El juez Ganther Alejandro Villar Ceballos decidió mantener la prisión preventiva en contra de Rosario Robles, porque “prevalece un elevado riesgo de fuga” de la exsecretaria. 

Esto, pese a que Robles Berlanga  obtuvo un amparo de forma definitiva contra la medida cautelar. 

Previo a dar a conocer la decisión, el propio juez indicó que tanto la propuesta de la Fiscalía, de mantener la prisión preventiva, como las propuestas de la defensa, “resultan idóneas para sujetar a la imputada al proceso”.

La Auditorías Superior de la Federación (ASF) gastó 2 millones 992 mil pesos para hacer remodelaciones en su sede de Avenida Morelos –a una cuadra de Reforma– que se encuentra en desuso desde 2017 para empleados, pero que el auditor federal, David Colmenares, utiliza como oficina alterna. 

Las remodelación consistió en rehabilitación de espacios y la instalación de regadera, cocineta con parrilla eléctrica y clóset en el inmueble de la calle Morelos, número 82 en la colonia Centro. Una adecuación similar a la hecha en el despacho de Colmenares en el edificio del Ajusco, como reveló Animal Político este lunes.  

Una mujer trans fue atacada con ácido en el centro histórico de esta capital y su estado de salud se reporta como grave.

La agresión se registró en la calle Francisco I. Madero frente al hotel Casa Diana, cerca de la Calzada Independencia Sur.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla inició un proceso administrativo en contra de la activista Claudia Martínez Sánchez a la que acusa principalmente de compartir en un grupo de Whatsapp notas contrarias o críticas hacia el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Martínez Sánchez, quien además de ser maestra y periodista, dirige el Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, fue notificada el 11 de octubre, mediante el oficio BHR/0005/20-21, que se levantaría en su contra un acta administrativa.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) deberá transparentar los resultados de una auditoría que el Órgano Interno de Control de esa institución practicó en 2019 a la subdirección de Calidad para el Deporte, así como todas las observaciones, anexos, recibos de pago, bitácoras, cheques y cualquier documento similar, con la debida protección de los datos personales.

“Elegí exponer públicamente este recurso de revisión, porque aparte de ser un tema de rendición de cuentas (…) me permitió ilustrar el trabajo complementario que debe de existir entre los distintos componentes del sistema de rendición de cuentas mexicano”, afirmó la comisionada Norma Julieta del Río Venegas al exponer el caso ante el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El gobierno federal registró 68 asesinatos de mujeres, clasificados como feminicidios, en septiembre, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, informó que, respecto a lo reportado en agosto, cuando se informó de 108 casos, hay una reducción de 63% feminicidios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, este miércoles 20 de octubre, que la reinstalación del campamento de migrantes instalado en la garita de El Chaparral, es un tema que está siendo atendido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en conjunto con el Gobierno estadounidense.

La garita de El Chaparral es, desde el 2012, la principal puerta de entrada vehicular de San Diego, California, Estados Unidos, hacia Tijuana, Baja California, en México, y viceversa. Remplazó el cruce fronterizo anterior denominado “Puerta México” y se incrementó a 22 carriles, lo que supuestamente reducía el tiempo de espera para los vehículos.

Los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos que acusan de narcotráfico a Genero García Luna, solicitaron a la Corte encargada del caso, realizar una audiencia para determinar la protección de información clasificada.

En un memorando de 19 páginas los fiscales le informan a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, la “aplicabilidad” del Acta de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés) durante un eventual juicio a García Luna.

La comunidad de Rancho Nuevo se ha quedado casi vacía. En la pequeña plaza hay cinco hombres sentados —la mayoría ancianos— rodeados por casas abandonadas, con puertas de las que penden candados. Las tiendas de abarrotes están cerradas y la pequeña iglesia luce deshabitada. Las desapariciones de personas y las balaceras entre grupos criminales, que se incrementaron desde el  2020, convirtieron en un gran pueblo fantasma a esta región de los Altos Norte de Jalisco.

Ahí, en mayo de este año, trescientas personas huyeron de sus hogares. Se fueron ya sea a Teocaltiche (la cabecera municipal), a Estados Unidos o a otros municipios cercanos. Quedan, al menos, ocho familias que se niegan a dejar su patrimonio. Otras no se van por falta de recursos. Ellos siguen resistiendo. 

«El dictamen aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y hoy turnado a la cámara de senadores refleja el desprecio a los conocimientos de la medicina tradicional y sus conocedores, quienes en su mayoría son mujeres indígenas», denunciaron parteras, académicas, organizaciones y colectivos indígenas frente a la reforma a la Ley General de Salud.

Señalaron que la pretensión de la reforma para regular, utilizar y aprovechar la medicina tradicional bajo estándares de origen y cosmovisión ajenos a las culturas de los pueblos indígenas «se suma al despojo histórico y colonial» de los territorios, sus saberes y tecnologías «a nombre del Estado Mexicano».

En un comunicado, las parteras y mujeres indígenas destacaron que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados viola los derechos colectivos y tratados internacionales que respaldan el derecho a la libre determinación de los pueblos, pues la reforma no fue consultada de manera previa, libre e informada como marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Organizaciones de derechos humanos exigieron la terminación y archivo definitivo del proceso penal contra los defensores tseltales César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, detenidos por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón, Chiapas, desde el 15 de octubre de 2020.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) recordaron César y José Luis fueron detenidos arbitrariamente, torturados e incomunicados cuando participaban en una protesta contra la militarización del territorio tselal, reprimida por alrededor de 300 policías y ante la presencia de la Guardia Nacional.

Tras la represión, César y José Luis fueron puestos a disposición del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 01, de Cintalapa, y vinculados a proceso por el delito de motín, sin que se considerará las violaciones a derechos humanos documentadas por los abogados de ambos defensores comunitarios.

La Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas ratificó la sentencia de 47 años de prisión contra Jorge “F”, por ser el responsable del asesinato de su esposa, la española Pilar Garrido Santamans.

A partir de hoy, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito revisará la argumentación aportada por la magistrada Gloria Garza Jiménez, y los magistrados Jorge Durham Infante y Javier Castro Ormaechea, integrantes de la Sala mencionada.

El gobierno de Estados Unidos entregó a Juan Carlos de la Cruz Reyna, alias “JC”, quien es presunto líder del Cártel del Golfo (CDG), a la Fiscalía General de la República (FGR).

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) recibieron y aprehendieron al sujeto en el puente de Nuevo Laredo la mañana de este martes, con ayuda de integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México.

Como si los juarenses no tuvieran memoria, Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México de 2006 al 2012, reivindicó este martes el sentido de su lucha contra el crimen organizado en Ciudad Juárez y el país, al asegurar que fue una estrategia para restablecer el Estado de derecho, necesario para detonar el crecimiento económico.

“Esa fue la razón de nuestra estrategia de seguridad, muy cuestionada, en fin, pero lo que buscábamos era que la aplicación de la ley y la vigencia del estado de derecho”, dijo Calderón Hinojosa, quien este martes se reencontró con esta comunidad fronteriza donde su estrategia contra el narcotráfico enlutó a familias de más de 10 mil 500 víctimas de la violencia.