El General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez falleció este jueves en la Ciudad de México por complicaciones de COVID-19, confirmaron amigos, colaboradores y organizaciones civiles que estuvieron cerca de la carrera de este luchador social.

La exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, le ganó una batalla legal al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, luego de que un Tribunal Colegiado en materia penal de esta capital desechó la queja interpuesta por el funcionario en contra del amparo promovido por la exsecretaria de Desarrollo Social en el que inculpa a Gertz de violar su presunción de inocencia.

De acuerdo con la información difundida por el sitio Aristegui Noticias, el Noveno Tribunal consideró infundado el recurso de queja presentado por la FGR, con la intención de que fuera desechado el amparo presentado por Robles, quien enfrenta un proceso por dos cargos agravados de ejercicio indebido del servicio público por más de 5 mil millones de pesos, de los que ya se declaró inocente.

El Senado avaló los cambios que la Cámara de Diputados realizó a la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, para establecer el derecho de las víctimas a solicitar a la FGR la atracción de casos del fuero común y casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Con 109 votos en favor, siete en contra y una abstención, la Cámara Alta aprobó, en lo general y en lo particular, las modificaciones de la colegisladora.

En un hecho inédito, la asamblea comunitaria presentó en octubre pasado una demanda civil ante la Corte de París, Francia, contra el gigante energético Electricité de France (EDF), el cual pretende establecer el parque eólico Gunaa Sicarú (Mujer Bonita) en ese entorno zapoteco sin el consentimiento de la comunidad, lo que, dicen, viola sus derechos humanos.

“Hay una correlación directa entre agresiones a personas defensoras y el desarrollo de proyectos de energía eólica en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca”, afirmaron ante el Consejo de Derechos Humanos en la ONU expertas del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC).

“En la comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca, la defensa de su territorio contra la instalación de parques eólicos con capital transnacional ha desencadenado violencia y agresiones, incluidas amenazas de muerte hacia las personas defensoras”, aseguró Verónica Vidal Degiorgis, subdirectora del ProDESC, durante el evento “Hacia la erradicación de asesinatos y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en México”.

El crimen de la periodista Regina Martínez permanece en la impunidad después de nueve años, denunciaron periodistas que protestaron en la plaza que hoy lleva su nombre en Xalapa, Veracruz, y exigieron al gobierno que reabra la investigación.

Durante el acto de protesta, la periodista Norma Trujillo recordó que en noviembre de 2020 el presidente López Obrador dijo que “buscaría una estrategia legal para reabrir el caso”, pero después de cinco meses no han tenido respuestas, señaló.

Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, dijo hoy que el dictamen de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que rechaza el desafuero del Senador Cruz Pérez Cuéllar, pero lo aprueba contra Francisco García Cabeza de Vaca “confirma la lamentable historia por la que México no avanza, en serio, en el combate a la corrupción: la justicia a modo”.

Cruz Pérez Cuéllar es un político que fue del Partido Acción Nacional (PAN) antes de unirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El Gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, pertenece al blanquiazul. El primero es acusado de presuntamente aceptar sobornos del exgobernador priista César Duarte Jáquez. El segundo, de distintos delitos que van de presunto lavado a supuesta delincuencia organizada.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana que una Diputada federal denunció al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, porque le llamó y la amenazó para que votara en contra de que Francisco García Cabeza de Vaca, mandatario de Tamaulipas, sea desaforado.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados discutió ayer el desafuero del Gobernador García Cabeza de Vaca, y también del Senador Cruz Pérez Cuéllar. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, en febrero pasado, el desafuero del mandatario estatal para poder proceder en su contra por los los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.

El caso de la minera canadiense First Majestic, que adeuda a México 500 millones de dólares en impuestos y que está envuelta en un proceso legal para cumplir con esa obligación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no quedará impune, como tampoco lo serán los de todos aquellas empresas y personas físicas que traten de defraudar al fisco, dijo Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En entrevista en el programa “Los Periodistas” que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela por SinEmbargo al Aire, en YouTube, Romero Aranda planteó que, aun cuando no puede ofrecer detalles de casos que tienen en procesos legales, “sí puedo decir es que cualquier persona física o moral que defrauda al fisco federal podrá ser denunciada y en los casos relevantes no vamos a dejar pasar el tema”.

Con tres votos en favor y uno en contra, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó anoche que procede el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pero no el del senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, porque en este caso se consideró no hay pruebas y el presunto delito ya prescribió.

El retiro de inmunidad al mandatario panista está agendado en la sesión de mañana, para lo que él y la Fiscalía General de la República tendrían que comparecer ante el pleno de la Cámara.

Al concluir la reunión, la priísta Claudia Pastor informó que esa instancia jurisdiccional declaró cerrados los procesos contra los diputados Mauricio Toledo (PT) y Saúl Huerta Corona (Morena), cuando los dos asuntos deberían ser resueltos antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

El partido Morena en la Cámara de Diputados propuso la noche de este miércoles que el trámite del posible desafuero del diputado morenista Benjamín Saúl Huerta Corona, para que enfrente las denuncias por violación y abuso sexual, se lleve a cabo hasta el siguiente periodo ordinario del Congreso. Es decir, hasta el próximo mes de septiembre. Por lo que, al menos hasta ese entonces, el legislador seguiría gozando de la protección del fuero. 

Morena realizó esta propuesta como parte de las discusiones sobre las solicitudes de desafuero de varios servidores públicos que se desahogan en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, donde el partido del presidente López Obrador es mayoría: tiene a 2 diputados de Morena -Pablo Gómez, que preside dicho órgano, y Martha Patricia Martínez Lucero-, una de su aliado el Partido del Trabajo -Mary Carmen Bernal Martínez-, frente a una diputada del PRI, Claudia Pastor. 

El Diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Saúl Huerta Corona, aseguró que las acusaciones en su contra por el presunto abuso sexual de un menor son parte de una “infamia generada por la mafia del poder”.

La declaración del legislador surgió en una entrevista exclusiva que sostuvo con el reportero Juan Rocha, para el noticiario “Por la mañana”, conducido por el periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula.

Félix Salgado Macedonio aseguró la mañana de este jueves que esta “será la última elección que organice” el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que deseó “mucha suerte” a Lorenzo Córdova Vianello, titular del órgano.

El ahora líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Guerrero respondió a una publicación que hizo Córdova en su cuenta de Twitter, en la que destacó que ayer se aprobó la lista nominal definitiva para las elecciones del 6 de junio.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador marcó un nuevo récord en adjudicaciones directas, al entregar bajo este esquema el 43 por ciento de los contratos celebrados en 2020, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El análisis del think thank a los datos de Compranet señalan que el Gobierno federal realizó adjudicaciones directas por más de 205 mil 195 millones de pesos, lo que representa el 43 por ciento del monto contratado en todo el año, mientras que las compras realizadas por licitación pública alcanzaron apenas el 40 por ciento.