El Comité Ejidal de las Aguas de Xochistlahuaca y defensores amuzgos de Guerrero denunciaron la imposición de un proyecto hidroeléctrico diseñado “en el escritorio de académicos, sin considerar las necesidades del pueblo amuzgo”, y por el que no fueron consultados de manera previa, libre e informada.

En asamblea el pasado 14 de marzo, los ejidatarios y defensores del territorio ncue acusaron que el protocolo de investigación del proyecto “Generación sustentable de energía eléctrica en los Ríos Velero y San Juan para el desarrollo comunitario” tiene vacíos de información en cuanto a impactos ambientales y comunitarios, costos de operación, tiempo de vida del proyecto, escalas, metodologías ambientales, presupuestos, destino, gestión y administración de la energía eléctrica generada, además de que el nombre no corresponde al del río de Xochistlahuaca.

Profesores de asignatura y adjuntos de las facultades de Ciencias, Economía y Ciencias Políticas de la UNAM exigieron el pago inmediato de sus sueldos, pendientes desde el semestre 2020-2, cuando inició la pandemia de coronavirus.

Los profesores también denunciaron las irregularidades en su contratación y los retrasos en las firmas, y exigieron el pago inmediato y reintegración en su totalidad de las prestaciones y adeudos de sueldos, así como la basificación de todos los docentes de asignatura y ayudantes.

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada con celeridad en el Congreso mexicano, enfrenta otra serie de amparos que detienen, provisionalmente, la ejecución de las medidas que modifican la legislación con el fin de favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de los generadores privados, principalmente en materia de energías renovables.

El Juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones determinó otra serie de suspensiones provisionales y se sumó a las determinaciones del Juez Segundo en la materia con el fin de evitar dañar la libre concurrencia y la competencia.

El Senador Ricardo Monreal negó que exista una iniciativa para regular las calificadoras riesgo y que contemple elaborar alguna en ese sentido.

“No hay nada sobre una iniciativa para regular a las calificadoras; creo que están muy nerviosos, muy sensibles todos; no hay ninguna iniciativa que intente obstaculizar su trabajo, sino simplemente es una reflexión amplia, abierta”, dijo en entrevista con medios.

El líder de los senadores morenistas descartó que en este periodo se vaya a discutir una legislación sobre el tema.

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, fue denunciado este lunes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y los que resulten de la investigación.

Así lo anunciaron los dirigentes de Comuna-Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio y César Mateos Benítez, quienes presentaron la denuncia ante la delegación de la FGR en Oaxaca, por considerar que durante el tiempo de su mandato (2006-2012), Calderón operó para beneficiar a empresas extranjeras, principalmente españolas como Iberdrola -de la que fue consejero- lo que causó un perjuicio a la nación mexicana.

La Banca Privada d’ Andorra (BPA) había decidido en febrero de 2012 “poner fin a la presencia en México” de la institución, según un acta de su comité de control dada a conocer por el periódico español El País.

De acuerdo con el diario, en la sesión del 27 de febrero de 2012, los propietarios del banco, Ramón e Higini Cierco, habían tomado esta determinación por las crecientes sospechas sobre las fortunas albergadas en éste. En 2012 la BPA tenía 174 “misteriosos clientes mexicanos con 243 millones”; cuando fue intervenida por lavado de dinero en 2015, las autoridades andorranas investigaban 80 cuentas mexicanas.

La Banca Privada d’ Andorra (BPA) se convirtió en un refugio para ocultar fortunas de políticos priistas y empresarios mexicanos, pese a los embates que sufrió desde su llegada y posterior salida de México, consigna este lunes el diario español El País.

El reportaje Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI, publicado esta tarde, indica que hasta el año 2015, cuando fue intervenida la institución financiera por lavado de dinero, 80 fortunas de mexicanos estaban en manos de ese banco, pero no fueron las únicas que pasaron por su cartera en casi una década.

El priista Carlos Romero Deschamps renunció a Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que dejó de ser trabajador activo de la empresa productiva del Estado, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina de este martes, el mandatario precisó que la renuncia de Romero Deschamps, de 77 años, es efectiva a partir de este día, y que se hizo de forma “voluntaria” a partir de un exhorto que le hizo su gobierno.

En tanto, la mayor parte de las indagatorias iniciadas siguen “en trámite” o en fase de investigación inicial sin que se haya reunido evidencia suficiente para proceder en contra de algún probable responsable. Incluso, hay 18 casos que ya fueron archivados o cerrados de forma definitiva.

El candidato a diputado federal por la vía plurinominal del PRD Rogelio Franco Castán fue detenido por presunta violencia intrafamiliar.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz cumplimentaron este sábado la orden de aprehensión derivada de la carpeta de investigación UIPJ-1/DXI/FE2/522/2021 de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas.

Al menos dos de los tres exfuncionarios que denunció la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presuntamente sustraer el expediente original sobre el probable conflicto de interés del expresidente Enrique Peña Nieto con Grupo Higa -por el caso de la llamada “La Casa Blanca- trabajan en la Secretaría de la Contraloría del gobierno del Estado de México.

Se trata de Gabriel Carreño Camacho y Jesús Antonio Suárez Hernández, ambos denunciados penalmente por la Secretaria de la Función Pública (SFP) por su probable responsabilidad en el ejercicio ilícito del servicio público.

La inconformidad alcanza a la Secretaría de Gobernación, que también se opone a los cambios impulsados por la mayoría oficialista.