La Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) impugnaron el amparo que un juez federal concedió a la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, para que se revisara la prisión preventiva que se le impuso desde hace más de dos años y, en su caso, se le cambiara por un arraigo domiciliario.

Autoridades judiciales confirmaron a Animal Político que los recursos de revisión fueron presentados por ambas dependencias en contra de la resolución adoptada por el juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda.

Cuando se habla de casos de desaparición de personas es común pensar en lo que se vive en otras entidades de México y no en la CDMX. Ya sea por la situación geográfica o porque la voz de sus familiares se ve opacada frente a otros fenómenos propios de la capital del país, la realidad es que la desaparición de personas en la ciudad no es un tema menor.

En 2019, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. En aquel momento la funcionaria refirió que desde 1992 en la capital del país se contabilizaban 792 personas desaparecidas vinculadas a un tema de derechos humanos.

El abogado de Rosario Robles Berlanga, Sergio Arturo Ramírez, renunció a la defensa de quien fuera la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa, Arturo Ramírez informó que su decisión fue debido a que la extitular de Sedesol se niega a entregar información a la Fiscalía General de la República (FGR).

Un nuevo Tribunal mexicano ordenó este jueves revocar una suspensión definitiva de la polémica reforma eléctrica impulsada por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que busca “rescatar” a la empresa del Estado del “saqueo” de privadas y extranjeras.

El Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica declaró este jueves improcedente la suspensión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promulgada el 9 de marzo, de acuerdo con el expediente 144/2021.

Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador respetar la “investidura de los gobernadores“, su derecho de audiencia y aceptar reunirse con él por “la seguridad nacional”.

La Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA) denunció en un comunicado la violencia de la que actualmente son objeto los pueblos indígenas de México, “donde los grupos armados actúan libremente sin que los malos gobiernos hagan algo”, ante lo cual expresó su “pleno apoyo a todas las comunidades, pueblos y luchas que defienden la vida y los territorios”.

Los 47 pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y civiles que conforman la alianza reportaron los 72 asesinatos a defensores territoriales y de derechos humanos en el período de 2006 a julio de 2021, año en el que van 12 homicidios a personas que defienden “la vida y la tierra”. Afirmaron que el Estado mexicano “es incapaz de implementar acciones para evitar la violencia” y, por lo tanto “ha fallado en su tarea de garantizar los derechos humanos tal como lo manda la constitución”.

Colectivos de familiares de personas desaparecidas han logrado aproximadamente 18 “posibles positivos” durante la segunda Búsqueda Nacional en Vida en el estado de Jalisco, narra en entrevista Rosaura Magaña Rivera, quien busca a su hijo, y explica que en los centros penitenciarios que visitaron, algunos internos aseguraron haber visto a personas que buscan.

Los familiares de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tec de Monterrey asesinados durante un enfrentamiento entre soldados y presuntos criminales, el 19 de marzo de 2010, denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) dará carpetazo a la investigación.

Indicaron que la FGR desistirá de la indagatoria contra miembros del Ejército por el delito de portación y acopio de armas de fuego, ya que en más de 11 años no lo han podido comprobar.

En menos de 10 horas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha perpetrado en diferentes puntos de Michoacán tres emboscadas a policías, el ataque a una jefatura de tenencia y bloqueos carreteros, así como incendio de vehículos.

El saldo hasta este momento es de un civil y un policía muertos, tres detenidos y daños materiales en inmuebles y vehículos siniestrados, tan solo este 14 de julio.

La consulta popular del 1 de agosto para enjuiciar a los expresidentes mexicanos por corrupción y otros delitos “no es un proceso judicial sino político” y servirá para instaurar “una auténtica democracia” en México, sostuvo este jueves el presidente del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene dos carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda de Wallace, una presentada en contra de ella y otras diez personas más en la que se denuncian actos de tortura y la segunda, la más reciente, en la que se le acusa sólo a ella por el delito de falsedad de declaraciones en la modalidad de simulación de pruebas.

Las denuncias fueron presentadas por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial, en noviembre de 2020 y en mayo de 2021, respectivamente, según revelaron fuentes cercanas al caso a SinEmbargo.

Los internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 14 en Gómez Palacio, Durango, fueron vejados y torturados durante un operativo de seguridad en presencia de la Guardia Nacional e incluso de personal de la Comisión de Derechos Humanos Estatal de Durango, denunciaron familiares de los internos.

Alejandra, hermana de un interno, y Lucia Alvarado, del Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad, que forma parte de la organización civil Documenta, dieron a conocer a SinEmbargo que el pasado 1 de julio los internos fueron sometidos a malos tratos y posteriormente fueron incomunicados por varios días.

Por eso los maestros tuvieron que idear la forma de que la educación llegara a sus alumnos. Manuel comenzó a dar clases en línea por 2 horas y media todos los días, pero de sus 40 alumnos en el grupo, sólo 27 se conectaba; el resto no podía porque no tenían internet, por eso a ellos les enviaba actividades por whatsapp. Mientras que las lecciones las publicaba en la plataforma de Classroom, de Google.

De acuerdo con la averiguación previa del caso faltaban unos minutos para las diez de la noche. Era el 27 de abril del 2012. El lugar: el patio de una casa ubicada en la colonia Hank González de la delegación Iztapalapa.

La presunta tortura que por casi dos horas habían infligido los policías federales a los cinco detenidos con amenazas de muerte, golpes en todo el cuerpo, toques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, e incluso la violación con un rifle introducido al ano de uno de ellos… se detuvo.

El Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito en Nayarit determinó vincular proceso a Lidy Alejandra Sandoval, hija del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

En audiencia inicial, un juez determinó no vincularla a proceso, por lo que la dejó continuar desahogando su proceso en libertad.