Amigos, colegas, activistas y ambientalistas que reconocían el trabajo de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, protestaron en la plaza Lerdo de Tejada para recordar que han pasado nueve años desde su asesinato y continúa impune.

También reprocharon que han pasado cinco meses desde que el presidente, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a “reabrir” la carpeta de investigación y buscar a los responsables y hasta ahora no ha existido una sola diligencia para dar con los culpables de este homicidio, considerado un parteaguas en la prensa nacional.

La Cámara de Diputados recibió esta tarde la solicitud de desafuero contra el legislador de Morena Saúl Huerta Corona, por hechos “con apariencia de delitos de abuso sexual agravado y violación equiparada, ocurridos en momentos y lugares distintos en contra de distintas víctimas, una de ellas menor de edad”.

Laura Borbolla, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía capitalina, fue la encargada de presentar la solicitud en San Lázaro.

Alfredo Ramírez es el nuevo candidato a la gubernatura de Michoacán por Morena.

Así lo anunció el dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, quien añadió que Raúl Morón Orozco será el dirigente  estatal en Michoacán.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de las familias tsotsiles desplazadas de Aldama, Chiapas, y solicitó al Estado mexicano que adopte las medidas necesarias, culturalmente pertinentes, para garantizar la seguridad al interior de sus comunidades. 

En un comunicado, la comisión explicó que las familias de Coco´, Tabac, Xuxch´en, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxtón, Tselejpotobtic, Yetón, Chivit, Sepelton, Yoctontik y Cabecera Aldama, se encuentran en una situación de riesgo por agresiones, hostigamientos y amenazas por la presencia de grupos armados en la zona. La CIDH solicitó al Estado que informe de las medidas adoptadas para investigar las agresiones, además de prevenir su repetición.

Cuando en mayo de 2020, la Fiscalía General del Estado de Baja California cateó la casa del exgobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, iban por evidencia del destino y uso de más de mil 200 millones de pesos, que de acuerdo a una denuncia presentada por el gobierno de Morena encabezado por Jaime Bonilla Valdez, desconocen su paradero. No localizaron nada que les permitiera resolver la suerte del recurso. Pero aquel día no salieron con las manos vacías.

Hallaron los investigadores, entre la documentación revisada en la casa del exgobernador, información que los llevó a una cuenta de cheques de una asociación civil cuya presidenta era su esposa, la señora Brenda Lucila Ruacho Bernal, con un total acumulado de 6 millones 811 mil 505 pesos. Dos meses atrás, el mismo gobierno de Morena había interpuesto una denuncia contra la exprimera dama de Baja California, por negociaciones ilícitas y coalición de servidores públicos.

La dirigencia nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) nombró a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón Orozco como sus dirigentes estatales en Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Ambos exaspirantes a las candidaturas al Gobierno de esas entidades fueron anulados ayer por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como candidatos, luego de un polémico proceso en el que se castigó el no haber presentado sus gastos de precampaña y realizar esta omisión con dolo, de acuerdo con la mayoría de los magistrados.

Félix Salgado Macedonio insistió este miércoles en que será Gobernador de Guerrero, aunque no detalló cómo lo logrará luego de que ayer los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidieran negarle la posibilidad de participar como candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de esa entidad.

“Se los advierto, voy a ser Gobernador de Guerrero”, aseguró Salgado Macedonio ante cientos de simpatizantes reunidos en un mitin en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, al cual convocó desde ayer a través de sus redes sociales.

El décimo quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió suspender las obras del puente vehicular que afectaría un humedal en Xochimilco, pero el gobierno de la Ciudad de México ha hecho caso omiso de esta sentencia, denunciaron activistas.

El pasado viernes 23 de abril, el Tribunal resolvió a favor del humedal, después de que personas defensoras del medio ambiente realizaran guardias permanentes afuera del recinto y tras una larga lucha en defensa del área natural protegida, expusieron integrantes de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco.

La posibilidad de obtener justicia en nuestro país en caso de ser víctimas de un delito se ha complicado en el último año. La debilidad de las instituciones responsables de ello sumado a las decisiones adoptadas por la pandemia sanitaria dificultaron a las personas la posibilidad de presentar una denuncia o que avance con agilidad su proceso.

Y junto con ello se ha continuado deteriorando la posibilidad de ejercer el periodismo de forma libre y sin temor a censura o represalias.

El envasado en México de la vacuna rusa anticovid, Sputnik V, comenzará en mayo, informó hoy el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR) tras una reunión de sus directivos con el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

“No se desanimen, no se exalten. Hay que actuar con la cabeza fría aunque se tenga el corazón caliente”, dijo esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre la decisión de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes rechazaron validar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, para la gubernatura de Guerrero, y la de Raúl Morón Orozco, para la de Michoacán.

Durante su conferencia de prensa matutina, aseguró que “estos golpes también llevan a ese propósito de desmoralizarnos, desanimarnos”, por ello, invitó a los ciudadanos de ambos estados “a seguir adelante, a seguir participando”.

Arne Sidney Aus den Ruthen Haag tomó notoriedad en 2016 cuando Xóchitl Gálvez lo sumó a su equipo de trabajo en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. Bajo el puesto de “city manager” grabó a capitalinos que no respetaban el espacio público; años después eso daría pie a la creación de “Poder Antigandalla”, una plataforma en la que exhibió exabruptos de la gente y a “corruptos”, según sus propias palabras.

Pero justo ese primer año de trabajo, Arne Aus den Ruthen cometió el delito de evasión fiscal. Fue la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) la que detectó en los movimientos financieros del expanista actos de defraudación fiscal al declarar en 2016 ingresos menores a los que realmente obtuvo.

La Fiscalía General de la República (FGR) se negó revelar los nombres de las corporaciones de seguridad a la que pertenecen los policías y funcionarios que figuran como probables responsables en 522 denuncias por posible tortura presentadas a nivel federal en los primeros 18 meses del actual sexenio.

Lo anterior pese a que el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) le había ordenado a la FGR hacer una búsqueda exhaustiva de dicha información tras considerar que son datos que debería tener en su poder.

En los últimos cinco años aumentó 74% el número de mexicanos de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. Mientras que en 2015 un 3.5% de menores no recibía educación, para 2020 el número de menores en rezago educativo aumentó a 6.1%, revela un comparativo del Índice de Rezago Social 2015 y 2020, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Este retroceso termina con una tendencia de mejora en este indicador registrada desde el 2000: ese año se registró que 8.2% de los menores de 6 a 14 no iban a la escuela; para 2005 el Coneval reportó un 5.2%; en 2010 fueron 4.7%. El 2015 fue el último año que registró una baja con 3.5%.

La acción fue presentada a principios de abril por senadores del los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, por considerar que viola derechos humanos así como los principios de legalidad, seguridad jurídica y no retroactividad al modificar los contratos que fueron establecidos durante la vigencia de la reforma promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto.