El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra reunido con el director de Televisa, Emilio Azcárraga.

El ejecutivo llegó a Palacio Nacional minutos antes de las nueve de la mañana, y hora y media después seguía en el inmueble.

El gobierno de Estados Unidos envió ayer a territorio mexicano a los primeros dos migrantes procesados bajo el controvertido programa Quédate en México, reactivado recientemente.

Los dos solicitantes de asilo fueron retornados a nuestro país a través del puerto fronterizo El Paso-Ciudad Juárez. Tendrán que esperar en esta urbe fronteriza hasta que sean citados por una corte estadunidense que revisará su petición de protección internacional. De acuerdo a las nuevas reglas de operación, su estancia no puede pasar de seis meses.

El gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo acusó a Morena de “mover” a víctimas de delitos, quienes han denunciado al fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, por omisiones en la atención de sus casos.

“Ustedes no se dejen engañar… hay toda una estrategia nacional, la hemos visto. Ha venido el presidente, tienen mucho interés en Guanajuato, se les hace muy bonito y quieren venir a conquistar Guanajuato”, dijo a reporteros en León, cuando le preguntaron al respecto.

Por unanimidad, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acordó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo presidencial por el cual las obras prioritarias contarán con permisos provisionales y serán clasificados como seguridad nacional.

Los comisionados consideraron que el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado el 22 de noviembre, viola los derechos de transparencia porque dificulta la difusión y entrega de información.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena informó sobre la suspensión de derechos partidarios por seis meses a Yeidckol Polevnsky Gurwitz, exsecretaria general de funciones del partido.

Lo anterior fue resultado de un oficio iniciado contra la funcionaria, después de que no asistiera a la rendición de cuentas por su cargo, el 26 de mayo y el 1 de junio de 2020, en la cual informaría sobre los inmuebles que adquirió, las obras que contrató y demás trámites que realizó durante su periodo como dirigente de Morena.

Tras 25 meses de la desaparición de Sebastián Yáñez, de entonces 20 años, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que, tras un protocolo de identificación genética, peritos determinaron que los restos humanos hallados el 29 de octubre en la localidad de Ciudad Sahagún, en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, corresponden a los del estudiante de odontología de la Universidad Autónoma del Estado (UAEH).  

El procurador Alejandro Habib Nicolás dijo en conferencia de prensa que tanto de los servicios periciales de la dependencia a su cargo como de la División científica de la Guardia Nacional confirmaron que la identidad corresponde a Sebastián, y que su localización fue posible porque una persona imputada por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio del exalumno de la UAEH proporcionó la ubicación.

Detrás del asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval está el crimen organizado, reiteró el fiscal del estado Gerardo Solís Gómez, pero sin especificar de nuevo qué grupo.

“Consideramos sin duda alguna que está el crimen organizado detrás de este lamentable hecho, y no es solamente una consideración, sino que hay que probarlo, en esa etapa estamos”, indicó.

Tres cadáveres fueron localizados ayer en los municipios de Tlaquepaque y Tonalá, y presuntamente corresponderían a elementos de policía.

Dos de los cuerpos fueron encontrados emplayados en plástico en el camino El Vado, en Tonalá, el resto en la colonia Solidaridad en Tlaquepaque.

La coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza) definió la lista de aspirantes que buscarán ser candidatos a las seis gubernaturas que se renovarán en el 2022.

Los estados que estarán en juego el próximo año son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

La senadora Olga Sánchez Cordero dijo durante un foro que “muchísimos integrantes de el gabinete del presidente (López Obrador) fueron generosos, amables, corteses… pero también quiero decir que mucha gente cercana al presidente… bueno, no mucha, algunas personas cercanas al presidente desvalorizaron mi trabajo. Permanentemente desvalorizada”.

No obstante, dijo que se debe investigar para que los dos implicados aclaren el origen de los recursos económicos y bienes materiales que ostentan.

Imagine usted que alguien, digamos uno o varios elementos de una autoridad investigadora en México, sin que usted haya cometido delito alguno, sin que sea sospechosa en ningún caso de investigación, y realizando día con día su legítima profesión o actividad laborar, de pronto se entera que existe un expediente ministerial abierto que contiene su información detallada.

La indagación incluye intervención telefónica. Acuerdos entre autoridad y compañías de telefonía para rescatar llamadas, audios y tomar capturas de pantalla de los distintos servicios de mensajería en el teléfono celular. De igual manera, en el expediente abierto, están los pormenores de su vida profesional y personal, sus claves civiles, sus contactos, sus referencias, residencia, estancias, un mapa completo de lo que ha sido su vida en los últimos, digamos, dos, tres años.

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República argumentó “riesgos para la seguridad nacional” para no dar información en torno al software de espionaje ‘Pegasus’, desarrollado por la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group.

Así lo da a conocer este miércoles el diario Reforma, que señala que la consejería no quiso facilitar el acceso a informes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) clasificó como reservados por cinco años, pese a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) había ordenado su difusión.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) operará en 2022 con un déficit presupuestal de más de 1 mil 600 millones de pesos. Se trata de recursos que se habían solicitado, entre otras cosas, para garantizar los pagos por reparaciones del daño a casi 3 mil víctimas y contratar a casi 150 funcionarios. Sin embargo, dichos recursos no fueron aprobados.

En una sesión privada realizada el pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la CEAV, encabezada por el subsecretario de Derecho Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, había aprobado el anteproyecto de presupuesto de 2 mil 575 millones de pesos para el ejercicio 2022. Dicha propuesta fue enviada para su consideración a la Secretaría de Hacienda.