Ayotzinapa es, sin duda, uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos de los últimos años. Un punto de inflexión en la forma en que se entiende la violencia en México, la complicidad del Estado en la comisión de delitos graves y cómo operan los mecanismos de la impunidad para encubrir la verdad. Es también una dolorosa herida abierta.

Este domingo se cumplen siete años de la desaparición, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa en hechos ocurridos en Iguala, Guerrero sin que hasta el momento se tenga certeza del paradero de los normalistas.

El pasado viernes, familiares de los estudiantes desparecidos se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. En el encuentro al que asistió el fiscal Alejandro Gertz Manero, reclamaron la falta de avances de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso.

“Para el gobierno hay avances. Pero para nosotros, como padres y madres, no los hay porque a siete años seguimos sin saber el paradero de nuestros hijos. Necesitamos respuestas”.

Las insuficiencias en las investigaciones de violencia feminicida en México son una constante, y aunque no hay entidad que esté exenta de esto, el Estado de México registra las mayores fallas en la materia con el constante extravío de evidencia, falta de análisis de otras posibles líneas de investigación y carencia de perspectiva de género en sus procedimientos, señala Amnistía Internacional. 

La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas aclaró que la orden para reponer el proceso penal por el que Jorge Fernández fue sentenciado a 47 años de cárcel por el feminicidio de su esposa, la española Pilar Garrido, en julio de 2017, no implica la absolución del imputado ni su libertad.

En un comunicado precisó que la decisión del Tribunal “tiene como finalidad que se verifique que las personas que asistieron al quejoso en la audiencia de juicio oral son profesionales en derecho”.

No fueron siete, sino dos veces más: en la madrugada de este sábado, 14 soldados mexicanos fueron bajados de los dos vehículos en que circulaban, detenidos, desarmados, esposados y registrados durante varias horas por agentes de la Patrulla Fronteriza estadunidense (CBP) en el cruce terrestre que separa Ciudad Juárez y El Paso, en Texas.

Aparte, uno de ellos fue retenido y castigado con una sanción civil, pues los agentes aduanales estadunidenses encontraron que el uniformado traía un poco de mariguana consigo.

En ese camino sobre el cual hallaron “muchas evidencias fundamentales destruidas” han abierto nuevas líneas de investigación que apuntan a establecer los sitios en los cuales fueron arrojados los restos de los estudiantes –uno de ellos es la Barranca La Carnicería, pero “hay otros”– y a determinar el grado de participación de varios militares en esos hechos, a partir del análisis de documentos castrenses que los investigadores han revisado, por primera vez, en los últimos meses.

Un juez federal rechazó en dos ocasiones la petición de la FGR de detener a 31 académicos denunciados por el Conacyt bajo el argumento de que la acusación presentada carecía, desde el principio, de pruebas y argumentos que acreditaran de forma coherente la existencia de un supuesto entramado delictivo, ni que justificaran la necesidad de encarcelarlos en un penal de máxima seguridad.

A ello se sumó posteriormente el hecho de que, desde el punto de vista del juez federal Gregorio Salazar Hernández, tampoco hay de origen ningún delito.

En la población menor de 18 años, que aún no está vacunada, las hospitalizaciones por COVID-19 se han incrementado 110% entre la primera ola, en enero y la tercera ola en agosto. 

En los mayores de 50 años, entre quienes la inmunización ya lleva un buen avance, los ingresos a hospital han bajado 48.5%. 

El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, para solicitar la detención y posterior extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal en el gobierno de Enrique peña Nieto.

El exfuncionario federal es acusado de incurrir en omisiones y responsabilidades graves en la integración del expediente del caso Ayotzinapa, indicó.

Una nueva balacera ocurrió esta mañana en la Ciudad de México, con saldo una persona muerta y otra herida, quienes al parecer custodiaban una camioneta de carga que circulaba por la avenida Oceanía, alcaldía Venustiano Carranza. No hay detenidos.

Los hechos se registraron antes de las 10 de la mañana, cuando presuntamente sujetos armados intentaron robar el vehículo de carga que acababa de salir de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 

Artículo 19 lamentó el uso faccioso del aparato de procuración de justicia para inhibir la libertad académica y de pensamiento como parte integrante del derecho a la libre expresión. 

En un pronunciamiento difundido este viernes, el organismo civil dijo que, si bien no se puede pasar por alto que desde marzo de 2020 se publicaron investigaciones periodísticas que señalan posibles usos irregulares de recursos por parte de un de grupo de científicos inculpados, la materia de dichas investigaciones –acotó-- no forma parte de las insistentes judicializaciones recientes por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El asesinato de la ciudadana española, Pilar Garrido Santamans, ha dado un vuelco. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región ordenó dejar insubsistente la sentencia contra Jorge “F”, esposo de la víctima, dictada y ratificada por el Poder Judicial de Tamaulipas.

Los magistrados del órgano judicial federal consideraron que el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de la Sexta Región Judicial de Tamaulipas declaró la culpabilidad sin pruebas contundentes y se basaron en percepciones de los elementos policiacos y judiciales aportadas por la agente del Ministerio Público de la Fiscalía tamaulipeca, Mireya Maldonado Villegas.

Un juez federal negó al extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, un amparo contra la orden de aprehensión por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Zerón interpuso el amparo alegando que la imputación en su contra era infundada y desvirtuando el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas investigaciones desmintieron la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto y acusaron el nivel de coordinación de algunas autoridades en la comisión de los crímenes.

El gobierno federal liberará a mujeres procesadas o sentenciadas por recurrir a la interrupción del embarazo o participar en el proceso.