A 9 meses de su publicación, al menos 26 empresas de la agroindustria han interpuesto juicios de amparo para evitar acatar el decreto presidencial que ordena la reducción gradual del uso del glifosato –potencialmente cancerígeno– para 2024. Bayer-Monsanto, empresa que patentó inicialmente este herbicida, es una de las trasnacionales más activas en esta lucha legal.

Las firmas del sistema agroalimentario industrial –acostumbradas al uso de paquetes tecnológicos con herbicidas y fertilizantes sintéticos– no sólo se enfrentan al Ejecutivo federal, que trabaja a contrarreloj para cumplir con el decreto, sino también al Poder Judicial que, hasta ahora, ha negado sus solicitudes de suspensión provisional.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años al director general del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), Antelmo Abelardo Meneses García, por motivos relacionados con su declaración patrimonial.

    

El director del Incan tiene derecho a impugnar esta sanción de la SFP ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), por lo que hay posibilidades de echar abajo la medida.

La organización Causa en Común reportó que de enero a septiembre de 2021 se han registrado “al menos 800 casos de tortura”, y que sólo en septiembre ocurrieron 438 eventos catalogados como “atrocidades” que habrían dejado mil 490 víctimas.

Causa en Común, liderada por la activista María Elena Morera, informó que de acuerdo con el estudio “Atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios periodísticos”, prevalecen los hechos de extrema violencia en el país, considerados como “atrocidades”, es decir, actos en los que se hace “uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte en un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político y/o para provocar terror”.

En su declaración final en la que acusó al excandidato presidencial Ricardo Anaya de recibir 6 millones 800 mil pesos por haber aprobado la reforma energética, y que fue utilizada por la FGR para armar el caso que presentó ante un juez, Emilio Lozoya no reveló las fechas precisas en la que supuestamente se acordaron y realizaron los pagos, ni tampoco explicó de dónde provino el dinero y cómo es que se entregó.

De hecho, en dicho testimonio el exdirector de Pemex ya no refiere que el dinero proviniera de transferencias realizadas por la constructora brasileña Odebrecht. En lo único que insiste, en más de 8 ocasiones, es que el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray supo y autorizó la entrega de los recursos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “hay que hacer una investigación” hacia los funcionarios y exfuncionarios que tienen fortunas en paraísos fiscales, como reveló la investigación de “Pandora Papers”. 

Según la investigación, son más de 3 mil mexicanos los que tienen estas fortunas, pero destacan algunos personajes como el exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra; el senador por Morena y empresario minero, Armando Guadiana; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, y Julia Andaba Lemus, pareja del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, desestimó que la difusión de información compartida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ponga en riesgo la investigación.

Lo anterior, luego de que la representación legal de los familiares, a través del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como los integrantes de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), criticaron esa determinación.

La Compañía Minera Zapalinamé, propiedad del senador morenista y presidente de la Comisión de Energía en el Senado, Armando Guadiana Tijerina, ganó el concurso para obras de recuperación en la mina Pasta de Conchos, convocada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La adjudicación fue resultado de un “concurso abierto” para contratación de obras. El fallo se realizó el pasado 8 de marzo, de acuerdo con el expediente consultado por proceso.com.mx.

Un ataque armado en un evento de feligreses católicos que estaban en el atrio de la iglesia de San Francisco de Asís, ayer por la noche y en pleno centro de la ciudad de Iguala, dejó un saldo de un hombre y un niño heridos de bala.

El atentado causó pánico entre la ciudadanía y suspendió un evento cultural que se realizaba en la plaza central “Las tres garantías” donde participaban grupos artísticos extranjeros y nacionales.

La empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) del magnate mexicano Carlos Slim negó tener responsabilidad alguna en el derrumbe de un tramo de la línea 12 del metro de Ciudad de México, que tuvo lugar el 3 de mayo y dejó una veintena de muertos.

En un comunicado, la compañía pidió que se lleve a cabo una investigación acerca de la "sobrecarga" en el marco de los trabajos de rehabilitación que se llevaron a cabo en 2015. En este sentido, culpó de lo sucedido a la falta de mantenimiento, entre otras cuestiones, como los seísmos bajo la ciudad y los hundimientos registrados.

Rodrigo Morales Vázquez, de 44 años, logró dejar las drogas gracias a tres cosas: el nacimiento de su hijo, la ayuda de un sacerdote, y el activismo social.  

Rodrigo había nacido en la San Antón, una colonia popular de la ciudad de Cuernavaca, la capital de Morelos. En aquel entonces, finales de los noventa, el panorama no era tan distinto al de ahora: era un barrio con mucho desempleo, mucha droga, y muchos chavos que comenzaron a formar sus propias bandas para sobrevivir en la calle.

“Es una área donde el robo de gas y gasolina la delincuencia está activa. Se han asegurado 19.3 millones de litros de combustible; se han clausurado empresas de venta de gas. En San Martín Texmelucan se concentra este ilícito”, explicó.

La detención de Javier “N”, alias el Tamalaco, acusado de participar en el asesinato del defensor nahua Samir Flores Soberanes, “demuestra el montaje oportunista que el fiscal Uriel Carmona hizo sobre la supuesta detención de este criminal”, pues prueba las contradicciones de las mismas autoridades sobre el manejo del caso, denunció el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala.

En un comunicado, el FPDTA señaló que si bien la Fiscalía de Morelos informó la detención de Javier “N” el pasado 30 de septiembre, en la audiencia se observó que las investigaciones que señalan al Tamalaco y por las que se logró su detención datan del 2019, fechas que coinciden con las declaraciones de Carmona “donde señalaba que ya se tenían identificados a los probables responsables”.

Rosario Robles Berlanga, exsecretaría de Desarrollo Social (Sedesol), expuso que un Juez le concedió un amparo en contra del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para que ya no pueda referirse a ella ni a su caso.

La mañana de este lunes inicia una audiencia por imputación de cargos contra autoridades comunitarias y activistas del pueblo rarámuri de San Elías Repechique y Mogótavo, Chihuahua, acusados de despojo agravado por defender su territorio.

«El despojo lo pretenden los denunciantes», aseguró la Red para la Defensa de los Territorios en Tarahumara frente al anuncio de que el juez de control radicado en Cuauhtémoc citó al primer gobernador de la comunidad de Bosques San Elías Repechique para la audiencia, así como a 15 habitantes de la comunidad de Mogótavo para revisar el No ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.

El Partido Acción Nacional (PAN) dijo esta mañana que “no acompañará de ninguna forma la iniciativa” de Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero su socio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que sus legisladores “van a ser responsables con los ciudadanos, pero también con nuestras instituciones”, y de esa manera abrió a debatir la posibilidad de apoyarla.

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, recalcó que no apoyará la Reforma Eléctrica debido a que consideró que es “destructiva y regresiva”.