Previo a la audiencia de preparación de juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fiscales del Departamento de Justicia estadunidense presentaron a la Corte en Brooklyn, Nueva York, más evidencias contra el acusado.

En una misiva dirigida a César de Castro, abogado de oficio de García Luna, los representantes del gobierno de Estados Unidos dieron cuenta de la lista de nuevas evidencias que sostienen la acusación de que el exfuncionario mexicano incurrió en el delito colusión con el narcotráfico.

Elisa Xolalpa, una mujer campesina del pueblo originario de San Luis en Xochimilco que fue víctima de un intento de feminicidio con ácido por parte de su expareja, espera que el Poder Judicial de la Ciudad de México resuelva en una próxima audiencia un “castigo ejemplar” contra su agresor para que nadie más dentro de su comunidad cometa otra vez esta violencia.

Al menos tres amparos contra autoridades federales y locales fueron interpuestos por 23 familias de las comunidades de El Manzano y Monterde, desplazadas por la violencia del crimen organizado en Chihuahua.

Las familias denunciaron que desde 2015 las autoridades han sido omisas en implementar un programa de protección y reparación que les permita regresar a sus hogares, de los que tuvieron que huir por la operación de grupos del crimen organizado que buscan apropiarse de sus tierras, la siembra de drogas y la tala ilegal de árboles.

Tras meses de negociaciones fallidas, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) firmaron el contrato colectivo de trabajo 2021-2023, en el que acordaron un incremento salarial del 3.4 por ciento y en prestaciones de 1.76 por ciento.

Al respecto, Pemex afirmó que el aumento salarial pactado permitirá mantener el poder adquisitivo de los trabajadores petroleros, así como favorecer su desempeño individual y colectivo.

Miguel Ángel Vázquez Reyes, exsubsecretario de Administración y Capital Humano en el Gobierno capitalino de Mancera, entregó información que podría acreditar desvío de cerca de mil millones de pesos entre servidores públicos, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

“El imputado ha aportado al Ministerio Público, datos, nombres y documentos que podrían acreditar la distribución de cerca de mil millones de pesos entre diversos servidores públicos y actores políticos en forma indebida”, expuso este miércoles la dependencia.

La organización Familia Pasta de Conchos acusó este jueves a Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo y Previsión Social en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, de haber creado su propia “verdad histórica” para no rescatar a los mineros que quedaron atrapados, utilizando argumentos del dictamen que elaboró el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), el cual actualmente se encuentra bajo investigación judicial por presuntos malos manejos de dinero público.

El municipio de León despojó de mil metros cuadrados al Jardín de Niños Juan Aldama, ubicado en la colonia Mirador Campestre, para venderlo y beneficiar una propiedad residencial del empresario Gabriel Padilla Cordero, dueño del G100 y cercano al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

De acuerdo a la investigación de Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (Poplab), la operación, que se realizó a través de Jorge Arnulfo Álvarez Tostado, un empleado del corporativo, estuvo avalada por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y se ocultó información a tres regidoras.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, anunció que el secretario de Estado estdadounidense, Antony Blinken, visitará México el próximo 8 de octubre para abordar las estrategias de combate a la delincuencia organizada y el consumo de drogas.

De acuerdo con el canciller, será un diálogo de alto nivel en el que además de Blinken, participará el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general estadounidense, Merrick Garland.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el miércoles que tiene la intención de emitir un nuevo memorando en las próximas semanas que ponga fin al programa de inmigración conocido coloquialmente como ‘Quédate en México’ o ‘Permanecer en México‘.

El departamento emitió un memorando en junio poniendo fin al programa implementado por el expresidente Donald Trump, conocido formalmente como Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), pero un juez de Texas dictaminó que debía reinstalarse.

El grupo paramilitar denominado Los Tlacos, que dirige Onésimo Marquina Chapa, ‘El Necho’, difundió un video donde se muestra la ejecución de más de 20 integrantes de la banda delictiva Guerreros Unidos.

Además, acusa al alcalde electo de Iguala, David Gama Pérez, postulado por la alianza PRI-PRD, de presuntos nexos con la delincuencia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no se esconde información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que se presentarán los testimonios de los militares que estuvieron presentes durante el suceso ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario afirmó que existe la voluntad política para dar a conocer todo lo relacionado con el caso de Iguala; además, hay instrucciones específicas de que la información no se oculte y tampoco se proteja a nadie, por lo que las instituciones están trabajando en conjunto.

Fiscales estadounidenses informaron que entregaron al abogado del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, documentos enviados por el Gobierno mexicano que detallan sus actividades comerciales.

Los documentos son parte de la enorme cantidad de pruebas que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York planea presentar en un juicio a García Luna, quien se encuentra preso en Nueva York. Los fiscales dijeron en una carta a César de Castro, abogado del exfuncionario mexicano, que le entregaron nuevas pruebas y que éstas incluyen además un álbum de fotografías.

La Fiscalía General de la República (FGR) decidió no apelar la decisión del juez federal Gregorio Salazar Hernández de no conceder las 31 órdenes de aprehensión que había solicitado en contra de académicos denunciados por el Conacyt, Sin embargo, mantiene abierta la indagatoria en su contra y podría proceder de nuevo en cualquier momento.

El pasado 27 de septiembre se venció el plazo de tres días hábiles con el que contaba la FGR para presentar la apelación sin que ello ocurriera. Esto significa que la decisión del juez de no conceder las órdenes solicitadas en esta ocasión queda firme y es definitiva.

Más de una centena de investigadores de instituciones privadas permanecerán en el  Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tras obtener una suspensión definitiva en los amparos interpuestos contra el nuevo reglamento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que a partir de 2021 los dejaría fuera del sistema aún cuando sus nombramientos siguieran vigentes. 

Jueces administrativos que analizaron los casos aceptaron los amparos interpuestos por los investigadores al considerar que el Conacyt los está discriminando por el tipo de institución en la que hacen investigación, toda vez que para su ingreso, la institución privada no era una limitante y se sometieron al mismo procedimiento de evaluación como el resto de sus pares en el Sistema Nacional de Investigadores, el mecanismo de reconocimientos a los investigadores más prolíficos del país.