En el proceso electoral en curso, el narcotráfico impone o apoya candidatos en varias regiones de Jalisco; o por el contrario, los veta mediante la violencia, coinciden actores políticos de la entidad entrevistados por Proceso. Pese a la violencia que han sufrido aspirantes de distintos partidos –y que se materializa en asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas–, el gobernador Enrique Alfaro no ha dado respuesta a una solicitud puntual: instalar una mesa que establezca mecanismos para garantizar la seguridad de los contendientes.
En Jalisco, el actual proceso electoral que arrancó el 4 de enero con precampañas y que culminará el 6 de junio con la votación, se ha caracterizado por ejecuciones, privaciones de la libertad, desapariciones y amenazas a los candidatos de diferentes fuerzas políticas.
Actores políticos con trayectorias que oscilan entre 25 y 35 años, que pidieron no publicar su identidad por temor a represalias, coinciden en que en la mayor parte de la entidad el narcotráfico impone y apoya candidatos, en especial en las regiones Costa Sur, Altos Norte y Sur.
