En Paso de la Reyna, Oaxaca, donde cinco defensores del Río Verde fueron asesinados de enero a marzo de 2021, hay una «inoportuna e ineficaz aplicación de las medidas de seguridad otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca», señalaron organizaciones.

De manera conjunta, el Indigenous Peoples Rights- International (IPRI) y Educa Oaxaca denunciaron que desde los asesinatos de los defensores Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz, «no hay información de avances significativos» por parte de la Fiscalía General del Estado.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que ambos países se comprometieron a deportar a los migrantes irregulares a sus países de origen. Así lo dio a conocer la embajada estadounidense en una nota de prensa sobre la visita de Salazar a la frontera norte.

“Todos deben entender que la frontera México-Estados Unidos está cerrada para cruces fuera de la ley. Las personas que intenten entrar a Estados Unidos fuera de la ley serán detenidas. Estados Unidos y México se han comprometido a retornar a estos migrantes a sus países de origen”, dijo el diplomático.

Víctor Manuel Álvarez Puga, identificado por las autoridades como cabeza del “grupo facturero más importante del país”, no sólo utilizó sus empresas para evadir impuestos y lavado de dinero a través de movimientos en efectivo y transacciones bancarias, también participó en causas benéficas dentro del Gobierno, como la Cruzada Nacional contra el Hambre de Enrique Peña Nieto, y cuenta con una concesión vigente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El empresario, su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Mont, y su hermano Alejandro Álvarez Puga, están acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos mediante empresas factureras.

Los enfrentamientos entre cuerpos de seguridad pública estatales y civiles armados, presuntos integrantes del crimen organizado, crecieron 110.6 por ciento al pasar de 340 registrados en 2019 a un total de 716 durante el año anterior, refieren las cifras del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó esta semana.

Tamaulipas es la entidad que concentra el 37.98 por ciento de estas confrontaciones con 272 casos de los 716 registrados. Le sigue Veracruz con 112; Michoacán con 82; Guerrero con 61; Chihuahua con 40; Zacatecas con 29; Estado de México con 22, San Luis Potosí con 18, Guanajuato con 14, Jalisco y Nuevo León, 13 cada uno; Coahuila, siete; Hidalgo, Sinaloa, Puebla y Oaxaca, seis cada uno; Tlaxcala y Quintana Roo, dos cada uno; y Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, Baja California Sur y Durango, uno cada entidad federativa.

Gerardo Ríos, de 63 años, se encontró el sábado por la tarde con la persona a la que llevaba buscando desde hacía más de un año. Fue en dependencias de la Fiscalía General de Justicia del Edomex. Allí, esposado, se encontraba Omar Santos Loera, su antiguo yerno, quien el 22 de junio del año pasado le llamó para comunicarle que había matado a su hija Elideth.

Los policías estaban confusos, ya que él alegaba que se trataba de otra persona. Durante muchos años utilizó nombres falsos, de hecho estaba registrado como Erick Hernández Camacho, y había logrado evadir a las autoridades durante años, ya que estaba buscado también por un doble homicidio por el que fue condenado a 122 años.

La Fiscalía General de la República (FGR) intentó recabar a mediados de mayo una declaración de la extitular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles Berlanga, sobre la presunta participación de altos funcionarios del sexenio pasado –entre ellos el expresidente Peña Nieto y el exsecretario de Haciendo Luis Videgaray– en hechos de corrupción como La Estafa Maestra. 

Pese a que desde noviembre de 2019 la exfuncionaria había ofrecido a la FGR colaborar en la búsqueda de un posible criterio de oportunidad, fue hasta seis meses después, el 18 de mayo de 2020 –dos semanas antes de las elecciones federales– cuando la Fiscalía dio respuesta a su solicitud pidiéndole que exhibiera que elementos tenía y que testificara.

La magistrada Celia Marín Sasaki que este miércoles competirá por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) también fue beneficiaria de los casos de nepotismo que se han documentado al interior del Poder Judicial capitalino.

Documentos en poder de Proceso, revelan que gracias a la influencia de la magistrada adscrita a la Quinta Sala Penal, su esposo Jorge Arturo Reynoso Isla ocupó el cargo de director de área adscrito a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del propio Tribunal, instancia encargada de vigilar y supervisar las medidas cautelares que los jueces de control imponen a los imputados, incluyendo la libertad condicional o el arresto domiciliario, entre otras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto fue beneficiado un grupo de “asociaciones públicas privadas” con la adjudicación de contratos que suman 15 mil millones pesos anuales para darle mantenimiento a 15 carreteras federales concesionadas en el país.

En contraste, dijo que su gobierno destina 20 mil millones de pesos para el mantenimiento del resto de la infraestructura carretera federal.

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal precisó que “la única alianza de la ultraderecha de Yucatán en relación con el mal llamado ‘Tren Maya’” es la “complicidad” entre los gobiernos municipales, estatal y federal “para imponer y echar adelante el proyecto etnocida”, en respuesta a las declaraciones del director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, quien acusó que las organizaciones y comunidades que interpusieron amparos contra el Tren son de “extrema derecha”.

“Acusamos al gobierno federal de racista y promotor de la violencia contra los indígenas. La ridiculez inaudita e insensata de etiquetarnos como “grupo de ultraderecha” habla por sí sola de la propensión a la mentira, la simulación y la mala fe del gobierno federal y del señor Jiménez Pons”, indicó Múuch’ Xíinbal, luego de que el titular de Fonatur informara que se tienen identificadas a 327 personas y seis organizaciones que han interpuesto 25 amparos contra el Tren Maya.

Jaime fue un activo defensor del río Verde y ejidatario de Paso de la Reyna, participó en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) y compartió su experiencia de resistencia con los y las integrantes del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

En la lucha del pueblo fue muy activo, conocía la historia del COPUDEVER de principio a fin, él decía que “daría la vida por su pueblo y que lucharía hasta las últimas consecuencias hasta lograr la cancelación del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina”. Cuando se trataba de representar al COPUDEVER en otros estados de México y compartir la experiencia de defensa, él no se negaba a participar.

En menos de 24 horas, dos mujeres migrantes haitianas fueron encontradas asesinadas en Suchiate y Tapachula.

Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNAM), dijo el lunes que fue localizado el cuerpo de una mujer migrante haitiana asesinada en la colonia Nueva Libertad municipio Tapachula.

El juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, propuso la fecha del 24 de octubre de 2022 para iniciar el juicio por narcotráfico en contra del exfuncionario mexicano Genaro García Luna.

El juez Cogan propuso como fechas alternativas el 9 y 16 de enero de 2023 para el arranque del proceso, en caso de que el 24 de octubre del próximo año tengan dificultades para el arranque de uno de los casos más escandalosos de narco corrupción gubernamental de México.

Así lo muestra una denuncia por presunto lavado de dinero que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó contra el llamado Rey de la Mezclilla ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 29 de septiembre de 2020, una semana después de que un juez ordenó a la UIF y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desbloquear 800 millones de pesos que la propia unidad le había bloqueado a Kamel Nacif.

En dos años nueve meses, desde que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, y hasta agosto de 2021, las personas privadas de la libertad han incrementado en México, un 12.13 por ciento, pasando de ser una población de 197 mil 988 reos, a ubicarse en los 222 mil 18.