En 2010 el gobierno de México privatizó la mitad del sistema penitenciario federal. Asignó contratos por 20 años a empresas para que construyeran, operaran y mantuvieran ocho cárceles con la promesa de que, a la larga, serían instalaciones más seguras para los internos, con mejores esquemas de readaptación, y a su vez con una menor carga económica para el Estado.

Una década después los datos oficiales revelan que nada de esto ha ocurrido. Mientras dichas “cárceles privadas” absorben casi el 80% del presupuesto destinado al sistema penitenciario – aunque albergan la mitad de los reos – sus internos reportan las mismas deficiencias en cuanto a servicios, espacios, programas educativos, oportunidades de crecimiento, amenazas y corrupción, entre otros.

“Yo fui el 23 de noviembre al ISSSTE Mérida porque me tocaba recibir dos de mis medicamentos, pero me dijeron que solo tenían uno, Altegravir, el otro, que en realidad es una combinación: Tenofovir/Emitricitabina, una parte muy importante del tratamiento, no había y no ha habido desde entonces”, dice un paciente que pide omitir su nombre por temor a represalias en su atención, pero a quien llamaremos Iván.

La senadora Martha Guerrero descartó móvil político en el ataque con arma de fuego que sufrió este domingo cuando se trasladaba en su vehículo a la toma de protesta de la alcaldesa reelecta de Temoaya, pero lamentó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se haya precipitado para reducir a “un incidente vial” el ataque.

Para la también delegada de Morena en la entidad mexiquense, lo delicado de la agresión radica en que confirma que actualmente en territorio estatal cualquiera puede portar un arma de fuego, desenfundarla sin justificación en contra de cualquier ciudadano, disparar y huir con total impunidad.

A pesar de que Acapulco está resguardado para esta temporada de vacaciones de fin de año por más de 600 elementos de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones policiacas locales, los asesinatos continuaron este fin de semana en los puntos turísticos.

Tres hombres fueron asesinados en el primer fin de semana de vacaciones decembrinas en este puerto, informaron autoridades de Seguridad estatal.

Tras ofrecer 5 millones de dólares de recompensa por cada uno de los 4 hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, y que el Gobierno de México aclarara que esa aprehensión corresponde a las autoridades mexicanas, el Departamento de Estado de Estados Unidos recordó que el menor de los hermanos, Ovidio Guzmán, mandó matar a un cantante mexicano porque no quiso presentarse a su boda.

Además del artista, del cual no mencionó su nombre, Ovidio, también apodado como “El Ratón”, instruyó a sus sicarios a ejecutar a informantes y narcotraficantes rivales.

La Fiscalía General de la República (FGR) sigue eludiendo investigar la masacre de Allende, Coahuila, a pesar de haberse comprometido a ello en reiteradas ocasiones.

La última ocurrió en marzo de 2019, cuando se cumplían ocho años de los sucesos en los que sicarios de Los Zetas arrasaron el municipio y secuestraron y asesinaron a un número todavía indeterminado de personas. Entonces, el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, dijo ante familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil que la Fiscalía atraería el caso de Allende y el del penal de Piedras Negras, fuertemente vinculado. Puso una fecha tope: un mes a más tardar. Han transcurrido casi tres años y todavía no hay una sola carpeta atraída.

Entre 2019 y 2021, la incidencia delictiva del fuero federal ha tenido una reducción de 22.1%, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aunque delitos como las violaciones y la violencia familiar han incrementado.

El Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno se declaró en alerta ante el acuerdo presidencial para blindar las obras y proyectos del gobierno federal y considerarlos como asunto de seguridad nacional, publicado el pasado 22 de noviembre.

A través de un comunicado, el CNI-CIG denunció que el acuerdo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) forma parte de las reformas, leyes y órganos judiciales «a favor de los intereses empresariales» que «dejan caminos difíciles» a los pueblos para defender su territorio de los megaproyectos, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, las minas y los parques eólicos.

La fiscal general de justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, informó que ya se presentaron al gobierno de Israel “las primeras tres solicitudes de extradición, bajo el principio de reciprocidad internacional” contra Andrés Roemer, exdiplomático y académico, por los delitos de abuso sexual y violación.

Agregó que están en proceso “dos casos más” para pedir la extradición del también escritor. “Esperamos que, a la brevedad, podamos informar sobre su traslado a México”, dijo.

Las detenciones realizadas durante los últimos tres años, informó Sandoval González presentan un incremento del 106 por ciento, en comparación con los 522 miembros de la delincuencia organizada detenidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El estado de Campeche ha habilitado dos refugios para recibir a migrantes, originarios de Haití, Colombia, Cuba, Brasil y Centroamérica, debido a la saturación en que se encuentran las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Chiapas. Fueron albergados poco más de mil 200 inmigrantes por tiempo indefinido, para otorgarles ayuda humanitaria en tanto el Instituto Nacional de Migración (INM) define su estatus en el país: si se regulariza su estancia, se les ofrece refugio o son deportados.

Sin embargo, ya se han presentado quejas en relación a la atención a los derechos humanos, ya que Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) detectó a migrantes con síntomas asociados al Covid-19, por lo que reportó a la Coordinación Regional del INM, que prácticamente obligó a la Secretaría de Salud Estatal a enviar brigadas de salud a revisar el problema.

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez federal condenar a 15 años de prisión a Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit (2011-2017), por un supuesto lavado de dinero en la compra de cinco inmuebles -por sí mismo o a través de diversas personas-, valuados en la actualidad en 222 millones 926 mil 256 pesos, ocultando el origen de los recursos y en operaciones que tuvieron lugar de 2009 a 2015.

Según lo informó el diario Reforma, este lunes 20 de diciembre, al presentar la acusación contra el ex mandatario nayarita -preso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 4, “El Rincón”, ubicado en Tepic- la fiscal Gabriela García García solicitó ordenar el decomiso de dichos inmuebles en favor de la Federación.

Los homicidios dolosos y los feminicidios han bajado a nivel nacional durante el mes de noviembre en comparación con las cifras del mismo mes del 2020.

Los datos presentados por Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante la conferencia de prensa matutina, revelaron que uno de los delitos que más alarma es el homicidio doloso, que ha tenido una baja del 3.8 por ciento.