México reconoció ante el grupo de expertos del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU (CED), el cual inicia este lunes una visita en territorio nacional, que el país enfrenta una crisis humanitaria por la desapariciones forzadas, al acumular más de 94 mil personas no localizadas.

El grupo de civiles armados autodenominado 'Pueblos Unidos' tomó el municipio de Ziracuaretiro, en el estado de Michoacán, al oeste del país, para ampliar su área de influencia en la lucha que dicen haber emprendido contra el crimen organizado.

A bordo de unas 50 camionetas, unos 400 hombres armados con armas de alto calibre llegaron a la plaza de toros San Andrés, de Ziracuaretiro, donde realizaron una reunión con representantes de diversos sectores sociales, reseñó el portal mexicano Debate.

La voluntad política para cumplir el compromiso de abrir los archivos de la Guerra Sucia, las instalaciones militares donde se perpetraron violaciones a derechos humanos y el tiempo con el que cuentan quienes indagarán en este periodo son los principales retos que enfrente la Comisión de la Verdad que buscará el esclarecimiento histórico de los hechos ocurridos de la contrainsurgencia.

Consejeras que participarán en una de los cinco mecanismos de la Comisión de la Verdad explicaron a SinEmbargo que es necesario que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Estado Mayor Presidencial (EMP), así como otros documentos ocultos para poder avanzar en su cometido, pues de lo contrario, el organismo no podrá cumplir con su prometido.

Elementos de la Guardia Nacional impiden que camiones y otros vehículos transporten a migrantes que forman parte de la caravana. Videos hechos públicos por Irineo Mujica, de Pueblo Unido Migrante, muestran cómo los uniformados bloquean la carretera y los migrantes se ven obligados a bajar de los vehículos y seguir caminando.

Actualmente el grupo se encuentra en la carretera que conduce a Juchitán, Oaxaca, y lleva más de 20 días de caminata, después de iniciar su trayecto el pasado 23 de octubre. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó dos nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible desvío de poco más de 183 millones de pesos del erario como resultado de los malos manejos en torno a los contratos que Pemex firmó con la constructora Odebrecht para la rehabilitación de una refinería en Tula, Hidalgo.

Los presuntos responsables de dichas anomalías, de acuerdo con los dictámenes técnicos elaborados por los auditores y entregados al Ministerio Público como parte de las denuncias, son funcionarios y exfuncionarios de la empresa estatal encabezados por Emilio Lozoya –en ese entonces director de la compañía– que no supervisaron adecuadamente la asignación y cumplimiento de los servicios pactados.

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos imputó a la exsecretaria de Cultura, Cristina Faesler, el delito de ejercicio indebido del servicio público, debido a que presuntamente gestionó el pago de casi un millón de pesos para la realización de un libro que nunca fue publicado.

Además de la secretaria de Cultura del sexenio anterior, también fueron imputados por el mismo ilícito Manuel Zepeda, exsubsecretario de Fomento a las Artes, y Héctor López, exdirector General de Gestión Administrativa; en tanto, que a José García, exdirector General de Museos y Exposiciones, se le atribuye ejercicio ilícito del servicio público.

Una delegación de cuatro expertos del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) recorrerá 12 estados de la república para documentar este flagelo, en lo que será la primera visita del órgano de tratado a México, a realizarse del 15 al 26 de noviembre.

En un comunicado fechado en Ginebra, Suiza, sede del CED, Carmen Rosa Villa Quintana, jefa de la delegación del CED, alertó sobre el registro de 94 mil personas desaparecidas en México, hasta el 11 de noviembre, y consideró que la “interlocución directa con las autoridades del Estado, las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de derechos humanos es clave”, para contribuir a la “erradicación y prevención de las desapariciones forzadas en el país”.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que “no hay convenio” entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Así respondió el titular de Segob sobre la afirmación de la defensa de Lozoya de que seguirá colaborando con el gobierno. Una reportera preguntó en particular si es sobre la reparación del daño que el exfuncionario propuso para el caso de Agronitrogenados.

Legisladores y dirigentes nacionales de partidos políticos exigieron que funcionarios federales y locales involucrados en la toma de decisiones que provocaron la inundación de Tula, el pasado 6 de septiembre, y la muerte de 14 personas rindan cuentas y sean sancionados.

“Los 14 muertos en el hospital (del IMSS en Tula) es negligencia criminal y tiene que ser investigado y castigado”, sostuvo Xóchitl Gálvez, senadora del PAN por Hidalgo. “Es la suma de muchas negligencias criminales que llevaron a la muerte de 14 personas, es la descoordinación que hay en el gobierno”.

La Cámara de Senadores aprobó un exhorto para que las instituciones de Salud Pública informen y garanticen el abasto de medicamentos en todos los niveles de atención.

Esto, apenas un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador

advirtió a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que ya no aceptará “pretextos” en el desabasto de medicamentos.

Desde Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se utilizarán recursos del Fondo de Aduanas para modernizar el puerto de Guaymas, rehabilitar todo el centro de Nogales, se creará una aduana nueva que facilite el transporte, de acuerdo con las autoridades estadunidenses, y se van a mejorar todas las aduanas del estado, manejadas por las secretarías de Marina y la Defensa Nacional.

En México operan tres plataformas de vigilancia con reconocimiento facial, revela la investigación Iniciativas mapeadas, del micrositio “Reconocimiento Facial en América Latina”. Este tipo de tecnología ha sido señalada por violar los derechos humanos, pues recaba datos biométricos –considerados altamente sensibles– de forma masiva e indiscriminada.

La mañana del jueves 4 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la idea que venía planteando desde el inicio de este año: entregar a la Sedena la custodia de las obras emblemáticas de la 4T: el Tren Maya y los aeropuertos Felipe Ángeles, Palenque, Chetumal y Tulum, las cuales formarán parte de una empresa que será manejada por los militares.

Ante lo dado a conocer, los ingenieros Jorge Arganis Díaz Leal, actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y su antecesor, Javier Jiménez Espriú, quien dimitió el 17 de julio de 2020 cuando López Obrador cedió las aduanas y la marina mercante a la Secretaría de Marina, han desaprobado públicamente que las obras estén a cargo de las Fuerzas Armadas.

La Unificación de Pueblos y Colonias Contra la Minería en Morelos reafirmó su rechazo a la explotación minera que la empresa canadiense Álamos Gold pretende impulsar en más de 15 mil hectáreas de Temixco, Xochitepec y Miacatlán.

Los defensores del territorio aseguraron que el proyecto minero contaminará las aguas superficiales y las del subsuelo, envenenará tierras, «emponzoñará el aire, destruirá bosques, desaparecerá especies animales y vegetales y destruye el tejido social».

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expuso cómo encontraron un contrato de 34 millones de dólares para espionaje en la administración anterior; con éste se daba seguimiento en redes sociales y a direcciones IP en específico. Hasta ahora no tienen los entregables de lo que se adquirió ni han encontrado estos equipos, pero ya tienen identificado el contrato de la empresa Integra Software.

Fue suscrito por la Secretaría de Finanzas y Administración -en el gobierno de Aureoles-, con la empresa Integra Software SA, -posiblemente vinculada al esposo de Inés Gómez Mont– y abarca del mes de marzo de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.