En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron al Estado mexicano, por primera vez, por el uso indebido de la fuerza, violencia y tortura sexual, acoso, hostigamiento físico y digital, que han vivido las mexicanas por parte de policías en el contexto de las protestas feministas. 

Al participar este día en el 181 periodo de sesiones de la CIDH, organizaciones del Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Amnistía Internacional, denunciaron que el Estado mexicano ha reaccionado con violencia y discursos estigmatizantes ante la exigencia de las mujeres de un despliegue de estrategias para atender la violencia de género. 

El Área de Evaluación de Riesgos y Supervisión de Medidas Cautelares de la Región Judicial Centro Poniente negó por tercera vez que el expreso político Miguel López Vega termine con el proceso penal que inició en su contra en enero de 2020, cuando fue detenido por delitos fabricados en Zacatepec, Puebla, por oponerse a un proyecto de descarga de aguas con desechos industriales en el río Metlapanapa.

Las autoridades determinaron como no viables las condiciones a las que podía someterse López Vega para acceder a una solución alterna de terminar el proceso de criminalización en su contra, bajo el argumento de que existe “un riesgo para la sociedad”.

México registró durante 2020 un total de un millón 086 mil 743 defunciones, con lo que se registró un exceso de mortalidad en el país, de las cuales 218 mil 704 se debieron a enfermedades del corazón, 200 mil 256 a la COVID-19 y 151 mil 019 fueron muertes por diabetes mellitus.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) titulado “Características de las defunciones registradas en México durante 2020“, de las un millón 086 mil 743 defunciones reportadas el año anterior, 58.8 por ciento fueron hombres, 41.1 por ciento mujeres y en 757 casos el sexo no fue especificado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció esta mañana a Mario Aburto Martínez y a su familia darles protección si él decide hablar, abundar sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República.

Colosio fue asesinado de un tiro al terminar un acto político el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California.​​​​ Aburto fue declarado culpable en 1995 y condenado a 45 años de prisión. Por los beneficios de buena conducta, trabajo y estudios puede salir libre si apela. De acuerdo con distintos reportes, él habría decidido no apelar porque su familia, se dijo, en ese momento no estaba en México.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) notificó a Mario Aburto Martínez, quien es señalado como actor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1994, la emisión de la Recomendación 48VG/2021, dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por actos de tortura e incomunicación en su contra.

Miles de migrantes haitianos y centroamericanos avanzaron por quinto día consecutivo rumbo a la Ciudad de México y la frontera con Estados Unidos, en la «Caravana por la justicia, la dignidad y la libertad del pueblo migrante».

De acuerdo con el Centro de Dignificación Humana, que acompaña la movilización masiva desde que salió de Tapachulas, Chiapas, en la caravana participan al menos 4 mil personas, incluidos mil 500 niños, 78 mujeres embarazadas y varios adultos mayores, pero cada día se suman más personas a la marcha.

En Paso de la Reyna, Oaxaca, donde cinco defensores del Río Verde fueron asesinados de enero a marzo de 2021, hay una «inoportuna e ineficaz aplicación de las medidas de seguridad otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca», señalaron organizaciones.

De manera conjunta, el Indigenous Peoples Rights- International (IPRI) y Educa Oaxaca denunciaron que desde los asesinatos de los defensores Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz, «no hay información de avances significativos» por parte de la Fiscalía General del Estado.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que ambos países se comprometieron a deportar a los migrantes irregulares a sus países de origen. Así lo dio a conocer la embajada estadounidense en una nota de prensa sobre la visita de Salazar a la frontera norte.

“Todos deben entender que la frontera México-Estados Unidos está cerrada para cruces fuera de la ley. Las personas que intenten entrar a Estados Unidos fuera de la ley serán detenidas. Estados Unidos y México se han comprometido a retornar a estos migrantes a sus países de origen”, dijo el diplomático.

Víctor Manuel Álvarez Puga, identificado por las autoridades como cabeza del “grupo facturero más importante del país”, no sólo utilizó sus empresas para evadir impuestos y lavado de dinero a través de movimientos en efectivo y transacciones bancarias, también participó en causas benéficas dentro del Gobierno, como la Cruzada Nacional contra el Hambre de Enrique Peña Nieto, y cuenta con una concesión vigente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El empresario, su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Mont, y su hermano Alejandro Álvarez Puga, están acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos mediante empresas factureras.

Los enfrentamientos entre cuerpos de seguridad pública estatales y civiles armados, presuntos integrantes del crimen organizado, crecieron 110.6 por ciento al pasar de 340 registrados en 2019 a un total de 716 durante el año anterior, refieren las cifras del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó esta semana.

Tamaulipas es la entidad que concentra el 37.98 por ciento de estas confrontaciones con 272 casos de los 716 registrados. Le sigue Veracruz con 112; Michoacán con 82; Guerrero con 61; Chihuahua con 40; Zacatecas con 29; Estado de México con 22, San Luis Potosí con 18, Guanajuato con 14, Jalisco y Nuevo León, 13 cada uno; Coahuila, siete; Hidalgo, Sinaloa, Puebla y Oaxaca, seis cada uno; Tlaxcala y Quintana Roo, dos cada uno; y Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, Baja California Sur y Durango, uno cada entidad federativa.

Gerardo Ríos, de 63 años, se encontró el sábado por la tarde con la persona a la que llevaba buscando desde hacía más de un año. Fue en dependencias de la Fiscalía General de Justicia del Edomex. Allí, esposado, se encontraba Omar Santos Loera, su antiguo yerno, quien el 22 de junio del año pasado le llamó para comunicarle que había matado a su hija Elideth.

Los policías estaban confusos, ya que él alegaba que se trataba de otra persona. Durante muchos años utilizó nombres falsos, de hecho estaba registrado como Erick Hernández Camacho, y había logrado evadir a las autoridades durante años, ya que estaba buscado también por un doble homicidio por el que fue condenado a 122 años.

La Fiscalía General de la República (FGR) intentó recabar a mediados de mayo una declaración de la extitular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles Berlanga, sobre la presunta participación de altos funcionarios del sexenio pasado –entre ellos el expresidente Peña Nieto y el exsecretario de Haciendo Luis Videgaray– en hechos de corrupción como La Estafa Maestra. 

Pese a que desde noviembre de 2019 la exfuncionaria había ofrecido a la FGR colaborar en la búsqueda de un posible criterio de oportunidad, fue hasta seis meses después, el 18 de mayo de 2020 –dos semanas antes de las elecciones federales– cuando la Fiscalía dio respuesta a su solicitud pidiéndole que exhibiera que elementos tenía y que testificara.

La magistrada Celia Marín Sasaki que este miércoles competirá por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) también fue beneficiaria de los casos de nepotismo que se han documentado al interior del Poder Judicial capitalino.

Documentos en poder de Proceso, revelan que gracias a la influencia de la magistrada adscrita a la Quinta Sala Penal, su esposo Jorge Arturo Reynoso Isla ocupó el cargo de director de área adscrito a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del propio Tribunal, instancia encargada de vigilar y supervisar las medidas cautelares que los jueces de control imponen a los imputados, incluyendo la libertad condicional o el arresto domiciliario, entre otras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto fue beneficiado un grupo de “asociaciones públicas privadas” con la adjudicación de contratos que suman 15 mil millones pesos anuales para darle mantenimiento a 15 carreteras federales concesionadas en el país.

En contraste, dijo que su gobierno destina 20 mil millones de pesos para el mantenimiento del resto de la infraestructura carretera federal.