La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó este lunes sobre la detención de José “L”, quien estaría relacionado con el ataque armado ocurrido en un bar de Tulum, el cual dejó un saldo de dos personas muertas y tres lesionadas.

A través de un mensaje en redes sociales, la Fiscalía estatal detalló que la orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes de investigación. José “L” es acusado por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y lesiones en agravio a tres personas.

La tasa de desempleo en México se ubicó en un 4.2 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en septiembre de 2021, una cifra inferior al 5.1 por ciento del mismo mes en 2020, según informó este lunes el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi).

“En el mes de referencia, la población desocupada se estableció en 2.4 millones de personas e implicó una tasa de 4.2 por ciento de la PEA. Respecto al noveno mes de 2020 la población desocupada descendió en 344 mil personas”, indicó el Inegi en un comunicado.

Tenían la protección del Estado mexicano y aún así los mataron. Usaron el botón de emergencia proporcionado por la empresa RCU sistemas S. A de C.V. y no funcionó. Un documento en manos del equipo de esta investigación revela que en México asesinaron a dos defensores y a seis periodistas, entre 2017 y 2020, mientras contaban con medidas cautelares del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas.

Los ocho defensores y periodistas que dejó desprotegidos la empresa RCU Sistemas -compañía contratada por el Mecanismo en el 2014 para dar seguridad y salvaguardar sus vidas, pero no lo hizo- tienen nombres y apellidos, viven de norte a sur de la República mexicana, y hoy ya no están; su muerte dejó en orfandad a sus hijos, en la viudez a sus parejas, mientras que sus comunidades quedaron con miedo.

En Amacuzac, un municipio históricamente controlado por grupos delincuenciales, la VI Brigada Nacional de Búsqueda Personas Desaparecidas (BNBPD) concluyó actividades en Morelos. Ahí las familias lograron un “posible hallazgo positivo”.

Al cierre de la jornada sumaron 11 fosas clandestinas encontradas en el estado con restos humanos e información para localizar con vida a tres personas.

Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dio a conocer que le pidieron inculpar a Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto en situaciones que calificó como totalmente falsas.

Durante una entrevista con Héctor de Mauleón para El Universal, Robles confesó que es víctima de una venganza política y presa porque personajes de afuera temen que ella esté libre, pues no le perdonan que no ha querido someterse a lo impuesto y que tampoco sea “una mala copia”, ya que mientras seguía órdenes todo estaba bien, sin embargo, cuando empezó a formar su personalidad política, eso ya no fue adecuado.

Los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán esperan presentar el lunes los argumentos ante una corte de apelaciones para que se anule la sentencia de cadena perpetua que un Juez impuso al narcotraficante mexicano en julio de 2019.

Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, se sometió a un juicio en Nueva York y fue declarado culpable de asociación delictiva para traficar drogas. Gozaba de una fama casi mítica tras fugarse de la cárcel dos veces en México, la segunda mediante un túnel abierto en el baño de su celda. Fue recapturado, extraditado a Estados Unidos en 2017 y sometido a confinamiento solitario.

Mientras habitantes de las comunidades ventosas de Arriaga, Chiapas; de Juchitán, Oaxaca, y de Chapulco, Puebla, enfrentan altas tarifas eléctricas hasta de mil pesos, pagos “injustos” de la renta de sus tierras, arrestos o falta de consulta indígena, los ruidosos aerogeneradores del magnate Ricardo Salinas Pliego, de la japonesa Mitsubishi y de las españolas Renovalia e Iberdrola instalados en sus territorios abastecen de electricidad a sus socias Elektra, TV Azteca, FEMSA, Grupo Bimbo y Grupo Modelo.

Estos casos al sureste y centro mexicano son sólo una muestra de cómo la “transición energética corporativa” —escudada bajo la crisis climática— acumula capital a costa del desplazamiento y el conflicto socioambiental sin beneficiar a las poblaciones donde se asientan, pero ahora “pintados de verde”, como plantea la organización GeoComunes que mapeó los megaproyectos de energías renovables en el informe “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano” (2020).

Al menos siete muertos y 25 casas incendiadas dejó el ataque de un grupo armado a las comunidades Ndoyonoyuji, Guerrero Grande, Mier y Terán perteneciente al municipio de San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco, denunció el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas.

Mientras que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se encuentra de turismo político en Nueva York, en la región mixteca un grupo armado mantiene en “estado de sitio” a los habitantes de estas tres comunidades lo que provocó el desplazamiento forzado de 25 familias se encuentran refugiadas en la ciudad de Tlaxiaco.

La secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, Inés Parra, advirtió que las revelaciones del gasto público para los despachos del auditor federal, David Colmenares, debería ser motivo para llamarlo a comparecer e incluso, ella pedirá su destitución en la próxima reunión de dicha comisión.

Sin embargo, obligarlo a comparecer dependerá de la votación de los 38 integrantes de la Comisión de Vigilancia y de quien recae la responsabilidad por ley de pedir cuentas a la Auditoría, pero “hay inercias” que lo podrían impedir, reconoció la legisladora.

El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania emitió una advertencia de viaje sobre la Riviera Maya mexicana. En ella no prohíben los viajes a la región, pero recomienda a los turistas alemanes que estén en la zona que tomen precauciones frente a la inseguridad.

Ayer, un enfrentamiento armado entre integrantes de dos presuntas células delictivas en el interior de un restaurante en el municipio de Tulum, Quintana Roo, dejó un saldo de dos mujeres muertas, una de ellas de origen alemán y otra de la India.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas de protección para aproximadamente 4 mil personas que forman parte de la caravana migrante que este sábado 23 saldrá de Tapachula, Chiapas, a la Ciudad de México.

El organismo informó que pidió a autoridades federales y de los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, “implementar medidas para salvaguardar” a las personas migrantes en su integridad y derechos fundamentales, “ante la posibilidad de que se recurra al uso de la fuerza pública para contenerlos”.

A siete años del derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi, provocado por la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) siguen sin encontrar eco a sus reclamos para una remediación efectiva y una debida atención a las víctimas afectadas por la tragedia ambiental.

En un comunicado difundido este viernes, el movimiento comunitario manifestó que valora las acciones que toma la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero aclaró que hasta el momento no se ha incorporado su opinión para lograr una verdadera remediación en las zonas afectadas.

La empresa del magnate Carlos Slim Helú, América Móvil, aclaró que el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizó el periodo de concesión de Teléfonos de México y Teléfonos del Noreste (Telmex) hasta 2056.

    

Mediante un comunicado, la empresa de telefonía más grande de América Latina detalló que la prórroga del periodo de vigencia de las concesiones fue solicitada en tiempo y forma por Telmex al IFT en 2016.

Comunidades de Ixtacamaxtitlán rechazaron que la Minera Gorrión, subsidaria de la canadiense Almaden Minerals, pagara por la realización de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) para avanzar con el proyecto minero Ixtaca en Puebla.

Reunidos en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, los comuneros recordaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó a finales del 2020 que la minera iniciara su fase de explotación y que el proyecto no cuenta con las autorizaciones del gobierno «ni mucho menos» con el consentimiento de los pueblos.