El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no son definitivas las resoluciones de juzgados para vacunar a todos los menores de entre 12 y 17 años, independientemente de su estado de salud.

“Vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no son resoluciones definitivas”, sostuvo el jefe del ejecutivo.

Organizaciones y redes de la sociedad civil de Guatemala, El Salvador y México, entre otros países, denunciaron que existe una complicidad entre el gobierno mexicano y estadounidense para implementar políticas que violan los derechos de las personas migrantes, en particular el de las mujeres en condiciones vulnerables y menores de edad, durante la audiencia pública “Protección de personas en movilidad en los Estados Unidos, México y el Norte de Centroamérica” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

En esta audiencia, las organizaciones detallaron que desde marzo de 2020, se han registrado vuelos provenientes de Estados Unidos a la frontera de México a fin de trasladar a personas migrantes, entre ellas menores de edad solos, embarazadas y con discapacidades, que son expulsadas bajo el “Título 42” (establece que debido a la Covid-19 queda prohibida la entrada de personas con estatus migratorio irregular y deben ser expulsadas) y son dejadas en una grave situación de vulnerabilidad en Guatemala y Honduras.

Indignación publicó el mensaje en el marco del sobrevuelo que AMLO, junto con Jiménez Pons y otros funcionarios federales y estatales, realizaron este jueves por las obras del Tren Maya en Yucatán.

La familia de José Eduardo Ravelo Echavarría, joven que murió tras ser detenido por policías del municipio de Mérida, Yucatán, desconoció el dictamen presentado recientemente por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual establece que la causa del deceso fue por una neumonía.

De acuerdo con información de la periodista Isabel Zamudio, del diario Milenio, la familia de José Eduardo nunca recibió notificación alguna por la FGR con respecto a los avances de la investigación para determinar el motivo de la muerte del joven yucateco.

El Gobierno de México condenó el asesinato del periodista Fredy López Arévalo, ocurrido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el jueves 28 de octubre, quien fue atacado con un arma de fuego al llegar a su casa.

López Arévalo, de 62 años, falleció por disparo de arma de fuego tras ser interceptado por un hombre cuando llegaba a su domicilio en la localidad de San Cristóbal de las Casas a bordo de su automóvil, indicó en un comunicado la Fiscalía General del estado de Chiapas.

La Ciudad de México (CdMx) permanecerá en color Verde del Semáforo Epidemiológico de la COVID-19 durante las próximas dos semanas.

Durante la conferencia de prensa de Salud sin la presencia de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la CdMx, destacó que por tercera semana consecutiva la capital del país se mantiene en color verde y aseguró que los indicadores siguen a la baja.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) abrió un procedimiento para investigar los asesinatos y violaciones de los derechos humanos de los periodistas en México, Sri Lanka y Siria.

La audiencia de apertura del procedimiento será el próximo martes 2 de noviembre en La Haya y en ella se evaluarán las presuntas violaciones a los derechos humanos denunciadas por las organizaciones Free Press Unlimited, Committee to Protect Journalists y Reporters Without Borders.

Hasta 60 años de prisión recibirá quién cometa un crimen de odio por transfobia y homofobia en Oaxaca. Este decreto fue aprobado el miércoles 28 de octubre, por el Congreso local a través de una reforma al Código Penal que tipifica el delito de homicidio por razones de identidad de género u orientación sexual por homofobi a y por transfobia.

La iniciativa fue presentada por la diputada morenista Magaly López Domínguez, y además de la prisión, también incluye multa de quinientos a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quienes cometan este tipo de asesinatos, cuando la pena por homicidio calificado es de 30 a 40 años de prisión.

La Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral disminuyó 0.2 por ciento en términos reales en el trimestre julio-septiembre 2021 frente al trimestre previo con cifras ajustadas por estacionalidad, según los resultados presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“La Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto #PIB señala una disminución de 0.2 por ciento en términos reales en el tercer trimestre de 2021 frente al trimestre previo y un avance de 4.8% en su comparación anual (cifras desestac.)”, señaló el Inegi a través de redes sociales.

Integrantes de la Coordinación Nacional de Fundadores Militantes y Simpatizantes de Morena exigieron al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda que investiguen a fondo la venta de niñas en la región de la Montaña. Señalaron que no se resolverá enviando recursos económicos y programas para atender el problema.

En conferencia de prensa, miembros de la organización pidieron nombrar una persona indígena originaria de esa zona para atender el problema desde la raíz, concientizando a los padres de familia sobre el derecho que tienen sus hijos y traducir en las lenguas indígenas la Constitución Política para que conozcan las leyes y respetos los derechos de los niños.

El Fiscal General de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, renunció a su cargo para el que fue electo en mayo de 2018 y que concluiría en 2024, un día después de que en redes sociales circuló una fotografía en la que aparece en una reunión con un hombre encapuchado, aparentemente el líder de algún grupo del crimen organizado.

Horas después del anuncio de su apresurada decisión, se difundió en las redes sociales un breve video del mismo episodio sobre el cual algunos medios indican que la persona encapuchada y con un uniforme de camuflaje es una mujer.

David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entregó en la Cámara de Diputados la segunda parte de las auditorías a la Cuenta Pública 2020, e informó que están pendientes de aclarar 12 mil 253 millones de pesos. 

En el informe también se da cuenta de los gastos realizados en sedes del DIF, municipios y estados, entre otros. Y por primera vez se auditó a universidades tecnológicas y politécnicas, y colegios de bachilleres locales.

Varias dependencias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregaron 312 millones 895 mil pesos a la red de empresas de Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, –el polémico empresario israelí que vendió el software espía Pegasus al gobierno de Enrique Peña Nieto–, quien a su vez dispersó el dinero hacia una telaraña de empresas, en operaciones presuntamente irregulares, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ansbacher, quien fue representante de NSO Group en México, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones de lavado de dinero realizadas con una red de 30 empresas que fueron exhibidas por Proceso y Aristegui Noticias en julio pasado, en el marco de la investigación internacional Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories.

David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó que dará seguimiento a la información surgida de los Pandora Papers y Panama Papers.

Durante la segunda entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 en la Cámara de Diputados, Colmenares advirtió que la ASF “no debe ser rebasada por condiciones externas, ni deben surgir brechas entre las características y atribuciones del ente auditor frente a la complejidad de la actuación de los entes públicos, incluso ante el surgimiento de modalidades sofisticadas de corrupción”.

Desde beneficios que reducen condenas y otorgamiento de libertades que no se publicitan, hasta presunto cambio de identidad, son algunas de las prebendas que obtienen algunos narcotraficantes mexicanos que cooperan efectivamente con las autoridades de Estados Unidos de América al delatar a importantes miembros de las organizaciones criminales o entregar parte de sus fortunas ilícitas. De esta forma, algunos capos han salido de cárceles norteamericanas sin que se conozca sobre su egreso y paradero actual.

Así como se conoció en diciembre de 2020 de la desaparición de Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” -hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada”- de los registros carcelarios de la Unión Americana, así desapareció del padrón del Buró Federal Penitenciario (BOP) el narcotraficante Dámaso López Núñez “El Licenciado”, quien presuntamente recuperaría su libertad de prisión hasta el 8 de noviembre de 2032, como lo establecía dicho buscador apenas en febrero del año en curso.