Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, demandó “abrir una investigación al Ejército Mexicano y fincar responsabilidades penales”, luego de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) dio a conocer la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con los diálogos sostenidos en 2014 entre El Gil y un jefe policiaco de Iguala.

Rosales reveló que en la última reunión que sostuvieron el pasado 24 de septiembre con el presidente López Obrador, “nos la dio a conocer, pero obviamente nosotros no la hicimos pública, porque consideramos que son elementos que pueden contribuir. Ahí se mencionan nombres que todavía no están procesados; se está dando información que se puede cruzar, que se puede hilar con otros elementos de prueba que haya. Una información que haces pública ya se compromete y pone en riesgo total la investigación”.

Este lunes se llevará a cabo la continuación de la audiencia inicial del panista Ricardo Anaya, que en agosto pasado se pospuso ante la falta de acceso a la carpeta de investigación para garantizar el derecho a una defensa adecuada.

La diligencia será en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de manera virtual, donde el juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor, lo imputará por la comisión de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

No sólo eso: también acostumbran canalizar parte de sus fortunas a paraísos fiscales y bancarios, desde los cuales satisfacen sus excentricidades y diversifican sus portafolios de bienes mediante la compra de inmuebles en Estados Unidos –principalmente en Miami, Nueva York o Vail–, yates o aviones o para controlar cuentas bancarias en Suiza.

Durante más de un año, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) coordinó a más de 600 periodistas para analizar cerca de 12 millones de documentos internos provenientes de 14 firmas especializadas en estructuras offshore, con sedes en 38 países.

Millones de documentos filtrados, que dieron pie a la mayor colaboración periodística en la historia, revelan los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios en más de 91 países y territorios, así como un abanico global de fugitivos, estafadores y asesinos.

Estos papeles secretos exhiben los negocios offshore del Rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair. Los archivos también detallan las actividades financieras del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otras naciones.

Un juez de control decretó este 1 de octubre la prisión provisional contra Javier “N”, acusado del asesinato del activista Samir Flores Soberanes y detenido el jueves 30 septiembre en Cuatla, Morelos.

El sospechoso se encontraba ya en la cárcel acusado de un delito de venta de drogas y otro de intento de homicidio, por intentar presuntamente matar a los policías que trataron de arrestarlo en julio de 2020, según confirmaron fuentes oficiales a Animal Político.

Cinco años después del asesinato de ocho personas durante una manifestación de maestros en Nochixtlán, Oaxaca, la Fiscalía General de la República (FGR) comprobó que la policía estatal acudió armada a disolver la protesta, hecho que los pobladores denunciaron en su momento y las autoridades negaron. Aunque aún faltaría deslindar responsabilidades contra la Gendarmería, que pertenecía a la Policía Federal, y también participó en el operativo. 

Este viernes, la FGR informó la vinculación a proceso de dos exmandos policiacos estatales que participaron en el operativo cuyas acciones y omisiones “produjeron el homicidio de seis y las lesiones de 28 civiles, que fueron perpetrados por los elementos policiales que acudieron armados”. 

El exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, enfrenta investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por corrupción, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al mismo tiempo que aseguró que no intervendrá en las acusaciones.

“En cuanto a la investigación por presuntos delitos de corrupción de las autoridades anteriores, eso está en la Fiscalía General de la República y hay que esperar a que se proceda porque ya hay autonomía. No podemos intervenir en los asuntos, en las investigaciones que corresponden a la Fiscalía”, advirtió el Jefe del Ejecutivo.

México pretende hacer justicia sobre uno de los periodos más negros de su historia: 25 años de la segunda mitad del siglo XX en los que los cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el sábado un decreto para crear una Comisión de la Verdad que investigue los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1965 y 1990 con el fin de hacer justicia por esos crímenes, buscar a las personas que todavía siguen desaparecidas de esa época —en torno al millar— y reparar a las víctimas.

Pueblos indígenas de Oaxaca rechazaron la celebración “Encuentros indígenas Oaxaca-Canadá 2021”, pues algunas comunidades han sido objeto de invasión y despojo de sus tierras mediante la instalación de mineras canadienses.

En un comunicado conjunto, la autoridad municipal de San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir Ocotlán, el Comité Ixtepecano en defensa de la vida y el territorio, el Colectivo Matza de San Miguel Chimalapa, entre otros, manifestaron que en el encuentro aluden a una “diversidad” cultural desde una mirada mercantilizable. Pero lo que hay detrás, denunciaron, es una historia de despojo compartida con los pueblos canadienses.

Apenas el primer día de octubre se registraron seis homicidios en distintos puntos de Tijuana, de acuerdo con el reporte diario de la Fiscalía General del Estado, con lo que suman mil 510 en lo que va del año en la ciudad fronteriza.

El primer hecho se reportó a las 4:55 horas, en la calle Pedro Hernández y Primera a un lado de abarrotes la Güera, de la colonia Granjas División del Norte, delegación Centenario, donde se localizó a un hombre, entre 50 y 55 años sin vida.

Horas más tarde, se encontró el cuerpo de una mujer, de entre 45 y 50 años, con una mancha de sangre en la cabeza, sobre la carretera escénica Tijuana – Rosarito a la altura del puente La Joya, km 14+ 300 Tijuana – San Miguel ( Directo) delegación Playas de Tijuana.

Criminales que se disputan regiones de Zacatecas dañan las antenas de comunicación de las poblaciones para evitar que los habitantes puedan pedir ayuda, confirmó José Humberto Salazar, Alcalde de Jerez, el epicentro de la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

“Las dañaban con la finalidad de que no funcionen y de que esté aislada el área. Al estar incomunicada la población, pues están aislados, están completamente desprotegidos”, dijo Salazar durante una entrevista con Marco Antonio Coronel y Adrián Tinoco de Televisa.

La manifestación para clamar por justicia por los eventos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco transcurrió este sábado con relativa tranquilidad en la Ciudad de México, salvo por eventos aislados entre encapuchados y policías que dejaron cuatro lesionados hasta ahora, todos ellos uniformados.

La marcha se llevó a cabo con la presencia de unos cinco mil 200 participantes, de ellos, aproximadamente 80 eran encapuchados, de acuerdo con autoridades capitalinas. Los asistentes permanecieron en la Plaza de la Constitución hasta las 18:40 horas (tiempo del centro de México) aproximadamente, luego de finalizar un mitin.

Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014 consideraron que la difusión de la información sensible del caso es “riesgosa” puesto que puede comprometer la investigación que se realiza actualmente.

Este viernes, la Secretaría de Gobernación (Segob) difundió mensajes relacionados con la desaparición de los normalistas que habrían sido enviados entre policías municipales de Guerrero y hombres que pertenecerían a grupos criminales, entre ellos Guerreros Unidos.

Las tensiones acumuladas en Pantelhó no han estallado el primero de octubre, día del cambio de administración municipal, disputada entre el alcalde electo y un concejo popular nombrado por usos y costumbres. Algunas casas siguen cerradas, otras quemadas, decenas de elementos de la Guardia Nacional y del ejército todavía resguardan la entrada de la cabecera municipal, ayer el pueblo que se levantó en contra del crimen organizado lucía tranquilo, a pesar de las alertas.