La Fiscalía General de Nayarit informó este miércoles de la muerte de Juan Miguel Coppel Godoy, denunciante del exfiscal Édgar Veytia por amenazas, tortura y otros delitos, quien además gozaba de protección del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU por sus declaraciones ante este organismo internacional.

El hombre estaba detenido desde el 10 de enero de 2021 por los presuntos delitos de amenazas y extorsión, que se estaban investigando.

Hasta el momento la Fiscalía local no ha establecido la causa de su muerte pero advirtió en un comunicado y ratificado por la directora general de investigación ministerial, Cecilia Dávalos, que podría tratarse de un paro cardiorrespiratorio, y que el Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses se encarga de la necropsia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó públicamente a la Fiscalía de Veracruz a que reabra la investigación por el caso Ernestina Ascencio, con con las consecuencias legales que corresponden y se facilitan los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación.

En un comunicado publicado este jueves la CNDH afirmó que persisten “dudas generalizadas en el tratamiento” de la denuncia sobre una violación sexual a Ernestina Ascencio por elementos del Ejército mexicano, en la sierra de Zongolica, Veracruz, el 25 de febrero de 2007.

Campos atrajo a líderes de la extrema derecha del PAN con el lema #HastaDondeTope y la consigna de no dejar llegar a Morena al poder en Chihuahua. A ellos se agregaron el PRD y priistas allegados al exgobernador César Duarte Jáquez, actualmente preso en Miami, sujeto a un proceso de extradición.

“Saqué ora sí que lo poco que tenía ahorrado y me lo fui gastando (…) cuando me lo acabé empecé a vender cigarros. Me fui por las avenidas más grandes, ahí por Insurgentes que era donde más o menos había gente porque en las calles no había ni un alma. Ganaba yo 30 o 40 pesos. Me iba temprano, ya 40, 50 pesos ya eran muy buenos, ya traíamos tortilla, un kilo de huevo”, cuenta Gabriela.

“Estoy desesperada”. 

Es lo primero que dice July Raquel Flores nada más atender la llamada desde el penal de Pacho Viejo, Xalapa, donde lleva presa más de cinco meses tras ser vinculada a proceso por el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, a pesar de que, tal y como documentó Animal Político en un reportaje publicado el pasado 22 de febrero, hay numerosas pruebas y testimonios que contradicen las imputaciones de la Fiscalía veracruzana en su contra.

Segunda y última parte. En México, la trasnacional Odebrecht recibió un trato fiscal privilegiado. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) autorizó a ocho de sus empresas que operan en el país deducir 35 mil 76 millones 336 mil 853 pesos del impuesto sobre la renta (ISR), revela la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acerca de este caso de corrupción a la que Contralínea tuvo acceso. Con ello, les fueron condonados más de 1 mil millones de pesos.

En la revisión de miles de contratos que otorga Petróleos Mexicanos (Pemex), las secretarías de la Función Pública y de Energía han puesto especial atención en cuatro de ellos por la presunta comisión de irregularidades, y que para la empresa petrolera del Estado significaron un gasto total por 1 mil 415 millones 499 mil 874 pesos, por lo que esa asignación, junto con otras supuestas anomalías, habrían causado la renuncia del subdirector de Servicios de Explotación de Pemex, Abraham David Alipi Mena.

El caso al interior del gobierno federal ha llamado la atención al punto que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) abrió una investigación –por ser Pemex un asunto de seguridad nacional– sobre los hermanos Javier y Rolando Cantú Barragán, oriundos de Reynosa, Tamaulipas, dueños de las beneficiadas con dichos contratos: Transportes Internacionales Tamaulipecos, SA de CV (TITSA); y Transportaciones y Construcciones Tamaulipecas, SA de CV (Tracotamsa). Empresas que también son revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR) y también de parte de Estados Unidos a través de sus agencias DEA y FBI, que investigan particularmente a Javier Cantú.

Dijo que ahora se busca que el vacío de autoridad vuelva a ser ocupado por el Estado. En este caso, la seguridad debe estar a cargo de la Guardia Nacional si las corporaciones policiacas estatales han sido rebasadas.

Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, manifestó su desacuerdo con que incorporen niños a las Policías Comunitarias y a las Autodefensas. “Esto ya no funciona; esto podía tener efectos en el periodo neoliberal, en el régimen anterior de corrupción, injusticias, privilegios”.

La Casa del Migrante de Saltillo exigió que las autoridades vacunen al personal de tareas humanitarias y de defensa de derechos humanos y que atiendan de manera humanitaria a la población migrante debido a su “extrema vulnerabilidad frente a la pandemia”.

La organización radicada en Coahuila denunció la escasa atención humanitaria que el Estado brinda a la población migrante y pidió la intervención del gobierno federal, estatal y municipal para la atención de las personas en condición de movilidad humana y su personal defensor.

Los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), fueron liberados después de 40 horas de secuestro en Ocosingo, Chiapas. En un comunicado, el Frayba aseguró que la privación de la libertad de ambos se originó por su trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos en el estado y que tras su liberación se encuentran en buen estado de salud.

Los defensores prefirieron no dar más detalles del hecho, para no “poner en riesgo ni vulnerar la seguridad” de quienes integran el Centro, además desmintieron la versión del estado de que fue un “accidente de tránsito”.

Desde un tribunal federal de Brooklyn, el Juez de Distrito de los Estados Unidos, Eric N. Vitaliano, emitió un fallo por incumplimiento y un decreto parcial de decomiso para autorizar la incautación de cinco propiedades inmobiliarias del narcotraficante Rafael Caro Quintero, las cuales están ubicadas en Guadalajara, Jalisco.

El magnate Ricardo Salinas Pliego, el tercer mexicano más rico, rechazó este jueves que la desigualdad sea el principal problema de la sociedad y defendió su visión de “no tener miedo” ante la pandemia de la COVID-19.

La renuencia de México a gastar dinero, realizar más pruebas, modificar la estrategia o reaccionar ante nueva evidencia científica contribuyeron a que el país sea uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus, de acuerdo con un informe publicado esta semana por la Universidad de California, campus San Francisco.

México habría tenido una cifra de muertes significativamente menor si hubiera actuado ante la crisis sanitaria como el promedio de los gobiernos, de acuerdo con el Instituto de Ciencias de la Salud Global de la UCSF, que también divulgó un informe que critica con dureza la respuesta de Estados Unidos a la COVID-19.

Los integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) no han recibido órdenes de detener las obras para la construcción del Tren Maya a pesar de que existen amparos y suspensiones vigentes en varios tramos del proyecto, por lo que continuarán con su labor diaria en la Península de Yucatán, explicó el secretario de Infraestructura y Transporte de la agrupación, Raúl Uribe Soria.

“Nosotros seguimos trabajando, y los amparos son de diferentes cuestiones. Si a nosotros nos llega una resolución de un juez donde nos digan que no podamos mover un camión, ahí sí, sería cuestión de la empresa y tendríamos que parar los trabas”, dijo Uribe Soria en conferencia de prensa.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Hidrocarburos, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicha reforma refuerza el control estatal en la distribución y procesamiento de hidrocarburos.

Propone que las autoridades puedan suspender permisos de privados “a fin de garantizar los intereses de la Nación” o cuando se prevea “un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.