Detrás de Latinus, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la exsubsecretaria Patricia Olamendi; a su hijo, Miguel Alonso, y al secretario privado del Gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco.

Se trata de una relación de política y negocios que involucra a empresas propiedad de Madrazo Rojas y Nickin Gaxiola –quienes han obtenido millonarios contratos del Gobierno de Michoacán– y que financia a Latinus. Pero que éste no lo ha declarado al fisco, según investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Madres y familiares de víctimas de feminicidios protestaron este domingo contra la violencia machista en Palacio Nacional a un día de que se realice un foro por la igualdad de género organizado por la ONU y los gobiernos mexicano y francés.

“El gobierno mexicano le ha fallado continuamente a las mujeres y a las familias de las víctimas ya que de los casos denunciados la tasa de impunidad es de 97%”, dijeron los organizadores de la protesta en un comunicado.

Durante la protesta, que se extendió hasta la madrugada del lunes, las manifestantes proyectaron sobre la fachada de Palacio Nacional la leyenda “SOS Nos están matando” y sostenían carteles con las imágenes de las víctimas de feminicidio.

Familiares y usuarios en las redes sociales exigieron justicia por el feminicidio de Karla “M”, taxista de 29 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado atado y mutilado en Holbox, Quintana Roo, la noche del pasado sábado.

Las autoridades estatales calificaron el feminicidio como “extremadamente violento”, pues Karla fue encontrada en un extremo entre Punta Ciricote y Punta Coco con las manos atadas y los senos amputados.

Autoridades y activistas identificaron este domingo como migrante salvadoreña a la mujer asfixiada hasta la muerte con la rodilla de un policía mexicano del municipio turístico de Tulum, en Quintana Roo, en medio de quejas internacionales y denuncias de racismo.

Asociaciones feministas y de migrantes reconocieron como Victoria Esperanza Salazar, de 36 años, a la mujer que aparece en un vídeo en el que la asfixia uno de los cuatro agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum presentes en el lugar.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que las maniobras aplicadas por policías de Tulum provocaron la muerte de Victoria Esperanza Salazar, la mujer salvadoreña que fue detenida y sometida por policías municipales.

Mediante un comunicado, la dependencia aseveró que la técnica policial fue utilizada de manera desproporcional, ya que “no fue acorde con la resistencia de la víctima”.

Con base en los resultados del peritaje, detalló que la maniobra ocasionó “una desaceleración con rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza”.

Una mujer falleció en Tulum, Quintana Roo, luego de que policías la detuvieran, sometieran y uno de ellos le pusiera la rodilla sobre la espalda. La Fiscalía General del Estado informó que ya investiga el caso.

La maniobra policía fue captada por transeúntes que andaban por la zona. En las imágenes se aprecia a la mujer busca abajo, mientras una policía le coloca la rodilla sobre la espalda.

La Cámara de Diputados interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional en contra del Congreso de Tamaulipas, que busca ser la última instancia que defina la procedencia de desafuero en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

 

Abogados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de San Lázaro presentaron este viernes la controversia por considerar que el acuerdo del Congreso tamaulipeco invade atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados en el procedimiento de Declaración de Procedencia.

La integración del exjefe del Agrupamiento de Granaderos de la Ciudad de México a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidencia el “colapso” de la institución, que “envía un mensaje de impunidad” para quienes cometen abusos en el país, consideró el director ejecutivo de Artículo 19, Leopoldo Maldonado Gutiérrez.

Tras la revelación hecha por el periodista Manu Ureste, del portal de noticias Animal Político, sobre la contratación de Álvaro Sánchez Valdez con un cargo “homólogo de subdirector de área” de la Tercera Visitaduría de la CNDH, el representante de Artículo 19 --organización que forma parte del Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS)-- advirtió que esta situación es “un mensaje grave para las propias víctimas de las manifestaciones que sufrieron represión y detenciones arbitrarias”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) defendió la contratación de Álvaro Sánchez Valdez, exdirector de la Policía Metropolitana capitalina y del cuerpo de granaderos durante la administración de Miguel Ángel Mancera, conocido como Jefe Neptuno.

Animal Político publicó este viernes que la CNDH contrató a Sánchez Valdez, a pesar de que bajo su mando y dirección el cuerpo de granaderos de la policía capitalina recibió múltiples quejas, observaciones, y recomendaciones de la propia CNDH y de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) por violaciones de derechos humanos, abuso de autoridad, y detenciones arbitrarias. 

Para defender los derechos humanos de las personas presas en las cárceles de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contrató a Álvaro Sánchez Valdez, el exjefe de granaderos de la policía capitalina; una unidad que, bajo su dirección en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, acumuló múltiples señalamientos y quejas por abuso de autoridad y violaciones a derechos humanos. 

Además, fuentes oficiales de la actual policía capitalina dijeron a este medio que Sánchez Valdez, conocido como ‘Jefe Neptuno’, llegó a acumular cuatro investigaciones en asuntos internos por presuntos actos de abuso de autoridad, acoso sexual, y venta de plazas. Aunque dichas investigaciones no arrojaron ningún resultado, luego de que éstas fueran cerradas en 2019 por instrucción del exsecretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Jesús Orta, quien está prófugo de la justicia desde el pasado 10 de agosto acusado de delincuencia organizada, entre otros presuntos delitos.

Lejos del discurso oficial de protección a los derechos humanos de las personas migrantes y del supuesto interés en contener la pandemia de covid-19, las autoridades mexicanas mantienen a decenas de personas migrantes de origen centroamericano –entre ellas niños-- amontonadas en jaulas, sin cubrebocas ni ninguna medida de distanciamiento para evitar el contagio de SARS-CoV-2.

En un video que obtuvo y difundió hoy el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), se puede observar la situación muy precaria en la que se encuentran decenas de personas en la “cárcel migratoria” provisional de “La Mosca”, instalada en el municipio de Chiapa de Corzo, en Chiapas; en primer plano, se observan niños sentados, y detrás de ellos está un grupo numeroso de adultos.

El doctor Eduardo Bones trabajó 10 semanas consecutivas atendiendo a pacientes con covid-19 en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde le pagaron 74 mil 500 pesos por cinco quincenas laboradas, pero ese dinero se lo robaron en su otro trabajo: el Hospital San Angelín.

“Llegué al Centro Médico alrededor de las 15:30 horas y ahí, sin inconvenientes, me meto al área Covid. Tenemos el locker para médicos y ahí pongo mi maleta gris, me quedo con la llave todo el turno. A la hora de la salida voy y recojo la maleta y ahí seguía el dinero, tal cual”, contó.

En tan sólo ocho meses el gobierno de Andrés Manuel López Obrador habría violado o intentado violar al menos 12 capítulos del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), denunció el sector privado estadunidense.

En una carta dirigida a la nueva representante comercial estadunidense, Katherine Tai, 20 de las más grandes asociaciones del sector privado acusaron a México de múltiples violaciones a capítulos del tratado que entró en vigor en julio, y exigieron que se obligue al gobierno de López Obrador a cumplir con lo acordado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no dará “ni un paso atrás” contra las reformas antipopulares como la energética y todas las formas de corrupción en el sector.

“No nos vamos a mover porque seriamos encubridores, cómplices de la corrupción y nosotros llegamos al gobierno para terminar con la corrupción porque es el cáncer que destruye a nuestro país . Es la peste, funesta, peor que la pandemia”, expresó.

En conferencia de prensa matutina, acompañado por funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, subrayó que el principal problema de México es la corrupción por eso “no vamos a dar ni un paso atrás”.

Aunque las tasas de deforestación en América Latina y el Caribe son significativamente más bajas en los territorios indígenas y tribales donde los gobiernos han reconocido formalmente los derechos colectivos territoriales, las presiones hacia ellos van en aumento, señala el estudio Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques.

Realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), advierte que la demanda de alimentos, minerales, energía, madera, turismo y otros productos y servicios, cada vez es mayor, lo que valoriza los recursos naturales en los territorios e incentiva intentos externos para acceder a ellos.