“Desperdicio de recursos en Harvard con la colaboracionista Ríos. La Viri siempre responderá a su origen, ni los filtros que utiliza la disimulan. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda”, escribió el pasado 8 de abril María Elena Pérez-Jaén Zermeño, candidata a Diputada plurinominal por el Partido Acción Nacional (PAN). Aunque este mensaje no iba dirigido hacia algún integrante de un partido político, sí lo realizó una persona que contiende por un cargo público y se enmarca dentro del proceso electoral 2021, donde las campañas políticas, costeadas con recursos públicos, se han caracterizado por discursos de odio que generan polarización.

Fiscales estadounidenses dijeron el jueves que tienen más de un millón de páginas en documentos para ser usados como pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, a quien acusan de cargos relacionados con el narcotráfico.

El Fiscal del distrito este de Nueva York, Mark Lesko, envió una carta al Juez federal del caso en la que explica que la Fiscalía también tiene una “voluminosa” cantidad de grabaciones interceptadas. La carta se encuentra en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses.

“Es inexplicable cómo este Gobierno que ha criticado tanto al Gobierno de Calderón —con justa razón en la mayoría de las veces— regresa y hace un refrito de una iniciativa de Felipe Calderón y de García Luna que demostró ser una estrategia fallida y un fracaso”, comentó Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) sobre la aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM).

Lo que Calderón y García Luna hicieron en 2008 fue el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), el cual sólo funcionó hasta 2011 porque la base de datos fue filtrada y vendida en el mercado negro. Se aprobó también bajo el argumento de que ayudaría a reducir los delitos, pero de acuerdo con los datos de R3D, la extorsión y el secuestro aumentaron 40 y ocho por ciento, respectivamente, justo en esos tres años.

Reunidos en la Glorieta del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, diez integrantes del personal de salud de servicios privados protestaron una vez más por falta de un plan para vacunarlos.

Aunque su intención era marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo, esto tuvo que modificarse ante la baja asistencia de manifestantes. Poco antes de las diez de la mañana, apenas había una decena de sanitarios, por lo que decidieron solo hacer un pase de lista con los nombres de sus compañeros fallecidos por COVID y reiterar su exigencia de que se les inmunice.

Operaciones bancarias por más de mil millones de pesos provenientes de posibles sobornos; adquisición de casas, departamentos o terrenos a precios ilógicos o pagados al instante; transferencias con múltiples compañías posiblemente fantasma; familiares usados como prestanombres; apuestas en casinos y hasta posibles nexos con el crimen organizado.

Estos son algunos de los presuntos actos de corrupción que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda identificó al revisar el entorno financiero de una decena de oficiales de comercio exterior aduanales que, en los últimos meses, fueron denunciados penalmente ante la FGR por posible lavado de dinero y actos de corrupción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo a la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil que requerirá que los usuarios den sus datos personales y biométricos.

Al respecto, el presidente reconoció que hubo “mucha polémica” pero consideró que no puede haber nada por encima de “la seguridad”.

En un debate que se prolongó por alrededor de siete horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la prohibición de la subcontratación laboral.

El pleno rechazó todas las reservas presentadas por diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC y PRD.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “atentado a la democracia” la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

“Creo que se debe respetar la resolución del Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación), en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar, es un derecho constitucional, pero si vamos al fondo, es lo que importa, en la democracia manda el pueblo.

La salud de la defensora Kenia Hernández, recluida en una prisión de máxima seguridad en el estado de Morelos desde octubre del 2020, se ha deteriorado, expuso la organización internacional Front Line Defenders.

La organización urgió a las autoridades a retirar los cargos “fabricados” contra Kenia Hernández, pues, aseguraron, su encarcelamiento está “motivado por su labor legítima y pacífica en defensa de los derechos humanos”. También exigieron garantizar pronta asistencia y tratamiento médico de calidad para la activista.

Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y la prohibición de la fracturación hidráulica (fracking) en México son los «grandes ausentes» en la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, criticó la Alianza Mexicana contra el Fracking.

En un comunicado, los defensores lamentaron que el gobierno federal incumple con su promesa de acabar con el fracking al no incluir en la reforma la prohibición explícita de esta técnica y sólo presentar cambios «que no incorporan las demandas históricas que pueblos, comunidades y sociedad civil han exigido en su rechazo».

No fueron dos, sino seis los Consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron por confirmar la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero en representación de Morena. La decisión fue democrática, seis votos a favor de ratificar el retiro del registro, cinco contra ese proyecto.

Pero acostumbrados como están desde 2018 al poder, en Morena desprecian la democracia cuando no les favorece. Pronostican fraudes cuando creen que perderán, y montajes y trampas cuando las decisiones colegiadas no les favorecen, como es el caso de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Tanto él como su dirigente nacional, Mario Delgado, han arengado no solo contra los consejeros del órgano electoral, sino con la desaparición del INE. Alegan fraude, golpismo, intereses ajenos. Cualquier punto de presión antes de reconocer el error, la falta cometida a la Ley.

La Fiscalía General de la República (FGR) compró programas de espionaje entre 2019 y 2020, en los que ha invertido al menos 5.6 millones de dólares con la compañía Neolinx de México, intermediaria de Hacking Team, la empresa italiana a la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto también compró software, da a conocer este miércoles el diario El País.

La nota firmada por Zorayda Gallegos señala que las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero. “En el sexenio anterior la compra del programa Pegasus con el que se espió a activistas y periodistas también se realizó con cargo a esta bolsa del presupuesto que se usa de forma discrecional y es poco transparente”.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra uno de los dirigentes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, y ofreció una recompensa por información que lleve a su arresto.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que Flores Silva es uno de los comandantes “que controla largas porciones del territorio del CJNG a lo largo de la costa del Pacífico de México, incluido el estado de Nayarit”.

La creación del padrón de datos biométricos de usuarios de telefonía celular amenaza los datos personales de la ciudadanía, viola preceptos constitucionales y es una señal de riesgo para los valores democráticos del país, dijo Coparmex CDMX, que hizo un llamado al Ejecutivo para que revise con cuidado el proyecto y sus implicaciones antes de publicarlo en el Diario Oficial.

El pretendido Registro de Usuarios repite los errores cometidos en regulaciones previas con las mismas características, que lejos de combatir la inseguridad y la extorsión telefónica, generaron más riesgos para la ciudanía y derivaron en el aumento de esos y otros delitos nuevos derivados de las disposiciones del Registro, añadió el organismo empresarial.

El registro de datos biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM) para fines de identificación de la población requiere del mayor cuidado posible, ya que podría representar riesgos para la protección de los datos personales, advirtió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En un comunicado indicó que la minuta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en el Senado de la República, busca otorgar atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para la instalación, operación, regulación y mantenimiento del PNUTM, con la finalidad de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad pública y justicia, ante la comisión de delitos cometidos por usuarios de la telefonía móvil.