Paulo Díez, abogado de Infraiber, fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de ataque a las vías de comunicación, ultrajes –por ofender y despreciar al gobierno del Estado de México, a su policía y a su gobernador--, provocación de un delito, apología del delito y extorsión, derivado de la denuncia promovida en su contra por Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V., tras la toma simbólica de esa autopista el 30 de septiembre de 2020.

“El juez de Barrientos resultó ser lo que me temía: un vulgar juez de consigna que le dio a @Aleatica_mx la mercancía por la que pagó: mi vinculación a proceso”, señaló el abogado a través de su cuenta de Twitter.

La lluvia que cayó sobre Tula entre el 6 y 7 de septiembre no fue atípica como para provocar el desbordamiento del río y la inundación de la ciudad, como han insistido funcionarios de todos niveles, como el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“No cometí delito alguno… No recibí un soborno de Altos Hornos ni de ninguna empresa privada… querer reparar el supuesto daño no significa aceptar ninguna culpa… soy inocente…”

Con esas palabras el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se defendió por primera vez frente a un juez de las acusaciones de haber recibido más de diez millones de dólares en sobornos de las empresas Altos Hornos y Odebrecht, vertidas en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR).

Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que el pedirle a ese órgano electoral organizar el proceso de revocación de mandato, para luego recortarle los recursos económicos para hacerlo, es “atacar la autonomía e independencia del INE”.

De esta manera, Murayama protestó por el recorte presupuestal que se le hizo al INE para 2022, de casi 5 mil millones de pesos, con lo cual se verá imposibilitado para realizar el proceso de revocación de mandato que está pidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, consideró que el recorte presupuestal, de aproximadamente 5 mil millones de pesos, aplicado al Instituto Nacional Electoral (INE), no pone en riesgo la viabilidad de la consulta sobre la revocación de mandato, pues de acuerdo al dictamen que se votó en la Cámara de Diputados, el organismo tiene fondos en fideicomisos que podría invertir en ese ejercicio.

Luego de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo un encuentro privado con reporteros desplazados de Iguala para generar las condiciones de su retorno, el grupo delictivo de Los Tlacos que dirige Onésimo Marquina Chapa El Necho, difundió un video donde pidió a autoridades estatales y municipales “respetar el trabajo” de esta organización armada que mantiene una batalla con Guerreros Unidos por el control de la franja minera de la Zona Norte de Guerrero.

La defensora y ambientalista Irma Galindo Barrios fue reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez el pasado 27 de octubre en la comunidad de Mier y Terán, de la región de la Mixteca de Oaxaca, tras denunciar que el gobierno estatal lleva más de dos años “aplicando estrategias” que vulneran los derechos de los defensores de Mier, Terán y Ndoyonuyuji.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México precisó que el 27 de octubre fue el último día en que Galindo se conectó a sus redes sociales y denunció que el conflicto del pueblo Ñuu Savi en la Mixteca se debe a la depredación del bosque y a las estrategias de las autoridades contra los defensores, como el desplazamiento forzado.

La comunidad otomí residente en la Ciudad de México convocó al foro global «La lucha zapatista, única opción de vida frente al despojo de un mundo globalizado», para realizar una «reflexión colectiva profunda» sobre la vigencia del zapatismo en el marco del 38 aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La convocatoria de la comunidad otomí es para llevar «un proceso de análisis y reflexión sobre la vigencia e importancia de la lucha zapatista en un mundo globalizado, que antepone el despojo y la muerte por encima del derecho a la vida».

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para localizar y detener a Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien tiene una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

El pasado 9 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol la ficha para la búsqueda en 194 países de Treviño Medina.

El director de la policía municipal de Loreto y dos agentes están desaparecidos desde la madrugada del lunes cuando fueron privados de su libertad por un grupo armado.

La Fiscalía de Justicia de Estado, a través de su dirección de comunicación social, confirmó que "existe una denuncia por la desaparición del director de Seguridad Pública Municipal de Loreto y 2 policías", por lo que abrió una carpeta de investigación.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, advirtió que la falta de 3 mil millones de pesos para la tercera etapa de la Reforma Laboral, pone en riesgo la relación con EU y Canadá.

El ministro presidente de la Corte en su tercera conferencia del año, indicó que los recursos solicitados al Congreso de la Unión estaban destinados únicamente a ese proyecto y no afectarán la operación del Poder Judicial Federal.

Mujeres yaquis sin cargo civil o religioso se han organizado para reclamar los intentos de relego en su propia comunidad, pero sobre todo para hacer visibles las luchas del pueblo yoeme por la defensa del agua y el territorio, y en contra un acueducto y un gasoducto, dice la defensora y maestra en educación primaria indígena Laura Hernández Urzúa

En la defensa del agua y el territorio, las mujeres yaquis no sólo luchan contra la edificación de un acueducto y un gasoducto, sino también contra expresiones machistas en su propio pueblo. Por ello, buscan la manera de que las escuchen en la toma de decisiones de las asambleas de la nación yaqui, explica a Contralínea Laura Hernández Urzúa.

El empresario israelí Uri Emanuel Ansbacher Bendrama negó una vez más los señalamientos en torno a su implicación en la venta y operación en México del software de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa de cibervigilancia NSO Group.

En declaraciones hechas al diario israelí Haaretz, calificó como “afirmaciones infundadas” que el software Pegasus fuera operado desde las oficinas de su empresa y negó que alguno de sus trabajadores hubiese realizado actividades de espionaje.

Como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto persiguió a los cárteles de la droga desde mediados del 2019, hasta hace unos días cuando fue destituido del cargo, o la renuncia le fue aceptada sin cuestionamientos, por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Entre sus más notorias operaciones, estuvo la llamada “Agave Azul”, cuando la UIF bloqueó mil 939 cuentas bancarias de personas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, que significaba un entramado en el que habían participado mil 770 personas y 167 empresas, en once estados de la República, intentando lavar más de 11 mil millones de pesos producto de actividades ilícitas, ligadas al narcotráfico.

Ricardo “N” fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante un cateo en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. El hombre, indicó la dependencia, está relacionado con la masacre de miembros de la familia LeBarón en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora.

Por medio de un comunicado, la Sedena informó que este miércoles se cumplimentó una orden de cateo en la localidad chihuahuense, ubicada a unos 110 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos, donde encontraron a Ricardo “N” en posesión de un arma corta y una larga, así como sustancias que probablemente correspondían a mariguana, cocaína y cristal.