Cinco exfuncionarios imputados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de varios cargos, entre ellos homicidio, por el accidente de la Línea 12 del Metro, solicitaron formalmente al Ministerio Público acceder a un mecanismo alterno de solución de conflictos que les permita reparar el daño y con ello frenar un eventual proceso y juicio.

En un oficio recibido por la Fiscalía el pasado 21 de octubre, y al que Animal Político tuvo acceso, los ingenieros señalados – entre ellos el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas– piden que se les conceda la posibilidad de una salida alterna como ya ocurrió con la empresa constructora de la línea (CICSA) cuyas fallas, según la indagatoria, fueron las responsables primarias de lo ocurrido.

El Juzgado Primero de Distrito con sede en San Luis Potosí pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso del feminicidio de Karla Pontigo, cometido hace nueve años en una discoteca de esta ciudad, mismo que continúa sin ser resuelto.

El juez concluyó que existe un conflicto de interés por parte de la Fiscalía General del estado (FGE) para llevar el caso, debido a que el actual encargado de despacho, el vicefiscal José Luis Ruiz Contreras, es hermano del juez Julián Ruiz, quien inicialmente clasificó la muerte de la joven como homicidio culposo.

A 72 horas de que estalló la violencia en comunidades de San Esteban Atatlahuca ingresaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal para implementar un operativo de seguridad, sin embargo, “hasta el momento no se han encontrado cuerpos de personas fallecidas o calcinadas”.

Precisaron que este domingo 24 de octubre ingresaron a la zona de conflicto donde solo reportaron una persona lesionada en un brazo por arma de fuego, 24 casas dañadas y elementos balísticos de diferentes calibres.

La cifra por defunciones en el país a causa del covid-19, se contabilizó en 286 mil 496, informó este domingo la Secretaría de Salud (Ssa).

En las últimas 24 horas, fallecieron 150 personas, el domingo se reportó el deceso de 87 y el sábado se habían reportado 306 muertes más respecto a la cifra contabilizada el viernes. Durante los últimos tres días, el nivel de mortandad asciende a 543.

«Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se sigue asesinando, encarcelando y desapareciendo a los que defienden la Tierra y los derechos humanos», denunció la organización pacífica Las Abejas de Acteal frente a la violencia contra las comunidades indígenas que luchan contra los megaproyectos, el despojo y la militarización de sus territorios.

Destacaron el caso de Simón Pedro Pérez, defensor e integrante de Las Abejas asesinado el pasado 5 de julio en el municipio de Simojovel, Chiapas. A pesar de que no se ha investigado a los autores materiales del crimen, «el gobierno ya quiere cerrar el caso», y los abogados defensores del asesino material «están buscando cualquier pretexto para que salga libre lo más pronto posible», acusó la organización.

El primer caso se documentó cuando un hombre sin identificar falleció en las instalaciones de Cruz Roja, luego de que fuera atacado con un arma punzocortante en un sitio del cual hasta ahora se desconoce. De acuerdo a la información proporcionada, el lesionado arribó por sus propios medios al hospital y falleció alrededor de las 7 de la mañana.

Luego dos individuos fueron atacados a balazos cuando se encontraban en la calle Santo Tomás esquina Jalapa en la colonia Buenos Aires Norte. Una de las víctimas de nombre Fidencio Montaño Hernández de 21 años, fue trasladado a la Clínica 1 en donde falleció más tarde; el otro lesionado, sin identificar,  falleció en el lugar de los hechos. Sobre los responsables, nada se sabe.

Elementos de la policía estatal Fuerza Civil abatieron esta madrugada a tres personas, luego de un enfrentamiento a tiros en el centro de General Treviño, municipio ubicado a 120 kilómetros al norte de la capital, informó Aldo Fasci secretario de Seguridad Pública de la entidad.

La agresión se registró cuando civiles armados agredieron a balazos a un convoy de uniformados que patrullaba las calles del municipio rural.

Cristopher Estupiñán, abogado de 14 de las 66 víctimas citadas a la audiencia inicial por el caso de la Línea 12 del Metro, manifestó que sus defendidos “no buscan apoyo ni limosnas” de las empresas constructoras ni del gobierno capitalino con la creación de un fondo “parcial”, sino una justicia integral para la reparación del daño.

Minutos antes de entrar a las salas de Oralidad del Poder Judicial, este lunes adelantó que solicitarán la creación de una “Comisión de la Verdad” por el caso en el Congreso de la Unión. Además, pedirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de investigación sobre la Línea 12 como lo hizo con el incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños el 5 de junio de 2009.

A las 10:30 horas de este lunes comenzó la audiencia inicial contra 10 servidores y ex servidores públicos por su presunta responsabilidad en los delitos de Homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, tras el colapso de una trabe metálica de la Línea 12 del Metro.

A las salas de Oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicadas en la calle Doctor Lavista, llegaron las 10 personas señaladas por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y el abogado de cinco de éstas, Gabriel Regino; así como algunas víctimas lesionadas -con muletas, andaderas y bastón- y familiares de las fallecidas con sus respectivos abogados. También acudió el Comisionado ejecutivo para la Atención a Víctimas (CEAVI), Armando Ocampo.

“Yo caí a prisión porque me le enfrenté, porque no cedí a las presiones de Enrique Peña Nieto, porque no estuve de acuerdo con sus políticas públicas, no estuve de acuerdo en que él quisiera manipular tanto al estado de Sonora como a mi gobierno y me le enfrenté y me costó muy caro, y fui un preso político de los corajes y de la desmedida abuso (sic) de poder que hizo el presidente Peña Nieto, utilizando por supuesto a toda la estructura de su partido aquí y a Claudia Pavlovich”, acusó el ex gobernador Guillermo Padrés, en entrevista con Luis Alberto Medina, de Proyecto Puente, compartida con Aristegui Noticias.

Sobre las presiones que recibió, contó que fue para que cerrara el Acueducto Independencia, a lo cual se negó.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó la noche de este domingo sobre los enfrentamientos de elementos del Ejército con presuntos miembros del Cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas, el pasado viernes.

Detalló que detuvo a cuatro personas y tres más murieron durante los enfrentamientos, entre ellos Ariel Treviño Peña, alias “El Tigre”, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado y era considerado como uno de los principales generadores de violencia del estado de Tamaulipas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó este lunes sobre la detención de José “L”, quien estaría relacionado con el ataque armado ocurrido en un bar de Tulum, el cual dejó un saldo de dos personas muertas y tres lesionadas.

A través de un mensaje en redes sociales, la Fiscalía estatal detalló que la orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes de investigación. José “L” es acusado por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y lesiones en agravio a tres personas.

La tasa de desempleo en México se ubicó en un 4.2 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en septiembre de 2021, una cifra inferior al 5.1 por ciento del mismo mes en 2020, según informó este lunes el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi).

“En el mes de referencia, la población desocupada se estableció en 2.4 millones de personas e implicó una tasa de 4.2 por ciento de la PEA. Respecto al noveno mes de 2020 la población desocupada descendió en 344 mil personas”, indicó el Inegi en un comunicado.

Tenían la protección del Estado mexicano y aún así los mataron. Usaron el botón de emergencia proporcionado por la empresa RCU sistemas S. A de C.V. y no funcionó. Un documento en manos del equipo de esta investigación revela que en México asesinaron a dos defensores y a seis periodistas, entre 2017 y 2020, mientras contaban con medidas cautelares del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas.

Los ocho defensores y periodistas que dejó desprotegidos la empresa RCU Sistemas -compañía contratada por el Mecanismo en el 2014 para dar seguridad y salvaguardar sus vidas, pero no lo hizo- tienen nombres y apellidos, viven de norte a sur de la República mexicana, y hoy ya no están; su muerte dejó en orfandad a sus hijos, en la viudez a sus parejas, mientras que sus comunidades quedaron con miedo.