El grupo paramilitar denominado Los Tlacos, que dirige Onésimo Marquina Chapa, ‘El Necho’, difundió un video donde se muestra la ejecución de más de 20 integrantes de la banda delictiva Guerreros Unidos.

Además, acusa al alcalde electo de Iguala, David Gama Pérez, postulado por la alianza PRI-PRD, de presuntos nexos con la delincuencia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no se esconde información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que se presentarán los testimonios de los militares que estuvieron presentes durante el suceso ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario afirmó que existe la voluntad política para dar a conocer todo lo relacionado con el caso de Iguala; además, hay instrucciones específicas de que la información no se oculte y tampoco se proteja a nadie, por lo que las instituciones están trabajando en conjunto.

Fiscales estadounidenses informaron que entregaron al abogado del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, documentos enviados por el Gobierno mexicano que detallan sus actividades comerciales.

Los documentos son parte de la enorme cantidad de pruebas que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York planea presentar en un juicio a García Luna, quien se encuentra preso en Nueva York. Los fiscales dijeron en una carta a César de Castro, abogado del exfuncionario mexicano, que le entregaron nuevas pruebas y que éstas incluyen además un álbum de fotografías.

La Fiscalía General de la República (FGR) decidió no apelar la decisión del juez federal Gregorio Salazar Hernández de no conceder las 31 órdenes de aprehensión que había solicitado en contra de académicos denunciados por el Conacyt, Sin embargo, mantiene abierta la indagatoria en su contra y podría proceder de nuevo en cualquier momento.

El pasado 27 de septiembre se venció el plazo de tres días hábiles con el que contaba la FGR para presentar la apelación sin que ello ocurriera. Esto significa que la decisión del juez de no conceder las órdenes solicitadas en esta ocasión queda firme y es definitiva.

Más de una centena de investigadores de instituciones privadas permanecerán en el  Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tras obtener una suspensión definitiva en los amparos interpuestos contra el nuevo reglamento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que a partir de 2021 los dejaría fuera del sistema aún cuando sus nombramientos siguieran vigentes. 

Jueces administrativos que analizaron los casos aceptaron los amparos interpuestos por los investigadores al considerar que el Conacyt los está discriminando por el tipo de institución en la que hacen investigación, toda vez que para su ingreso, la institución privada no era una limitante y se sometieron al mismo procedimiento de evaluación como el resto de sus pares en el Sistema Nacional de Investigadores, el mecanismo de reconocimientos a los investigadores más prolíficos del país.

El “Comandante Pezón”, uno de los líderes del Cártel del Golfo (CDG) en la frontera de Tamaulipas, fue ejecutado en Camargo, según reportes.

La Fiscalía de Tamaulipas informó que hubo un enfrentamiento entre los límites de los municipios de Camargo y Miguel Alemán, en la frontera con Texas. El reporte es de detonaciones en el lugar, aunque no fueron confirmados muertos.

De acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, en el mes de agosto, los delitos de crimen organizado como extorsión y narcomenudeo, son los que se registraron con mayor frecuencia en el país, seguido por los delitos socio-familiares como violación, violencia familiar y feminicidio. Todos ellos se ubicaron arriba de su media histórica mensual.

Sin embargo, el delito de feminicidio rompió récord histórico con 107 víctimas en el mes.

Debido al incremento de la violencia contra periodistas, México será sometido a juicio ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, “por incumplir con su obligación de procurar justicia” en el asesinato de Miguel Ángel López Velasco.

Han pasado cinco años y nueve meses exactos, recuerda Yesenia Zamudio con la rabia aún intacta en la voz. 

Cinco años y nueve meses desde aquel enero de 2016, cuando a su hija María de Jesús Jaimes Zamudio dos hombres la metieron a la fuerza a un carro, la subieron a su propio departamento en un quinto piso, y entre jaloneos y gritos de auxilio sin respuesta la aventaron al vacío por una ventana, asesinándola.

Risas, abrazos y cánticos. “Vamos a celebrar porque (el aborto) algún día se va a despenalizar”, gritó una de las participantes cuando recién iniciaba la marcha y razón por la que muchas aplaudieron. 

Se trata de las mujeres y personas gestantes que marcharon en Jalisco en el día de acción global por un aborto legal y seguro, en una convocatoria realizada por la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser). 

Familiares de Georgina N., la mujer detenida junto con su pareja Eduardo N., ambos acusados de enviar la bomba al dueño del restaurante “Barra 1604” de Salamanca, protestaron este martes en Valle de Santiago en defensa de la mujer, pues aseguran que no está implicada en los hechos y que la pareja es acusada injustamente.

Ambos fueron vinculados a proceso ese martes en un juzgado penal, por lo que permanecerán en prisión preventiva.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los jueces y magistrados federales sí están facultados para inaplicar cualquier ley, norma o acuerdo que consideren inconstitucional al momento de resolver un juicio de amparo. Es decir, que los tribunales y juzgados federales sí pueden aplicar el control constitucional por iniciativa propia, aunque el solicitante de amparo o quejoso no lo haya manifestado en su demanda

Al resolver una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados, el Pleno de la Corte dio marcha atrás a un precedente del 2015 que limitaba el llamado control de constitucionalidad a normas procesales como la propia Ley de Amparo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y al Código Federal de Procedimientos Civiles.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo sometió a una investigación por delitos federales de los que se desconoce el desenlace; incluso le abrió un expediente a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por lavado de dinero para financiar su campaña para la gubernatura (Proceso 2334).

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que cinco de sus integrantes de la comunidad de Tula fueron emboscados por ocho sujetos armados en la carretera de Ahuixtla en dirección hacia Papaxtla.

El CIPOG-EZ informó que tres de los emboscados resultaron «gravemente heridos» por los sujetos que portaban «armas de fuego R-15 y cuernos de chivo», a quienes acusaron de forma parte del grupo narcoparamilitar «Los Ardillos».