Más de 100 migrantes encerrados desde hace casi un mes en una bodega de la sede estatal de la Guardia Nacional en Chiapas exigieron a las autoridades mexicanas ser liberados para que sigan su camino o que sean deportados a sus países de origen, pues ahí donde se encuentran sólo les dan "comida de perro"

En un video que enviaron a este reportero narraron las condiciones en las que se encuentran esas instalaciones habilitadas como albergue para la retención temporal de migrantes interceptados en Chiapas por los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Desde agosto de 2014, cuando la empresa Systra entregó al Gobierno de la CDMX y al Metro el informe final de diagnóstico de la Línea 12, las autoridades capitalinas conocían las deficiencias de la construcción del viaducto elevado las cuales incluían: problemas de drenaje y fugas, fisuras y grietas, irregularidad de geometría, defectos de nivel de los tramos adyacentes e incluso, variación de color del concreto de las estructuras prefabricadas que se utilizaron. 

El recorrido de inspección que reveló estas deficiencias se llevó a cabo el 12 y 13 de mayo de 2014 -justamente hace siete años- mientras el viaducto elevado había sido cerrado a los usuarios porque se había detectado desgaste ondulatorio prematuro en las vías.

El gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) indagan al suegro de Samuel García, candidato al Gobierno de Nuevo León, por encabezar una supuesta red fraudulenta en la que están implicados al menos 60 posibles prestanombres y empresas fachada, que se habrían coludido para simular transferencias y pagos que ascienden a casi mil 500 millones de pesos.

Los recursos implicados en estas triangulaciones se consideran sospechosos pues se presume que varias de las compañías son fantasma (algunas ya confirmadas) lo que daría pie a que el origen del dinero sea ilícito. Además del lavado de dinero, las autoridades indagan si parte de esos recursos se habría destinado para financiamiento electoral ilícito a favor de García.

Un tribunal federal resolvió que el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury seguirá en el Reclusorio Norte durante el proceso penal que se le sigue por recibir un presunto soborno de 25 millones para la aprobación de la reforma energética que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto.

Al resolver un recurso de queja presentado por la defensa de Lavalle contra la negativa de un juez de amparo que ya le había negado la libertad provisional o condicional, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó que no se puede suspender la prisión justificada que un juez de control le dictó al exlegislador durante la audiencia de vinculación a proceso.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que inició la revisión del tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro que va de las estaciones Atlalilco a Mixcoac, para saber si pronto puede retomarse el servicio en beneficio de miles de pasajeros. Esa verificación, dijo, durará cuatro días.

Además, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la Ciudad de México, Armando Ocampo, anunció que ayer se publicó en la Gaceta Oficial de la capital la “Declaratoria Derecho a una Reparación Integral del Daño” para las víctimas y familiares afectados por el colapso de una trabe metálica y dos vagones cerca de la estación Olivos.

Confrontado con el Instituto Nacional Electoral (INE) desde los primeros días de su gobierno, esta vez el mandatario consideró que, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ambas instancias fueron creadas para que no haya democracia, las acusó de conspiradoras y de plano anunció una reforma electoral.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de DDHH y Periodistas reconsiderar su primera negativa y ejercer medidas de protección para Sanjuana Martínez Montemayor, directora de Notimex.

La periodista ha sido acusada de hacer despidos injustificados en la agencia de noticias, de ejercer violaciones al Contrato Colectivo del Trabajo, e incluso de orquestar ataques en redes sociales contra periodistas.

Según informó la CNDH a través de un comunicado, Martínez Montemayor pidió protección al Mecanismo ‘al verse vulneradas y agredidas su integridad psicológica y moral’ por parte del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNOTIMEX), así como la organización Artículo 19.

Estudiantes, maestros y ciudadanos de Guadalajara, Jalisco, volvieron a tomar la calles para protestar contra la violencia en la entidad.

Esto, a un día del hallazgo sin vida de José Alberto, Luis Ángel y Ana Karen González Moreno, sustraídos de su propio hogar por un grupo armado el pasado 7 de mayo, en la capital del estado.

Desde las 6 de la tarde de este martes, integrantes de la Marcha por la Paz y la Justicia, vestidos de blanco, iniciaron la protesta en la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, que culminó en la llamada Glorieta de las y los Desaparecidos (Niños Héroes).

El sindicato de trabajadores de la planta de General Motors en Silao deberá reponer el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo después de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social decidió anular la votación anterior. 

Esto deberá ocurrir en un plazo de 30 días naturales, sin prórroga, dio a conocer la dependencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se responderá “de inmediato” a la petición del gobierno de Estados Unidos para que se revise el conflicto laboral que existe en la planta de la empresa automotriz General Motors en Silao, Guanajuato.

La Representante Comercial de la Casa Blanca (USTR, por sus siglas en inglés) Katherine Tai, uso por primera vez el mecanismo de “Respuesta Rápida” del TMEC y solicitó al gobierno de México revisar la demanda de trabajadores de General Motors.

“Estados Unidos ha pedido a México revisar si en una instalación de General Motors se ha estado negando a los trabajadores el derecho de libre asociación (sindicalizada) y la negociación del contrato colectivo”, informó la USTR por medio de un comunicado de prensa.

Durante la conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente López Obrador, el funcionario dijo que ha acabado el litigio en tribunales internacionales que inició la actual administración para recuperar recursos de la nación. Señaló que el fallo fue favorable para Pemex.

En el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) preocupa cada vez más cómo se está realizando la extinción de empresas pertenecientes al Grupo PMI, creado a fines del sexenio de Miguel de la Madrid y durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para evadir las leyes mexicanas y aprovechar las “ventajas” de conocidos paraísos fiscales, sobre todo en temas de elusión de impuestos y manejo discrecional de capitales públicos.

El nuevo Comité surgió por la inquietud de algunos consejeros ante la falta de transparencia que aún reina en la petrolera, en especial tras la venta del 51 por ciento de las acciones del astillero español Hijos de J Barreras y el posterior proceso de extinción de PMI Holdings, BV, una de las 61 empresas “privadas” que Pemex llegó a constituir en los sexenios pasados y que no rendían cuentas a nadie.

-Lo acusan de tener las manos metidas en la elección… atinó a preguntar la reportera en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero este no la dejó concluir su participación, la interrumpió con un enérgico: “¡Claro que sí!”.

Orondo, el presidente confirmó así, que las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General de la República, contra candidatos y familiares de estos en Nuevo León, son gracias a su “denuncia ciudadana”.

El titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, informó que la empresa negocia para recomprar las plantas hidrógeno de Tula y Madero que fueron vendidas en el sexenio del Enrique Peña Nieto en 85.2 millones de dólares y cuyo contrato de renta costará 407 millones de dólares al erario.

El titular de Pemex explicó que las plantas de hidrógeno, usadas para quitar el azufre y el nitrógenos del hidrocarburo, vendidas a privados por el Gobierno pasado son rentadas actualmente por la empresa productiva del Estado como parte de un contrato a 20 años.