, y darle la información que el día de ayer por la noche con el trabajo encabezado por la fiscalía del estado, aquí está el fiscal del estado de Jalisco, se logró la detención de quien presuntamente cometió el atroz acto de hace unas semanas en el municipio de Tonalá, donde se ejecutaron a 11 personas”, dijo.

Basilia Castañeda decidió no emprender más acciones penales contra el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, a quien acusó de violación, informó este domingo.

“He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal pues, hasta el momento, por parte de la FGR y de la FGJG se me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esa vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar”, señala en un comunicado.

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, negó que sea enemigo del Gobierno federal, aunque aseguró que defenderá su autonomía como estado.

El mandatario afirmó que no dejará de luchar por su pueblo, a pesar de las calumnias y no bajará la cabeza ante el Gobierno  que pretende imponer su razón en el estado, durante la presentación de su Quinto Informe ante el Congreso de Tamaulipas..

El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió con un “su queja será remitida al área correspondiente” a la carta que el Presidente del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, le mandó para quejarse de un Juez, al que no considera libre sino atado a intereses ajenos al ejercicio público.

El senador y coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que las agencias calificadoras que operan en el país requieren ser reguladas ya que sólo evalúan la capacidad de pago de una empresa o de un estado, a petición de ésta o de éste, y emiten calificaciones dependiendo de sus riesgos o estatus financieros.

El presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, aseguró que el partido enfrentó una encrucijada con los señalamientos de violación contra Félix Salgado Macedonio, pero finalmente se determinó consultar al pueblo de Guerrero, que decidió la ratificación de Salgado como su candidato a la gubernatura.

“En este caso es una encrucijada porque no tenemos los elementos suficientes para saber si es culpable o no y nosotros como partido no podemos sustituir a la autoridad judicial y juzgarlo como culpable. Entonces, ¿cómo resolvemos este asunto, esta encrucijada? Pues oyendo a la gente. La gente ahora conoce estas acusaciones y la gente ya evaluó en este nuevo contexto”, afirmó el dirigente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el trabajo del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y dijo que los ataques y cuestionamientos hacia su persona por salir aún siendo positivo a COVID tienen un trasfondo político.

Celebró que el funcionario de Salud haya superado la enfermedad y dijo que ya estuvo presente en la reunión de gabinete de este lunes.

Segunda parte. Aunque la actividad política y mediática en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno la encabeza Claudio X González Guajardo, el que manda y mantiene el poderío económico de ese clan familiar es su padre Claudio Xavier González Laporte.

De acuerdo con investigaciones de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y el ya desaparecido Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), el octogenario empresario obtuvo ingresos durante la última década por 400 millones de pesos anuales en promedio (4 mil millones de pesos en 10 años), y hasta 2017 seguía al frente de los negocios y empresas familiares. Como prueba de ello está la concentración que tiene sobre las decisiones de los flujos de dinero del grupo empresarial (al ser el presidente de Kimberly Clark México).

Primera parte. Dos años antes de que el priísta Enrique Peña Nieto concluyera su gestión al frente del gobierno mexicano, los órganos de seguridad nacional e inteligencia financiera recibieron la orden de investigar a las empresas, organizaciones civiles, fundaciones y las personas relacionadas con Claudio X González Laporte (padre), Claudio X González Guajardo (hijo) y Claudio X González Caraza-Campos (nieto), a quienes revisaron sus movimientos financieros, bancarios y fiscales; viajes al extranjero; socios e inversionistas; y, sobre todo, a los “donantes” que aportaban cuantiosos recursos a cuentas bancarias del clan empresarial y de sus fundaciones, entre ellas Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Esa orden de abrir expedientes al clan Claudio X González salió directamente de Los Pinos y en ello participaron la Secretaría de Gobernación, a cargo en ese momento de Miguel Ángel Osorio Chong; el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dirigido por Eugenio Ímaz Gispert; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con José Antonio Meade; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Alberto Bazbaz Sacal; la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular era Jesús Murillo Karam; el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con Osvaldo Santín Quiroz, y hasta la Administración General de Aduanas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes 15 de marzo, que alista una iniciativa de ley para que en investigaciones en donde esté involucrado un servidor público acusado de corrupción, no exista la secrecía y el expediente sea público, porque en dichos casos no se puede mantener en sigilo o en secreto la investigación argumentado el debido proceso.

“No debe haber fueros ni privilegios para servidores públicos, una de las cosas que estoy proponiendo, y voy a convertirla en iniciativa de ley, es de que en el caso de servidores públicos no haya secrecía, que se conozcan los expedientes, que no se argumente de que por el debido proceso no se pueden dar a conocer las investigaciones”, aseveró el mandatario nacional.

Comunidades y organizaciones indígenas que integran el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) rechazaron las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica «que continúa promoviendo a las presas como energía limpia» y exigieron la cancelación de los proyectos hidroeléctricos en sus territorios.

«El hecho de priorizar el despacho de las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría motivar la reactivación de proyectos que actualmente se encuentran suspendidos o la implementación de nuevos», señaló el MAPDER en un comunicado con motivo del Día Mundial a favor de los Ríos el Agua y la Vida, el pasado 14 de marzo.

El Ministro en retiro José Ramón Cossío respondió esta mañana a los señalamientos del Presiden Andrés Manuel López Obrador, pero no explicó por qué, en su momento, no apoyó proyectos que buscaban justicia para, por ejemplo, las víctimas dela Guardería ABC; para Florence Cassez; para indígenas o para quienes fueron violentados en lo que se conoce como el Caso Atenco.

De acuerdo con el Jefe del Estado mexicano, este ministro apoyó causas de des la SCJN que beneficiaron, en su momento, a Peña Nieto, a Felipe Calderón Hinojosa e incluso a García Luna, el autor del montaje en el que participó además Carlos Loret de Mola.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en una carta enviada al​ Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, en que investigue al Juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber amparado a quienes se oponen a su reforma conocida como “Ley CFE” o “Ley Eléctrica”.