La senadora Olga Sánchez Cordero dijo durante un foro que “muchísimos integrantes de el gabinete del presidente (López Obrador) fueron generosos, amables, corteses… pero también quiero decir que mucha gente cercana al presidente… bueno, no mucha, algunas personas cercanas al presidente desvalorizaron mi trabajo. Permanentemente desvalorizada”.

No obstante, dijo que se debe investigar para que los dos implicados aclaren el origen de los recursos económicos y bienes materiales que ostentan.

Imagine usted que alguien, digamos uno o varios elementos de una autoridad investigadora en México, sin que usted haya cometido delito alguno, sin que sea sospechosa en ningún caso de investigación, y realizando día con día su legítima profesión o actividad laborar, de pronto se entera que existe un expediente ministerial abierto que contiene su información detallada.

La indagación incluye intervención telefónica. Acuerdos entre autoridad y compañías de telefonía para rescatar llamadas, audios y tomar capturas de pantalla de los distintos servicios de mensajería en el teléfono celular. De igual manera, en el expediente abierto, están los pormenores de su vida profesional y personal, sus claves civiles, sus contactos, sus referencias, residencia, estancias, un mapa completo de lo que ha sido su vida en los últimos, digamos, dos, tres años.

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República argumentó “riesgos para la seguridad nacional” para no dar información en torno al software de espionaje ‘Pegasus’, desarrollado por la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group.

Así lo da a conocer este miércoles el diario Reforma, que señala que la consejería no quiso facilitar el acceso a informes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) clasificó como reservados por cinco años, pese a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) había ordenado su difusión.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) operará en 2022 con un déficit presupuestal de más de 1 mil 600 millones de pesos. Se trata de recursos que se habían solicitado, entre otras cosas, para garantizar los pagos por reparaciones del daño a casi 3 mil víctimas y contratar a casi 150 funcionarios. Sin embargo, dichos recursos no fueron aprobados.

En una sesión privada realizada el pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la CEAV, encabezada por el subsecretario de Derecho Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, había aprobado el anteproyecto de presupuesto de 2 mil 575 millones de pesos para el ejercicio 2022. Dicha propuesta fue enviada para su consideración a la Secretaría de Hacienda.

El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) exigió la cancelación definitiva de los proyectos hidroeléctricos “Paso de la Reina” y “Río Verde”, ubicados en los municipios oaxaqueños de Paso de la Reyna y Santa Cruz Zenzontepec, respectivamente.

Los defensores del Copudever señalaron que a pesar de que el río Verde se encuentra protegido por un amparo que impide que se construya cualquier proyecto de infraestructura en el caudal, las autoridades y empresas privadas insisten en la construcción y avance de los proyectos hidroeléctricos Paso de la Reina y Río Verde.

El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dio a conocer que la empresa estadounidense Constellation Brands construirá una nueva planta de producción de cerveza en dicho estado.

El proyecto, que tendrá una inversión de alrededor de mil 300 millones de dólares, fue confirmado el martes por el mandatario del estado en una conferencia de prensa realizada desde el Palacio de Gobierno de la demarcación.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la pérdida del registro de los partidos Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México por no haber alcanzado el tres por ciento de la votación requerido en las últimas elecciones federales.

En sesión pública, las y los magistrados de la Sala Superior avalaron la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar el registro de las organizaciones políticas, después de que el Magistrado Indalfer Infante hubiera planteado que la pandemia de COVID-19 pudo haber afectado la participación en los pasados comicios.

La audiencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, programada para este miércoles se cambió para el próximo 15 de diciembre debido a una falta de organización entre el Centro de Detención Metropolitana (MDC) en el que se encuentra y la corte federal de Brooklyn, Nueva York.

García Luna comparecería vía remota por el caso de tráfico de drogas tras presuntamente recibir millones de dólares del Cártel de Sinaloa para dejarlos operar libremente, sin embargo, el Fiscal Ryan Harris notificó al tribunal que el exfuncionario no se encontraba disponible para la audiencia.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció el «ominoso silencio del gobierno mexicano» frente a las recientes agresiones por parte de un grupo de 40 invasores contra la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio, en Chiapas.

El Frayba señaló que desde finales de noviembre y hasta el 6 de diciembre de este año la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, del Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, ha acusado la escalada de agresiones, hostigamientos y actos de vigilancia contra Nuevo San Gregorio.

Aunque Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado, víctimas de desaparición forzada por un grupo de entre ocho y diez militares en el Ejido Benito Juárez, en el estado Chihuahua, en 2009, no tenían nada en común con las once mujeres golpeadas, detenidas y torturadas sexualmente por mil 815 policías municipales y estatales en Atenco, en el Estado de México, en 2006, también fueron víctimas del modelo de seguridad.

En ambos casos las víctimas buscaron justicia —en el primero la familia de las personas desaparecidas y en el segundo las sobrevivientes de tortura sexual— y lograron que sus denuncias se dirimieran en el máximo tribunal de la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en noviembre de 2018 emitió dos sentencias donde, de fondo, señaló la falta de control sobre el actuar de las fuerzas de seguridad en México.

Un Juez federal mexicano pospuso este miércoles hasta el 17 de diciembre la audiencia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir presuntamente sobornos de Odebrecht y comprar a sobreprecio la planta de fertilizantes inservible Agronitrogenados.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a la prensa que la audiencia de este miércoles comenzó con una hora de retraso y que el Juez decidió que se cierre la investigación complementaria el 17 de diciembre.

Luego de varios meses, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México del nivel 3, esto ante los ‘altos’ niveles de la pandemia COVID-19.

El Departamento de Estado explica que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron un aviso de salud de nivel 3, es decir, un nivel alto de circulación del virus SARS-CoV-2.

“Debido a la situación actual en México, todos los viajeros pueden correr el riesgo de contraer y propagar variantes de COVID-19”, remarcaron los CDC.

Alejandro Gertz Manero ha visto su desempeño al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) quedar marcado por los escándalos que ha protagonizado en lo personal y familiar, los cuales a su vez han exacerbado las críticas en su contra por la falta de resultados en los casos de alto perfil que están bajo su responsabilidad.

Desde que asumió como el primer Fiscal del país en enero de 2019 —un cargo que desempeñará por nueve años— a Gertz Manero se le ha cuestionado su ausencia mediática y la poca transparencia en casos de interés público como las tramas de corrupción cometidas en el sexenio pasado: la de Odebrecht y la llamada Estafa Maestra, por mencionar las principales.