La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acordó, ayer lunes 6 de diciembre, que del 17 de enero al 15 de febrero del 2022 se llevará a cabo el Parlamento Abierto para discutir la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se prevé que el Parlamento Abierto dure casi un mes, sin embargo, dicho ejercicio podría extenderse. La oposición ha advertido que la discusión y proceso de votación de la reforma eléctrica se lleve a cabo hasta después de las elecciones de junio próximo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este martes que el supuesto informe titulado “Participación Corporativa del Fiscal AGM” no existe en dicha agencia del Gobierno federal.

Lo anterior fue dado a conocer mediante una nota informativa firmada por Heriberta Ferrer Arias, directora de Relaciones con Actividades Vulnerables de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Un grupo de padres y madres de niños con cáncer se concentraron la mañana de este martes en el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para protestar por el desabasto de medicinas y tratamientos oncológicos.

De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes se concentraron alrededor de las 07:00 horas en las inmediaciones del Aeropuerto capitalino.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) dio a conocer que nueve personas fueron vinculadas a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y evasión de presos con doble agravante, hechos ocurridos en Tula de Allende.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que se consiguió la vinculación a proceso en contra de nueve personas, entre ellas un menor de edad por los delitos anteriormente mencionados.

La Junta de Buen Gobierno (JBG) del Caracol 10 denunció que invasores nuevamente entraron con picos, machetes y azadones a la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio, Chiapas, para modificar el área del potrero en el que se encuentran 22 cabezas de ganado que sirven de sustento para el pueblo.

La JGB precisó que alrededor de 40 invasores entraron el pasado 6 de diciembre a la comunidad de Nuevo San Gregorio en tractores agrícolas y camionetas para  tomar el potrero colectivo y crear una sanja de 50 metros de largo en el pozo de agua.

La Constellation Brands, que decidió instalarse en el norte de México en donde no hay agua y a pesar de las protestas de productores y ciudadanos, ha decidido trasladar su negocio hacia el sur del país.

La cervecera consiguió un permiso con autoridades del Partido Acción Nacional (PAN) para instalarse en Baja California, donde no hay agua. Durante tres años consecutivos, ciudadanos y ambientalistas se opusieron a su proyecto, pero aún así la empresa inició la construcción de una fábrica de cerveza.

Luego de la agresión contra la académica Daniela Cerva Cerna y el asesinato de Marisol Cuadras durante las manifestaciones del pasado 25 de noviembre por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Red Internacional de Feministas en el Mundo Académico (RIFEMA) pidió al presidente de México y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, establecer medidas claras y eficaces para garantizar la seguridad de las manifestantes y su derecho a la manifestación y a la libertad de expresión.

En un pronunciamiento emitido este 6 de diciembre, la RIFEMA expresó su repudio y reprobó los actos de violencia ocurridos durante la manifestación en el centro del país, del pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

La defensa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), pidió por séptima vez que se conceda una prórroga de 60 días para reunir pruebas a su favor y conseguir un acuerdo que impida que sea llevado a juicio por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht.

El viernes 3 de diciembre se venció la última prórroga que le fue otorgada por el Juez José Artemio Zúñiga al exfuncionario de Pemex para cerrar la investigación de ambos procesos, por lo que los abogados de nueva cuenta presentaron un escrito para solicitar otra ampliación, según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha llevado la carga de la política migratoria hacia el Congreso de Estados Unidos a través de una serie de mensajes en los que ha dicho que exhibirá a los congresistas de ese país que no avalen la medida, sin embargo, analistas consideran que sus reclamos no harán eco en el Capitolino, donde la Reforma Migratoria del Presidente Joe Biden se encuentra “empantanada”.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez una acusación en contra del actual director jurídico del ISSSTE, José Febo Trujeque Ramírez, y siete funcionarios más, por presuntos hechos de corrupción que ocasionaron la pérdida de más de 800 millones de pesos del erario, en beneficio de una empresa que por años ha acaparado la compra de medicamentos en México. 

De acuerdo con el caso que ya fue judicializado, y por el cual el juez federal José Artemio Zúñiga ha citado a una audiencia inicial a los implicados, la supuesta actuación negligente de los exfuncionarios provocó que el ISSSTE perdiera un juicio civil y tuviera que pagarle dos veces a esta empresa una suma millonaria por el mismo servicio: la compra de marcapasos y materiales de curación.

En la teoría, el plan se escuchaba bonito y sencillo: Omar Reyes López, de 20 años recién cumplidos, saldría en secreto de su pueblo natal de Hidalgo, donde el trabajo en el campo apenas le daba para ir sobreviviendo, y se iría con su primo a Ciudad Juárez.

De ahí se ‘brincaría’ para Estados Unidos, caminaría por el desierto con la guía de un pollero al que le pagarían la deuda trabajando, y listo. Pronto estaría llamando de vuelta desde Los Ángeles para avisar que ya podían apagar la vela que dejó prendida a San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles.

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se iniciará una investigación sobre la participación del general Jens Pedro Lohmann en el “encubrimiento” de un caso de desaparición forzada cometida por el Ejército mexicano, como lo publicó la revista Proceso en el número que está en circulación (2353).

En conferencia de prensa para hablar de la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), Encinas Rodríguez refirió que el presidente le ordenó investigar la vinculación del responsable de los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el general Lohmann Iturburu, en el caso de la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado, ocurrida el 29 de diciembre de 2009 en el ejido de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la información que se publicó en el semanario Proceso sobre el general Jens Pedro Lohmann Iturburu, recién nombrado como titular de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), de la historia de “encubrimiento” en un caso de desaparición forzada, se trata de ataques de la prensa en su contra porque tiene una buena aprobación ciudadana.

Egresado del Colegio Militar en 1974 –durante el periodo de la llamada “Guerra Sucia”– y durante una carrera de 50 años en el servicio militar, Lohmann Iturburu combatió al narcotráfico en Badiraguato, Sinaloa, durante los ochenta, como parte del Estado Mayor Presidencial, y fue agregado militar de la embajada de México en Moscú en la extinta Unión Soviética.

La Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado lleva más de un año paralizada en el Senado sin que se fije una fecha para su debate y aprobación. Desde el 19 de septiembre de 2020, cuando la norma recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados por unanimidad, el texto no se ha movido.

La iniciativa prevé que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) se haga cargo de las personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia a causa de acciones violentas. Hasta que los senadores no la impulsen, no existe una respuesta integral para un problema que apenas se reconoce desde 2019.