Amnistía Internacional denunció este lunes sobre las “deficientes investigaciones” sobre feminicidios precedidos de desaparición realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con un comunicado de AI,  la inacción y negligencia de las autoridades ha llevado a la pérdida de evidencias sobre casos en materia de feminicidios, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género. Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes, indicó Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició una indagatoria interna por posibles irregularidades o hechos de corrupción en un tribunal federal de Quintana Roo que, en julio pasado, canceló la orden de aprehensión girada contra del empresario Kamel Nacif por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

Dicha orden de captura, como Animal Político detalló en esta nota, fue cancelada luego de un voto dividido de los magistrados de 2 contra 1, y con argumentos como que no existía una instrucción por escrito de torturar a la periodista, o que Nacif no debería ser procesado por no ser funcionario público. 

En vísperas del séptimo aniversario de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja “bajo las líneas de investigación planteadas e impulsadas por las madres y los padres de los normalistas, que no fueron consideradas suficientemente”, en la recomendación 15VG/2018, emitida por el organismo durante la gestión anterior a la de Rosario Piedra Ibarra.

Tras señalar que con la nueva queja “reitera su compromiso con familiares y representantes de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos”, en un comunicado, el organismo rechazó informaciones publicadas en medios de comunicación que retoman la investigación que dio lugar a la recomendación 15VG/2018, acordes con la “verdad histórica” sostenida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que considera que los normalistas fueron asesinados, incinerados y sus cenizas esparcidas en el basurero del municipio de Cocula.

Ante la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que ordena a la Guardia Nacional elaborar y entregar una versión pública de los informes sobre el uso de la fuerza, Guillermo Fernández-Maldonado, responsable de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), celebró la determinación del órgano autónomo al que consideró “esencial” para el acceso a información “con una perspectiva de derechos humanos”.

Hace una semana, se dio a conocer la resolución del Inai a una impugnación del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a la primera respuesta de la Guardia Nacional de reservarse “de manera general e íntegra” la información sobre el uso de la fuerza del cuerpo de seguridad, del 27 de mayo de 2019 al 10 de marzo de 2021.

El empresario Ricardo Salinas Pliego amarró otro buen negocio con el gobierno de Sinaloa, ahora por “acciones de promoción” en el estadio de futbol Kraken, sede del club Mazatlán FC.

De acuerdo con la información difundida en su portal por Riodoce, la administración del gobernador saliente, Quirino Ordaz, otorgó un contrato de publicidad al club por la cantidad de 15 millones de pesos.

Pese a fallas en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió al gobierno de Estado Unido aplicarlo y el de Sembrando Vida en Centroamérica, como parte de la atención a migrantes.

Señaló que con ambos programas se daría empleo a 330 mil personas centroamericanas, en menos en seis meses, y que su gobierno está dispuesto a dar asesorías para la implementación.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por 8 votos a favor, la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que contiene el derecho de la objeción de conciencia de los médicos.

En la siguiente sesión, a realizarse el 21 de septiembre, se determinará si la invalidez contiene una exhortación al Congreso de la Unión, o bien, una obligación en términos de cómo debe legislarse para que exista en la ley la objeción de conciencia y la armonización con el derecho a la protección de la salud.

Por mandato del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) deberá buscar y dar a conocer cuántas medidas cautelares de seguridad y protección para periodistas ha aplicado entre el 1 de enero de 2017 y el 24 de junio de este año.

Dicha información, dijo, deberá precisar en cada caso la vigencia de la medida y el tipo de amenaza o agresión reportada.

Durante 20 años un monopolio controló la Red Nacional de Radiocomunicación en México, columna vertebral de las comunicaciones de seguridad a escala nacional, conocida como Red Iris.

Las autoridades en el estado de Guanajuato abrieron diversas líneas de investigación tras el ataque con explosivos registrado en un restaurante en el municipio de Salamanca que dejó dos muertos, según informaron fuentes oficiales este lunes.

“Este es un ataque terrorista sin precedentes en el estado, el cual eleva sin lugar a dudas el nivel de violencia de lo que habíamos vivido”, aseguró este lunes el Gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en entrevista con medios de comunicación.

El Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala anunciaron que 16 de sus delegados partirán este 21 de septiembre rumbo a Viena, Austria, para unirse a la Gira por la Vida en Europa, organizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Entre los 16 delegados se encuentran integrantes del pueblo maya de Yucatán, Campeche y Quintana Roo; del pueblo popoluca de Veracruz; binnizá de Oaxaca; purépecha de Michoacán; rarámuri de Chihuahua; otomí de la Ciudad de México, y nahua de Jalisco, Puebla, Michoacán y Morelos.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atoran las 7 denuncias y el proceso judicial contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y 6 funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó pruebas y presentó denuncias contra el mandatario tamaulipeco, familiares, empresarios y directivos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) durante un año; hasta ahora solo se ha detenido a Baltazar Higinio “R”, presunto prestanombres del político panista.

Dos camionetas, una Chevrolet Silverado y otra Toyota Sequoya, circulan a toda velocidad por una brecha ubicada entre Camargo y Gustavo Díaz Ordaz, en la frontera chica de Tamaulipas, a escasos kilómetros de EU.

En la troca de una de ellas, aterrorizados, hay un puñado de migrantes, casi todos guatemaltecos. Detrás, pisándoles los talones, un convoy de policías formado por un pick-up de la secretaría de Seguridad del Estado, tres blindados de los GOPES (Grupo de Operaciones Especiales) conocidos como Mamba Negra y otros dos pick up. Los agentes hacen uso de sus armas y alguno de los perseguidos alcanza a llamar a sus familiares: “nos están disparando”, relatan.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000611/2020 en contra de quien resulte responsable por los ocho contratos transexenales de prestación de servicios a largo plazo que, en 2010, autorizó el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa para que seis empresas privadas construyeran ocho reclusorios con presupuesto público cercano a los 300 mil millones de pesos, con una vigencia por 22 años (2010-2032).

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana la carta que le envió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le planteó la necesidad de crear un nuevo tratamiento ante el fenómeno de la migración.

“El fenómeno migratorio requiere de un tratamiento del todo nuevo. Desde luego es necesario ordenar el flujo, evitando el desorden, la violencia y garantizando los derechos humanos, sin embargo, no debemos quedarnos sólo en la aplicación de medidas de contención y menos de carácter coercitivo”, expresó López Obrador en la misiva.