El mexicano Israel Vallarta, detenido por secuestro desde 2005 por el mediático caso de la francesa Florence Cassez, pidió a través de una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador su “inmediata libertad” y su esposa espera que la Fiscalía atienda la solicitud.

Exfuncionarios que hoy están acusados o bajo investigación por corrupción, presunto desvío de recursos y hasta delincuencia organizada, encabezaron en la década pasada una decena de dependencias federales y gobiernos estatales a través de los cuales se fondearon con casi 6 mil millones de pesos a las empresas vinculadas con el uso del malware de espionaje Pegasus en México.

En la lista hay desde un extesorero estatal responsable del desvío de más de 60 mil millones de pesos que hoy siguen sin aparecer, hasta un exsecretario de Hacienda señalado de haber operado una red de sobornos. Y entre ellos un exgobernador a cuya administración se conoció, entre otras cosas, por espiar a activistas y periodistas.

Por desacato a una suspensión para garantizar el abasto de medicamentos oncológicos, el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Jorge Alcocer, secretario de Salud, Arturo Herrera, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la oficial mayor de Hacienda, Thalía Lagunas.

En los primeros 18 meses del sexenio, la fiscalía general de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las ya existentes en años anteriores, elevaron la cifra de casos abiertos a más de mil 259 de los cuales sólo tres fueron enviados a un juez, y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria”.

Los datos forman parte del informe coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) dado a conocer este jueves y que echan por tierra el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que en su gobierno ya no se tortura.

Un cadáver semienterrado y envuelto en una bolsa de plástico fue encontrado el día de ayer junto a la cancha de futbol del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 27 (Cetis) del municipio de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con el parte oficial, el cuerpo fue descubierto por personal del plantel, quien dio aviso a las autoridades.

La contratación de influencers mediante terceros y varios pagos en efectivo son los principales elementos que halló el INE para sancionar al Partido Verde por la promoción indebida en plena veda electoral.

De acuerdo con el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el instituto político desplegó un proceso para “reclutar” a personas famosas en redes sociales mediante personas cercanas al partido, así como por la contratación de agencias de publicidad.

El Departamento de Estado estadounidense advirtió que la inseguridad, la informalidad, la incertidumbre sobre el cumplimiento de contratos y cambios regulatorios “elevan el costo de hacer negocios en México”.

“Los inversionistas informan cambios regulatorios repentinos y reversiones de políticas, la salud financiera inestable de la compañía petrolera estatal Pemex y una respuesta fiscal débil percibida a la crisis económica del COVID-19, han contribuido a las incertidumbres en curso”, señaló.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el tema del espionaje durante el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto, debe ser tomado en cuenta en la consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes.

Perder el Estado de México no era opción. A pesar de su imagen desgastada por los repetidos escándalos de corrupción del sexenio, y ante la perspectiva cada vez más nítida de una derrota electoral en 2018, el presidente Enrique Peña Nieto y sus cercanos no estaban dispuestos a dejar que el bastión histórico del PRI, región donde nació el Grupo Atlacomulco al que pertenecía Peña Nieto y su clan, cayera en manos de sus rivales políticos.

El PRI y el gobierno federal desplegaron todas sus herramientas para asegurar el triunfo del priista Alfredo Del Mazo Maza, primo del mandatario, hijo y nieto de exgobernadores de la entidad, y convirtió la campaña en una elección de Estado.

“Todos nos sentimos espiados”, declaró el presidente Enrique Peña Nieto aquel 22 de junio de 2017, cuatro días después de darse a conocer que su gobierno había tratado de intervenir los teléfonos de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos con el programa Pegasus, desarrollado por la empresa de origen israelí NSO Group.

“Nada más falso que eso”, insistió el priista durante una gira en Jalisco, y añadió que “ninguna de las personas que se siente agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y ese supuesto espionaje”.

“Sabemos que no es el crimen organizado, acusamos a las empresas mineras que confabulan con el gobierno. Nos quieren usar como esclavos, corrompen a la gente y la amenazan”, señala Guadalupe Flores Maldonado, integrante de la Tropa Yoemia, luego de la desaparición de al menos diez yaquis desde el pasado 14 de julio en Loma de Bácum, Sonora.

“Lo que está pasando hoy en nuestro territorio lo veíamos venir desde 2016 cuando entraron empresas mineras”, asegura Flores Maldonado en entrevista telefónica y agrega que en días recientes han emprendido búsquedas para localizar a los yaquis, que, considera, fueron secuestrados.

Las comunidades que integran el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca manifestaron su rechazo a la siembra de transgénicos, la privatización de las semillas y el uso de agrotóxicos en sus territorios, y llamaron a los pueblos indígenas y campesinos a sembrar sus propias semillas nativas y criollas.

En el marco de la “Guelaguetza en la Vida Cotidiana”, el Espacio en Defensa del Maíz denunció que los gobiernos y las empresas “utilizan la propaganda” para convencer a los pueblos de sembrar semillas “mejoradas”, al mismo tiempo que buscan expropiar las nativas y criollas “con el fin de ponerlas a disposición del agronegocio mundial”.

La empresa KBH TRACK, que durante la administración de Enrique Peña Nieto utilizó el software espía Pegasus, fue contratada por el Ejército mexicano, quien adquirió varios artículos como juguetes para el Día de Reyes, según informó el diario El País.

De acuerdo con una investigación del periodista Pablo Ferri, del diario El País, el Ejército a través de la empresa operadora mexicana adquiría juguetes para el Día de Reyes, sal para recocido, aceite de motor o pellets de poliamida.

Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, negó que durante la administración de Enrique Peña Nieto se utilizara el software Pegasus para espionaje.

El actual coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado aseguró que las labores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se enfocaban en el seguimiento a “criminales” y la dependencia solo intervenía conversaciones telefónicas con una orden judicial.

Margarita Zavala, excandidata presidencial y Diputada federal electa, reclamó al Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y al Consejero Ciro Murayama, que “por congruencia” voten a favor de la desaparición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que pagó a influencers por una amplia promoción que violó la veda electoral.