Un par de policías de la Ciudad de México agredieron, detuvieron y trasladaron al Reclusorio Norte a un joven que se atrevió a reclamarles que estaban tirando basura en la calle.

Una usuaria de Facebook solicitó ayuda para difundir un video en el que se aprecia el momento en que el joven enfrenta a los elementos de seguridad por tirar basura en la calle.

México vive una emergencia en términos de violencia contra las mujeres, como lo demuestra el creciente número de casos de feminicidio y violencia intrafamiliar registrados durante los primeros seis meses del año.

En promedio, cada ocho horas se reporta un feminicidio en ese país latinoamericano, según el “Reporte semestral de incidencia delictiva 2021” del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), publicado este jueves.

Cuatro de cada 10 policías que hoy están en las calles previniendo o investigando delitos en México, no cuentan con evaluaciones vigentes que acrediten que tienen las habilidades y cualidades necesarias para hacer de manera confiable ese trabajo. Los policías de Tabasco y Guerrero, y los elementos de la Guardia Nacional, son los más rezagados del país con más del 60% de sus efectivos que no están aprobados.

Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) actualizados al cierre del primer semestre de este año arrojan que de los 463 mil 965 policías federales, estatales y municipales que están en activo en el país, solo 295 mil 824 cuentan con las evaluaciones de control de confianza aprobadas y vigentes.

El juez de control vinculó a proceso a otras dos personas presuntamente implicadas en la desaparición forzada de la activista britano-mexicana, Claudia Uruchurtu Cruz, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

Con la detención de Janet V.J. o N. Y. V. J., y de R. A. B., alias “El Greñas” o “El Colas”, suman cinco las personas vinculadas a proceso por su probable participación en la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz, cometida el pasado 26 de marzo en la plaza central del palacio municipal de Asunción Nochixtlán.

El coordinador operativo de la Policía Municipal de Cortazar fue asesinado en su propia casa la madrugada del viernes.

En esta primera mitad del año suman ya 36 agentes de distintas corporaciones municipales y estatales asesinados en ataques en el estado, varios de éstos en sus domicilios o en el exterior de los mismos.

El Congreso local aprobó una nueva Ley de Educación Pública en la que se promueve “la cultura de la vida”, es decir, que se fomentará entre los educandos la idea de que la vida comienza desde la concepción y termina con la muerte natural.

En esta legislación aprobada con mayoría panista, el Artículo 17, que se refiere a los fines de la educación impartida por el estado, en su punto XIII establece que debe “desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la planeación familiar, la paternidad y la maternidad responsables, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana y la cultura de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”.

El Instituto Nacional Electoral detectó triangulación de 14 millones de pesos en recursos que aportaron familiares, a través del partido Movimiento Ciudadano, a la campaña para gobernador de Samuel García.

La investigación del órgano fiscalizador del INE arrojó que ni la madre, ni dos hermanos, tenían capacidad pecuniaria para solventar las erogaciones que hicieron al partido para hacerlas llegar al candidato, que ganó en los comicios del pasado 6 de junio.

El Comité Cerezo México pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) correlacionar el espionaje a defensores de derechos humanos, a través del malware Pegasus, con las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias documentadas durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

En este periodo, el Comité tiene el registro de 251 defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente, 131 desaparecidos de manera forzada y 4 mil 152 detenidos arbitrariamente.

Tras 11 años de litigio en tribunales federales y tramitación de amparos por parte del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para que fuera aceptado al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) modificó su reglamento para supuestamente evitar actos de “discriminación”, como los que el quejoso se dijo víctima.

Sin embargo, de acuerdo con investigadores, la evaluación siempre ha tenido parámetros claros y no discriminatorios. Y en el caso del fiscal, la negativa de ingreso al sistema de investigadores no obedeció a su condición social, física u origen étnico como lo establece la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para considerarlo como acto discriminatorio, sino por una “insuficiencia producción científica”.

En dos meses podría comenzar la distribución del Gas Bienestar en la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México, afirmó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, señaló que ya se avanzó en la creación de la empresa, en la elaboración del programa y que ya se tienen los terrenos para las centrales de distribución y los cilindros.

Las redes sociales vuelven a dar cuenta del abuso policiaco, ahora en el estado de Tabasco, donde una mujer es golpeada inmisericordemente por los uniformados a pesar de encontrarse indefensa, pues ya había sido sometida previamente.

“Déjenme, me lastiman”, clama una y otra vez la mujer tumbada en la batea de la patrulla. Los policías lejos de parar, la tundían a patadas.

El senador Miguel Ángel Osorio Chong mintió en reiteradas ocasiones, frente a la prensa y durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados cuando sostuvo que, durante su gestión en la Secretaría de Gobernación (Segob), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) no adquirió el spyware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

El 31 de mayo de 2016, su allegado Eugenio Imaz Gispert, entonces director del Cisen, firmó un contrato de 203 millones de pesos con la empresa Proyectos y Diseños VME, que en ese entonces vendía Pegasus en México, según documentos que obtuvo la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D).

Una iniciativa de reforma constitucional enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado, pretende que el actual fiscal, Guillermo Ruiz Hernández, dure en el cargo 9 años y no los 5 por los que fue designado.

El proyecto presentado en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo y firmada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez y su secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, consta de 7 páginas y pretende una modificación al Artículo 70 Constitucional, para que la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) permanezca por un período de 9 años y no 6 como lo establece la ley actualmente.