La madrugada del lunes un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ingresó con camiones blindados al municipio de Villa Victoria, Michoacán, disparando a viviendas y vehículos para enfrentar a otros cárteles que, según otros medios, los hacen pasar por autodefensas.

Alrededor de las 4:30 horas, una decena de camionetas, algunas con blindaje artesanal, propiedad de este grupo armado ingresó a ésta, que es la cabecera municipal de Chinicuila, Michoacán, que colinda con el estado de Colima.

Tres policías de Guadalajara fueron amenazados mediante una lona que dejaron colgada afuera de la Preparatoria 2 de la Universidad de Guadalajara, en la calle Rita Pérez de Moreno, entre Emilio Rabasa y la avenida Puerto Melaque, en la colonia Santa María.

En la manta se lee: “Miguel Ángel Magaña Pinto K9-1, José Gabriel Romero Vega Poseidón 5, Edgar Eduardo Miramontes Díaz metropolitano. Nos deben perros rateros que no se les olvide quien les está matando el hambre, quedaron de pasarnos información de las maricas jaliscas y no han cumplido, tengan en cuenta que quien sirve a dos amos con 1 queda mal”.

La Fiscalía General de Puebla informó que obtuvo vinculación a proceso en contra de Gerardo “N”, quien se desempeñaba como diácono de la iglesia del municipio de Aquixtla y fue acusado de intento de violación de un menor de edad.

El pasado 26 de octubre, pobladores de esa localidad se concentraron afuera del templo para exigir la detención del clérigo, luego de que un niño de siete años lo acusó de haber pretendido abusar sexualmente en su contra.

Hace 14 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) negó la tortura sexual contra la indígena náhuatl de 73 años de edad, Ernestina Ascencio Rosario, y avaló la afirmación presidencial hecha por el extitular del ejecutivo, Felipe Calderón quien aseguró que la señora había muerto por una gastritis crónica. Hoy, este organismo reculó su postura y reconoció que la indígena fue agredida sexualmente por parte de elementos del 63 Batallón de Infantería del Ejército, y que funcionarios de distintos niveles fueron presionados por autoridades federales para que cambiaran la versión de los hechos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó este 4 de noviembre el Informe de la Recomendación 34/2007: Memoria, verdad, justicia y reparación, en el que analizó las acciones y omisiones realizadas por las dependencias y organismos que intervinieron en la investigación del caso de la señora Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, que falleció en febrero de 2007 a causa de una serie de agresiones cometidas en su contra y por la falta de atención médica adecuada y oportuna. 

En México cada 34 horas una mujer periodista es agredida, desde persecuciones estatales, criminalización, estigmatización, uso de poder o fuerza pública, hasta violencia física o digital, debido a su labor periodística o a su condición de género, sin embargo, la mayoría de estas agresiones queda en la impunidad ante el desinterés histórico de los gobiernos para atacar esta problemática. 

Durante 2020, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) documentó 251 casos de violencia contra mujeres periodistas mexicanas. El aumento de agresiones hacia ellas fue de un 53 por ciento de 2019 a 2020, es decir cada 34 horas una periodista fue agredida por realizar su labor informativa y 2 de cada 10 periodistas fueron sujetas a algún tipo de violencia, en particular en la Ciudad de México, Puebla, Estado de México y Veracruz.

México es uno de los cinco países que ocuparon los últimos lugares del primer Índice Global de Políticas sobre Drogas publicado hoy por el Consorcio para la Reducción de Daños, el cual observa que “sigue prevaleciendo el enfoque militarizado y represivo en las políticas sobre drogas en el que resalta el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas militares o policiales, con casos generalizados en México y Brasil’’.

El Índice en su primera versión evaluó a treinta países con respecto a su política sobre drogas. En los primeros cinco lugares se encuentran Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Australia. Y en contraste, los últimos lugares los ocupan México, Kenia, Indonesia, Uganda y Brasil.

Esa es la realidad que al presidente Andrés Manuel López Obrador le cuesta trabajo aceptar:

Representantes de medios digitales o youtubers que han estado presentes en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador han aprovechado su presencia para cobrar publicidad en dependencias federales.

De acuerdo con el reporte de gastos de publicidad oficial que se han hecho públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia del Inai, de diciembre de 2018 a lo que va de noviembre de 2021, uno de los favorecidos es Carlos Pozos, conocido en redes como Lord Molécula.

Cuatro personas muertas, una de ellas calcinada y otra de origen estadounidense, además del hallazgo de una pierna humana envuelta en bolsas de plástico, fue el saldo de una jornada violenta registrada durante las últimas horas en Tijuana

Este sábado autoridades federales detuvieron a Esther Yadira “N”, hermana de Claudia Huitrón Vázquez, presidenta del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en Morelos; es señalada como presunta líder del grupo delincuencial “Guerreros Unidos”.

La aprehensión se dio mediante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México y de la Fiscalía General de la República (FGR) en el poblado de Oaxtepec, del municipio de Yautepec.

El titular nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó este lunes que el partido buscará discutir la reforma eléctrica, promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta después de las elecciones de junio de 2022.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos García por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista, utilizando el software conocido como “Pegasus”.

Juan Carlos García era empleado de la empresa Proyectos y Diseños VME S.A de C.V.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó sobre la detención de un probable participante en los hechos ocurridos el pasado 20 de octubre en un restaurante de Tulum, “La Malquerida”, donde dos personas perdieron la vida y tres más resultaron lesionadas.

“Es muy importante participar en esta promoción; va a ser sin duda muy exitoso el Buen Fin, porque hay condiciones inmejorables de recuperación la economía de nuestro país”, afirmó en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

Aunque la ONU ha documentado que en México la tortura es sistemática, la Fiscalía General de la República desacata la ley que combate ese crimen de lesa humanidad: por más de 4 años ha omitido crear el Registro Nacional del Delito de Tortura, señala el abogado Netzaí Sandoval.

El titular del Instituto Federal de Defensoría Pública revela a Contralínea que una fiscal de la FGR le advirtió que en vez de crear el Renadet buscarán cambiar la legislación. El maestro en derecho explica que ese registro permitiría ubicar focos rojos donde las autoridades recurren a actos crueles. A la fecha, los defensores públicos han denunciado 3 mil casos de este ilícito, en su mayoría de gobiernos pasados