La Cámara de Diputados interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional en contra del Congreso de Tamaulipas, que busca ser la última instancia que defina la procedencia de desafuero en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

 

Abogados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de San Lázaro presentaron este viernes la controversia por considerar que el acuerdo del Congreso tamaulipeco invade atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados en el procedimiento de Declaración de Procedencia.

La integración del exjefe del Agrupamiento de Granaderos de la Ciudad de México a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidencia el “colapso” de la institución, que “envía un mensaje de impunidad” para quienes cometen abusos en el país, consideró el director ejecutivo de Artículo 19, Leopoldo Maldonado Gutiérrez.

Tras la revelación hecha por el periodista Manu Ureste, del portal de noticias Animal Político, sobre la contratación de Álvaro Sánchez Valdez con un cargo “homólogo de subdirector de área” de la Tercera Visitaduría de la CNDH, el representante de Artículo 19 --organización que forma parte del Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS)-- advirtió que esta situación es “un mensaje grave para las propias víctimas de las manifestaciones que sufrieron represión y detenciones arbitrarias”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) defendió la contratación de Álvaro Sánchez Valdez, exdirector de la Policía Metropolitana capitalina y del cuerpo de granaderos durante la administración de Miguel Ángel Mancera, conocido como Jefe Neptuno.

Animal Político publicó este viernes que la CNDH contrató a Sánchez Valdez, a pesar de que bajo su mando y dirección el cuerpo de granaderos de la policía capitalina recibió múltiples quejas, observaciones, y recomendaciones de la propia CNDH y de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) por violaciones de derechos humanos, abuso de autoridad, y detenciones arbitrarias. 

Para defender los derechos humanos de las personas presas en las cárceles de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contrató a Álvaro Sánchez Valdez, el exjefe de granaderos de la policía capitalina; una unidad que, bajo su dirección en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, acumuló múltiples señalamientos y quejas por abuso de autoridad y violaciones a derechos humanos. 

Además, fuentes oficiales de la actual policía capitalina dijeron a este medio que Sánchez Valdez, conocido como ‘Jefe Neptuno’, llegó a acumular cuatro investigaciones en asuntos internos por presuntos actos de abuso de autoridad, acoso sexual, y venta de plazas. Aunque dichas investigaciones no arrojaron ningún resultado, luego de que éstas fueran cerradas en 2019 por instrucción del exsecretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Jesús Orta, quien está prófugo de la justicia desde el pasado 10 de agosto acusado de delincuencia organizada, entre otros presuntos delitos.

Lejos del discurso oficial de protección a los derechos humanos de las personas migrantes y del supuesto interés en contener la pandemia de covid-19, las autoridades mexicanas mantienen a decenas de personas migrantes de origen centroamericano –entre ellas niños-- amontonadas en jaulas, sin cubrebocas ni ninguna medida de distanciamiento para evitar el contagio de SARS-CoV-2.

En un video que obtuvo y difundió hoy el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), se puede observar la situación muy precaria en la que se encuentran decenas de personas en la “cárcel migratoria” provisional de “La Mosca”, instalada en el municipio de Chiapa de Corzo, en Chiapas; en primer plano, se observan niños sentados, y detrás de ellos está un grupo numeroso de adultos.

El doctor Eduardo Bones trabajó 10 semanas consecutivas atendiendo a pacientes con covid-19 en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde le pagaron 74 mil 500 pesos por cinco quincenas laboradas, pero ese dinero se lo robaron en su otro trabajo: el Hospital San Angelín.

“Llegué al Centro Médico alrededor de las 15:30 horas y ahí, sin inconvenientes, me meto al área Covid. Tenemos el locker para médicos y ahí pongo mi maleta gris, me quedo con la llave todo el turno. A la hora de la salida voy y recojo la maleta y ahí seguía el dinero, tal cual”, contó.

En tan sólo ocho meses el gobierno de Andrés Manuel López Obrador habría violado o intentado violar al menos 12 capítulos del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), denunció el sector privado estadunidense.

En una carta dirigida a la nueva representante comercial estadunidense, Katherine Tai, 20 de las más grandes asociaciones del sector privado acusaron a México de múltiples violaciones a capítulos del tratado que entró en vigor en julio, y exigieron que se obligue al gobierno de López Obrador a cumplir con lo acordado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no dará “ni un paso atrás” contra las reformas antipopulares como la energética y todas las formas de corrupción en el sector.

“No nos vamos a mover porque seriamos encubridores, cómplices de la corrupción y nosotros llegamos al gobierno para terminar con la corrupción porque es el cáncer que destruye a nuestro país . Es la peste, funesta, peor que la pandemia”, expresó.

En conferencia de prensa matutina, acompañado por funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, subrayó que el principal problema de México es la corrupción por eso “no vamos a dar ni un paso atrás”.

Aunque las tasas de deforestación en América Latina y el Caribe son significativamente más bajas en los territorios indígenas y tribales donde los gobiernos han reconocido formalmente los derechos colectivos territoriales, las presiones hacia ellos van en aumento, señala el estudio Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques.

Realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), advierte que la demanda de alimentos, minerales, energía, madera, turismo y otros productos y servicios, cada vez es mayor, lo que valoriza los recursos naturales en los territorios e incentiva intentos externos para acceder a ellos.

El ataque a balazos en un bar ubicado en el centro del balneario de Cancún este viernes dejó al menos un muerto y tres personas heridas, entre ellas una turista brasileña.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que “es extraño” que el Instituto Nacional Electoral (INE) le quitara dos candidaturas a Gobernador al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y sentenció: “se volvió el ‘supremo poder conservador’”.

Poco después de las 10 de la mañana inició la audiencia en la que Rosario Robles y su defensa están exponiendo sus pruebas para demostrar que no es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público del que la acusa la Fiscalía General de la República, mientras que esta intentará sustentar que la exfuncionaria debe purgar una pena de 21 años de cárcel por el caso de La Estafa Maestra. 

La audiencia ocurre luego que la Fiscalía y la defensa de Robles no lograron un acuerdo para establecer una salida alterna antes de llegar a un juicio en el proceso en contra de la funcionaria que inició en agosto de 2019.

Defensores comunitarios de Oaxaca denunciaron la vulnerabilidad y el recrudecimiento de la violencia en la entidad contra quienes se oponen a la imposición de megaproyectos en sus territorios, tal como sucedió con Fidel Heras Cruz, asesinado el 23 de enero por defender el agua de las hidroeléctricas Paso de la Reina y Río Verde.

«Nos queda claro que el ataque es contra todo intento de organización y de decisión por parte de la comunidad de Paso de la Reyna sobre su territorio, y particularmente contra quienes han formado parte del proceso de defensa del Río Verde», señaló en un comunicado la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (Redecom).

La consejera del Instituto Nacional Electoral  (INE), Claudia Zavala, señaló que la decisión del organismo de retirar las candidaturas a varios aspirantes por no haber reportado en tiempo y forma sus gastos de precampaña tuvo un antecedente en 2016.