Pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes, quienes desde el pasado 22 de marzo mantienen un plantón afuera de la planta de Bonafont ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla en Puebla, denunciaron amenazas por parte de autoridades locales y empresarios, además, este miércoles, decretaron el cierre definitivo de la empresa.

En conferencia de prensa desde “la casa de los pueblos”, como han nombrado a las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), tomadas por integrantes de la comunidad otomí desde hace seis meses en la Ciudad de México, los pueblos unidos denunciaron las afectaciones directas que la empresa provocó mediante el saqueo de los mantos acuíferos de la región, lo que, explican, dificultó la realización de sus actividades agrícolas y fuentes de autoempleo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una de las primeras reuniones de gran calado con el Presidente Joe Biden: la Cumbre de Líderes por el Clima. El fin de semana expuso que propondrá a Estados Unidos la ampliación de Sembrando Vida a los países de Centroamérica con el objetivo de frenar la migración. Sin embargo, hay dudas sobre si se trata de una medida que logrará generar ese impacto.

De acuerdo con distintos estudios y documentación de organizaciones que realizan acompañamiento a migrantes en su paso por México y a mexicanos en territorio estadounidense, los programas de migración laboral han permitido abusos para los beneficiarios desde hace años, por lo que un nuevo modelo debería retomar todas las denuncias realizadas y las violaciones documentadas.

Una fosa clandestina con restos humanos que aún ardían fue hallada por el colectivo mexicano Madres Buscadoras de Sonora el miércoles en el poblado de San José, en el municipio de Guaymas de ese estado mexicano.

En una transmisión en vivo en Facebook, este grupo de 200 personas, que se desplaza por las zonas desérticas para buscar los cuerpos de personas desaparecidas, mostró su hallazgo en un terreno baldío que sirve como basurero, donde han sido localizadas una decena de fosas con más de 30 cadáveres desde 2018.

La Ley de Amnistía cumple un año de fracaso: publicada el 22 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, hoy es letra muerta. A la fecha, ni una sola persona víctima del sistema de justicia penal –como las mujeres que sufrieron abortos espontáneos, los indígenas que sin asistencia legal en su lengua fueron acusados injustamente de crímenes que no cometieron o los presos políticos– ni en situación de vulnerabilidad o con calidad de primodelincuentes ha logrado obtener su libertad.

Ello es resultado, sin duda, de la inoperancia en este tema por parte de la Secretaría de Gobernación, que ha mostrado no sólo ser absolutamente incapaz e insensible ante los casos que analiza, sino, peor, negligente ante una de las promesas de campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. A quien, por cierto, no le gusta que fracasen sus proyectos.

Jorge Alberto Rivera Cardoza, de 42 años, murió por disparos de la Guardia Nacional el pasado 8 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Manejaba su vehículo muy cerca del puente internacional cuando recibió un balazo en la cabeza desde una patrulla que estaba en medio de una persecución.

En el mismo hecho perdió la vida otra mujer, Martha Leticia Salinas Arriaga, que venía caminando cuando quedó atrapada por el coche de la primera víctima al chocar con otro. Los familiares de ambos recibieron una oferta por parte del cuerpo militar: si firmaban un convenio por el que renunciaban a que la Fiscalía General de la República (FGR) siguiera adelante con la investigación recibirían una compensación de un millón de pesos. 

Dicho proyecto es resultado de la revisión de un amparo que promovieron las familias de seis jóvenes desaparecidos desde 2013 en Veracruz en contra de la negativa de la Fiscalía estatal, avalada en primera instancia por una jueza federal, de atender las acciones ordenadas por el referido Comité.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval González, dijo que el uso de drones con explosivos para agredir a corporaciones policiacas, como el reciente caso registrado en Aguililla, Michoacán, es un tema de preocupación” pero minimizó la capacidad de los grupos criminales. 

El general reveló que el Ejército ha documentado ataques con artefactos de este tipo en los estados de Jalisco y Guanajuato, y que el caso más reciente fue el registrado ayer en el poblado de Aguililla, Michoacán donde dos policías estatales resultaron lesionados durante una agresión con drones perpetrada supuestamente por sicarios del Cartel Jalisco Generación (CJNG).

El complejo petroquímico “Pajaritos”, ubicado en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, registró una fuerte explosión e incendio en su interior, horas después del estallido y evacuación en el complejo “Morelos”.

Un flamazo en la línea de gas provocó un fuerte incendio en el lugar y la evacuación de más de 200 empleados.

La violencia contra las mujeres mantuvo su tendencia letal en los tres primeros meses de 2021, cobrando la vida de 589 mujeres, niñas y adolescentes en los primeros 59 días, e incrementando las solicitudes de asistencia de la Red Nacional de Refugios (RNR).

De acuerdo con el primer reporte trimestral de 2021, la RNR tuvo un incremento de 35% de asistencias con respecto al mismo periodo del año pasado, reportándose un aumento considerable de agresiones contra niñas y niños.

El Tribunal Electoral federal prevé devolver al INE el asunto sobre la candidatura del morenista Raúl Morón y ordenarle que no lo sancione con la cancelación de su registro como abanderado al gobierno de Michoacán por no haber entregado informes de gastos de precampaña.

Un proyecto elaborado por la magistrada Mónica Soto, que será sometido a votación del pleno, también ordena al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Michoacán revisar si Morón cumple con los requisitos de elegibilidad como candidato a la gubernatura.

En lo que va del año, marzo es el mes más violento de 2021: registró un incremento de 12.1% en víctimas de homicidio doloso en el país al registrar 2 mil 944 asesinatos. En enero se reportaron 2 mil 835, mientras que en febrero 2 mil 628.

Sin embargo, las autoridades destacaron que en el primer trimestre del año hay una reducción del 4.6% en los homicidios dolosos con respecto al mismo periodo del año anterior.

La muertes asociadas al Covid-19 llegaron a 316 mil 344 hasta el pasado 15 de marzo, una cifra 61.18% superior a las 196 mil 272 muertes confirmadas por las autoridades sanitaras hasta esa misma fecha, según el reporte actualizado “Exceso de mortalidad en México”.

De las 316 mil muertes asociadas al covid-19, 201 mil 318 corresponden a hombres y 115 mil 26 a mujeres. 

Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México en la que pide no viajar a cinco estados del país por la criminalidad, según la información proporcionada por el Departamento de Estado.

En concreto, la alerta, que también señala la situación de la pandemia de covid-19 en México, advierte sobre "ejercer una mayor precaución" si se viaja al país por el "crimen" y el riesgo de "secuestro".

Además, se materializa el peligro de dejar sin la sombra del empleo formal a miles de trabajadores en un mercado laboral muy castigado ya por la pandemia del covid-19.

Ante escasez, despojos y saqueos de agua, el Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán exigió la restitución al pueblo originario del pozo de agua potable ubicado en la comunidad para garantizar a la población el vital líquido.

A 14 días del inicio de un campamento indefinido en el pozo del agua potable en Barrio 4to. de Santiago Mexquititlán, Querétaro, por el saqueo del agua en pipas a otros lugares y la retención de una pipa, el pueblo otomí declaró que no permitirá más saqueo y despojo del agua a través de pipas, ni ampliaciones de tuberías.