Si bien es cierto que la voluntad política del gobierno de la 4T ha permitido al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acceder a archivos militares que les negaron con Enrique Peña Nieto, “sí nos hemos encontrado con resistencias que tienden a proteger el trabajo anterior, en fiscalía y en unidades de inteligencia”, dice la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago. La integrante del GIEI habla, además, de las nuevas líneas de investigación sobre la participación de militares y la manipulación del caso que aún encubre a personajes clave.
Siete años después de la desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, los investigadores del caso intentan “desenredar” los nudos y “pruebas falsas” que dejó la Procuraduría General de la República (PGR) del sexenio de Enrique Peña Nieto para impedir el esclarecimiento de ese crimen de lesa humanidad y proteger a los máximos responsables.
En ese camino sobre el cual hallaron “muchas evidencias fundamentales destruidas” han abierto nuevas líneas de investigación que apuntan a establecer los sitios en los cuales fueron arrojados los restos de los estudiantes –uno de ellos es la Barranca La Carnicería, pero “hay otros”– y a determinar el grado de participación de varios militares en esos hechos, a partir del análisis de documentos castrenses que los investigadores han revisado, por primera vez, en los últimos meses.
