El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se hiciera público aquel expediente que la DEA remitió a México cuando el gobierno se quejó por la detención del general sin haber informado previamente a las autoridades mexicanas, como establecen los convenios entre ambos países con relación a la lucha contra las drogas.

Ello provocó conversaciones diplomáticas entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo y el secretario Marcelo Ebrard, en donde éste amenazó con expulsar a 50 agentes de la DEA adscritos a la embajada de ese país en México si no extraditaban al general Cienfuegos, por lo que a finales de su mandato el presidente Donald Trump autorizó entregarlo a las autoridades mexicanas para evitar un conflicto diplomático con su amigo López Obrador.

Más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de Emilio Ricardo Lozoya Austin en 29 países –incluidos paraísos fiscales– se documentan en el expediente que integró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre uno de los casos de corrupción más relevantes a nivel internacional, y cuya trama involucra a los sexenios del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto.

La ruta del dinero que trazó la autoridad mexicana para denunciar presuntos delitos en contra de la hacienda pública encuentra siete grandes conexiones con el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ahora testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Se trata de los sobornos –por 10.5 millones de dólares– que habría recibido para beneficiar ilegalmente los negocios de la empresa brasileña en el país.

Dos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado murieron y dos más fueron heridos, tras ser objeto de un ataque por civiles armados cuando se encontraban en el exterior de un domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas de Irapuato; aparentemente resguardaban a un comandante de la corporación.

Luego de un enfrentamiento que se prolongó por más de media hora, tres de los civiles fueron abatidos.

Morena pidió al Partido del Trabajo, su aliado en Puebla, que corrija y no dé una candidatura a Mauricio Toledo, exdelegado perredista en Coyoacán y que actualmente es acusado de enriquecimiento ilícito y enfrenta un proceso de desafuero.

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, dijo que este partido no sabía que el PT postularía a Toledo, pues cada partido de la coalición registra a sus candidatos.

La candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho. El juez de control, Samuel Uriel Mendoza acreditó que hubo desvío de recursos públicos y que Campos y otros dos exlegisladores del PRI y PVEM habrían recibido sobornos del entonces gobernador César Duarte.

María Eugenia Campos es acusada de recibir más de 9 millones de pesos para ella y para César J.M., entre 2014 y 2015, cuando ambos eran dirigentes de la bancada del PAN en el Congreso del Estado.

Ponciano H.Y., uno de los dos acusados de rociar con ácido a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, supuestamente por órdenes del empresario y exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, murió este viernes en el penal de Tanivet, presuntamente por un paro cardiaco.

Aunque las autoridades no han informado sobre la muerte del procesado, la saxofonista mixteca confirmó la muerte de su agresor en su cuenta de Twitter, donde asegura que ya lo perdonó:

Los operativos contra los migrantes que la Guardia Nacional, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y militares llevan a cabo en la frontera sur para impedir el paso a personas migrantes no son “rescates humanitarios”, como lo proclama el discurso oficial, sino un “despliegue de fuerzas de seguridad para la contención, represión y detención migratoria” que no toman en cuenta los derechos humanos, denunció hoy un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, conformado por 12 organizaciones, criticó que la “narrativa de seguridad promovida” y el “falso discurso de derechos humanos” que emplea el gobierno federal desemboca en la criminalización y “tiene como resultados los lamentables hechos que han llevado a la muerte de dos personas migrantes por parte de fuerzas de seguridad en la última semana”.

Con el argumento de que viola la “libertad de expresión” y la “libertad religiosa”, las iglesias que operan en el país ya cerraron filas para rechazar la reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, pues ésta intenta –dicen– quitarles el derecho a predicar sus enseñanzas doctrinales que condenan las prácticas homosexuales. 

El miércoles 10, los 32 consejos interreligiosos estatales –que aglutinan a esas iglesias– realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer un pronunciamiento conjunto en el que aseguran que la iniciativa “pone en riesgo la libertad de expresión de ministros y congregaciones religiosas que en uso de su derecho a la libertad religiosa expresan doctrinas y creencias desde la propia convicción de fe”. 

Edgar Oswaldo Tungüí Rodríguez, excomisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México fue detenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España. Fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron a Animal Político que el exfuncionario, perseguido por presunta corrupción ligada a los fondos de reconstrucción tras el sismo de 2017, aceptó su entrega a México y será devuelto por procedimiento rápido en los próximos días.

Mientras se cumplen los trámites para la entrega a México, Tungüí Rodríguez permanece en prisión. Según las fuentes consultadas por Animal Político, el exfuncionario en la administración de Miguel Ángel Mancera en la CDMX alegó en su declaración ante la titular del juzgado número 3 del tribunal, María Tardón, que cuando fue arrestado en el aeropuerto se disponía a regresar al país “para resolver su situación judicial”.

El Instituto Nacional de Migración (INM) clasificó por cinco años sus expedientes relacionados con la masacre de 19 personas en Camargo, Tamaulipas. De las víctimas, 16 eran migrantes guatemaltecos en ruta hacia Estados Unidos.

Tras el hallazgo de los cuerpos fueron detenidos doce policías estatales que están acusados de homicidio, abuso de autoridad y falsedad en documentos públicos. En el lugar de los hechos apareció un vehículo Toyota Sequoia que había sido asegurado dos meses antes en El Escobedo, Nuevo León, en un operativo contra migración irregular. En relación a estos hechos, el INM anunció que ocho de sus agentes habían sido separados de sus cargos, sin dar más detalles. Ahora añade opacidad al suceso al reservar la información que obra en su poder.

En la última década, se estima que ingresaron a México ilícitamente 2.5 millones de armas, reconoce la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde entonces se han incrementado en 122 por ciento los aseguramientos de armas de asalto principalmente semiautomáticas, de gran capacidad letal; y en 9 por ciento de armas pequeñas y ligeras, de un total de 17 millones de armas en manos de civiles, cuya venta ilegal creció 35 por ciento en 2019.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indica que sobresale el gran volumen de armas de menor impacto aseguradas en la última década, así como sus partes y municiones. Del total de los aseguramientos, 48 por ciento son armas largas –fusiles, carabinas, rifles y escopetas–, de las cuales casi 132 mil 500 ingresaron a México principalmente por Tamaulipas, y 28 por ciento armas cortas –pistolas y revólveres– con 90 mil 500 decomisos llevados a cabo, en su mayoría, por California.

En el municipio de Ecatepec, Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) descubrió un almacén clandestino de combustible de “dimensiones industriales” en dos predios donde había 250 contenedores de mil litros.

El llamado “huachicoleo” ha generado pérdidas en impuestos por 20 mil millones de pesos en el primer semestre de este año, según la Secretaría de Hacienda.

La prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, Manuela del Carmen Obrador Narváez, registrada como candidata a diputada federal por Morena, para reelegirse por el distrito 1 de Palenque, fue impugnada el jueves ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Crescencia Díaz Vázquez, una joven mujer indígena de la etnia chol que reclama esa candidatura para representación de los pueblos originarios, recordó que en el presente proceso electoral 2020-2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementó una acción afirmativa indígena a través del Acuerdo INE/CG572/202.

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, desobedeció la instrucción presidencial de utilizar las vacunas contra el covid-19 únicamente para los deportistas que se preparan para los Juegos Olímpicos y permitió que personal administrativo recibiera este beneficio.

Entre las personas que no debieron ser vacunadas destaca la jefa del Departamento de Apoyos Educativos y Administrativos del Cnar (Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento), Cynthia Maribel Leyva Roa, quien se apersonó el pasado 18 de marzo en la oficina donde los deportistas estaban siendo inoculados.

Fue aprehendido en Monterrey el hombre que el lunes privó de la libertad a la niña Sofía Abigaíl, de 6 años, se dio a conocer este viernes.

El arresto se llevó a cabo ayer por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en un domicilio de la Colonia Urdiales, en la capital de Nuevo León.

Según las autoridades, la niña, quien logró escapar de su plagiario, reconoció plenamente al hombre detenido, identificado solo como Cipriano “N”.