José Antonio González Anaya, quien fue Secretario de Hacienda y Crédito Público en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ocupará el cargo del director general ejecutivo del segmento de Cable de Grupo Televisa desde el 1 de mayo.

El también exdirector de Pemex sustituirá a Salvi Folch, quien no renovó su contrato después de más de 20 años en Grupo Televisa, los últimos tres como cabeza de Izzi y Sky.

Televisa envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el que también detalló que Ricardo Pérez Teuffer asumirá el cargo de vicepresidente Corporativo de Desarrollo de Negocios, antes se desempeñaba como vicepresidente Corporativo de Ventas y Marketing.

El Gobierno de Estados Unidos criticó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por el freno a la inversión extranjera, sobre todo en el sector energético, y acusó de que esto deteriora el ambiente de negocios, además de que va en contra de los compromisos pactados bajo el Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC).

Por medio de la Oficina de la Representante Comercial de EU (USRT, por sus siglas en inglés), el Gobierno de Joe Biden expresó su preocupación ante las decisiones que se tomaron en México al respecto del sector energético en 2020.

Las partículas contaminantes del aire, como las dispersadas por los fuertes vientos del domingo en nueve estados, se concentran en esta temporada de sequía y son originadas por incendios forestales, suelos erosionados, combustión de automóviles y, en el caso del Valle de México, también por la termoeléctrica de Tula, operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Está prohibida la emisión y difusión de propaganda gubernamental por parte de cualquier funcionario público, incluido el Presidente de la República, durante las campañas y hasta la jornada electoral, resolvió el Tribunal Electoral.

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también advirtieron a los concesionarios de radio y televisión que opten por transmitir de manera completa o parcial las conferencias mañaneras, en entidades donde se están desarrollando campañas electorales, que incurren en “un alto riesgo de transgredir la restricción constitucional de difundir propaganda gubernamental y por tanto de ser sancionados”.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezada por Blanca Jiménez Cisneros, prepara cambios en su plantilla administrativa que operarán desde este 1 de abril. Ésta es la segunda reestructuración –luego de la limpia ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dejó fuera del organismo a funcionarios con vínculos con gobiernos neoliberales–, pero incluye a siete exservidores públicos del gobierno de Felipe Calderón en puestos clave, señalan a Contralínea fuentes internas.

Los cambios fueron aceptados por el Consejo Técnico de la Conagua el pasado 25 de marzo e involucran 23 plazas, pero son al menos siete las que destacan en la lista de nuevos nombramientos: por ejemplo, la llegada de Omar Mata Cortés como subgerente de Operación Recaudatoria, quien fue jefe de Proyecto de Dictaminación en la administración de José Luis Luege Tamargo (cargo que ocupó a partir del 16 de julio de 2009).

“Es un descaro de los narcos… Si ya tenían el poder, pero ahora quieren ostentarlo a todas luces…”

Se multiplican comentarios de este tipo entre los habitantes de los municipios de las sierras que comparten Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. Ven con asombro algo nuevo en el proceso electoral: una efervescencia de los jefes de plaza para ser ellos quienes directamente ostenten el cargo de presidente municipal. No les basta ya que, como desde al menos el sexenio de Felipe Calderón, ocupen los gobiernos municipales de la zona mediante funcionarios que trabajan para ellos.

Aglutinados en un Claustro Docente en la FCPS, agregan que “el régimen de contratación eventual es la causa por la cual cada semestre se tienen que elaborar y firmar contratos de trabajo individuales para el 70 por ciento del profesorado universitario (más de 30 mil académicos)”.

También señalan que, “contrario a lo que establece la normatividad, a los 3 años de impartir docencia no se abren concursos para lograr la estabilidad en el empleo. Por ello, en la UNAM hay miles y miles de docentes con 5, 10, 20, 30 años o más de antigüedad cuyo trabajo para el siguiente ciclo lectivo no está asegurado. En muchos casos la contratación depende de la discrecionalidad con la que los funcionarios asignan clases y horas. Esta dinámica somete a una incertidumbre permanente que no puede ni debe continuar”.

Elvin Mazariegos Pérez, de 31 años, fue asesinado mientras cubría un trayecto que conocía de memoria. Trabajaba como camionero y pasaba muchas jornadas realizando el camino entre Tacaná, departamento de San Marcos, en Guatemala, y Motozintla, en Chiapas, México. El lunes regresaba hacia su casa con su amigo Dylan y otra persona cuando, aproximadamente a las 13:00 horas, encontraron un retén del ejército mexicano en Bacantón, Mazapa, los últimos kilómetros de México antes de llegar a la frontera. Al parecer, quisieron darse la vuelta, pero uno de los soldados disparó contra ellos, matando a Elvin, que viajaba en el asiento del copiloto.

Una “reacción errónea” para Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa y una “actuación impropia” para Olga Mazariegos Pérez, hermana de la víctima.

Las Comisiones Unidas de Igualdad de Genero y No Discriminación, y de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron integrar un grupo interdisciplinario que revise y corrobore la información que dieron los candidatos y candidatas en el formato ‘3 de 3 contra la violencia’.

En un comunicado, el INE detalló que en caso de que las y los aspirantes hayan sido condenados o sancionados por violencia familiar, por agresiones de género, delitos sexuales o contra la libertad sexual, o sean morosos alimentarios, se procederá a cancelar su registro.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció la apertura de expediente de oficio por “la muerte de un joven guatemalteco que fue ultimado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, en la frontera entre México y Guatemala, como parte del operativo militarizado para impedir el paso de migrantes hacia el norte del país.

En un comunicado, el organismo se refirió a los hechos que cobraron la vida del guatemalteco Elvín Mazariegos secundando la versión que dio el secretario de la Defensa, Luis Crecencio Sandoval, de que la muerte del migrante fue resultado del intento de huir, “una vez que la camioneta en la que viajaba como copiloto tratara de evadir un retén que el Ejército mexicano había establecido a pocos metros de la línea divisoria entre México y Guatemala, en el municipio de Mazapa de Madero Chiapas”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se revisa la legal posesión de tierras en el estado de Sonora para restituir predios y el agua al pueblo Yaqui, sin expropiar propiedades legalmente constituidas.

El mandatario dijo que es necesario hacer justicia al pueblo Yaqui, porque es uno de los grupos originarios de México más castigados junto a los Mayas del sureste mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó las acusaciones vertidas contra su gobierno que apuntan a una presunta militarización del país.

Dio que esos comentarios "carecen de lógica" y, en su mayoría, de la "más elemental buena fe". "No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie o que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos".

“Los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga desde el interior de México están detenidos desde enero, ya que las tensas relaciones entre ambos países han congelado los intentos de acorralar a los capos del narcotráfico, según altos funcionarios de las actuales administraciones -y de anteriores- de las dos naciones”, indicó la agencia británica Reuters, en un amplio despacho.

La información de inteligencia que ambos países compartían de “manera rutinaria, aunque con cautela”, se paralizó luego de que el pasado 15 de enero entraron en vigor las reformas a Ley de Seguridad Nacional (LSN), propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscan regular la operación de agentes extranjeros en México y la actuación de sus agencias en territorio mexicano, siempre que se realice en el marco de convenios bilaterales en materia de cooperación internacional.

El Gobierno de México detuvo en Culiacán, el pasado 10 de febrero, a Luis Raúl Castro Valenzuela, alias “Chacho”, supuesto integrante del Cártel de Sinaloa, acusado de haber privado de su libertad durante un año, a una mujer estadounidense, así como de retención de rehenes, y, además, de conspirar para traficar drogas hacia Estados Unidos, por lo que podría ser extraditado para ser juzgado en un tribunal federal de EE.UU.

El “Chacho” mantuvo como rehén a una mujer estadounidense durante un año, para presionar a un grupo de traficantes en Estados Unidos a pagar una deuda, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU., el cual agregó que la investigación de las autoridades binacionales siguió una ruta que cubría Delaware, Pensilvania y Culiacán, en el que participaron agentes investigadores y policías de ambos países.