Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con la cual el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por los mismos delitos que cualquier otro ciudadano.

La aprobación se dio con 106 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones; la minuta regresará a la Cámara de Diputados para su revisión, luego de que en el Senado se realizaron modificaciones.

“Ese equipo tiene que presentar los primeros resultados el día 9 de noviembre, al tiempo que se llegó a un segundo acuerdo, el inicio formal de conversaciones para la cooperación entre Cofepris [Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios] y agencias regulatorias en ambos países para avanzar a una convergencia regulatoria que facilite el acceso de México a dispositivos sanitarios”, indicó.

La lucha feminista en torno a los derechos sexuales y reproductivos no termina con la decisión histórica de despenalizar el aborto a nivel nacional –tomada unánimemente por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 7 de septiembre–: toca seguir avanzando y crear un Código Penal único para unificar que interrumpir el embarazo no es un delito; así como legalizar la práctica en los estados de la República donde aún no se legisla a favor, afirma en entrevista Aleida Hernández Cervantes, doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

«Estamos aquí gracias a las compañeras y compañeros caídos en la resistencia y rebeldía. Nuestra rebeldía y resistencia es que nosotros queremos gobernarnos como pueblos», enfatizó el indígena chiapaneco ante cientos de asistentes de diferentes países que esperaban a La Extemporánea en el aeropuerto Schwechat este martes.

“Queremos que se respeten nuestras tierras”, reclamaban comuneras y comuneros en la plaza central de Ayutla este sábado, rodeados de topiles o elementos de seguridad y unas 200 personas con machete que intentaban minimizar el reclamo.

Todos llegaron desde las ocho de la mañana convocados para ser efectivo el acuerdo entre el presidente municipal de Ayutla y el de Tamazulápam del Espíritu Santo sobre el deslinde o el acto formal por el que establecerían los límites de las propiedades de Ayutla. Pero no todos conformes.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que obtuvo una condena de 28 años de prisión contra Vicente Carrillo Fuentes, el “Viceroy”, quien pertenecía a la organización criminal Cártel de Juárez, liderado por su hermano, Amado Carrillo Fuentes.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador compartió esta mañana que está analizando asistir a Estados Unidos a una reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre.

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó este lunes una seria advertencia a militantes de su partido que hayan aceptado cargos en el gobierno federal sin antes pedir licencia al Consejo Político del tricolor.

En su cuenta de Twitter, “Alito”, como también se le conoce al líder del tricolor, publicó una serie de mensajes en los que advierte que quienes no acaten los procesos establecidos por el partido, deberán enfrentarse a la posibilidad de perder la militancia.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no han repuntado los contagios de COVID-19 en menores de edad, a pesar de que van dos semanas del regreso a clases.

Informó que desde el pasado 30 de agosto, cuando se retornó a las aulas de manera presencial, se han presentado 9 mil 941 casos de COVID en menores de edad.

El Senado de la República aprobó reformas a Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para establecer el sorteo como mecanismo de enajenación de bienes públicos. El decreto se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Pese al rechazo de la oposición, fueron aprobadas con 60 votos a favor y 41 en contra las reformas que permitirán que el gobierno federal utilice los sorteos para enajenar bienes nacionales que no puedan ser vendidos ni tengan utilidad para el servicio público, además de que generen gastos presupuestales.

El Gobierno de México confirmó este martes que Israel Vallarta, detenido por secuestro desde 2005 por el mediático caso de la francesa Florence Cassez y sin sentencia hasta ahora, no estará en el grupo de cientos de liberaciones de internos sin sentencia, torturados, adultos mayores y enfermos graves que se encuentran en penales locales y estatales.

El Gobierno mexicano otorgará el día de mañana la libertad al menos a 681 internos sin sentencia, torturados, adultos mayores y enfermos graves que se encuentran en penales locales y estatales, informó esta mañana el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Chiapas es la entidad federativa con el mayor número de preliberaciones con un total de 198, seguida de Durango con 100; Baja California, 63; Zacatecas, 57; Veracruz, 50; Oaxaca, 48; y Ciudad de México, 40, según se dio a conocer este día.

La prensa conservadora de Estados Unidos, ligada en años pasados al entonces Presidente Donald Trump, sostiene que Samuel García, Gobernador electo de Nuevo León, financió su campaña con dinero sucio del crimen organizado. Cita documentos obtenidos en México. La nota es ampliamente destacada.

En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo menos 47 personas y familias han sido víctimas colaterales de casos de uso inadecuado de la fuerza, abuso de autoridad o negligencias por parte de efectivos del Ejército Mexicano. El saldo de estos casos ha sido de al menos diez personas muertas y diez lesionadas, además de afectaciones materiales.

Aunque se trata de hechos que constituyen posibles delitos federales – algunos de ellos graves – la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que no ha sancionado internamente a sus elementos ni ha presentado denuncias en contra de los implicados ante la Fiscalía General de la República (FGR).  Ello bajo el argumento de que no le toca. En cambio, ha pagado a las víctimas indemnizaciones millonarias a través de la firma de convenios secretos.