Esta es una semana triste para Ricardo García Pérez. Mañana se cumple un año desde que su hija Santa Cristina García, de 20 años, fue asesinada en Camargo, Tamaulipas. Un año desde que recibió aquel mensaje que le anunciaba que su hija y otras 18 personas, habían sido tiroteadas y calcinadas cuando estaban a punto de alcanzar la frontera de Estados Unidos.

Durante todo este tiempo, las promesas de las autoridades dieron paso al abandono: no hay avances en el proceso judicial, con 12 policías estatales encarcelados, y nadie se ha acercado a las familias para cumplir con la reparación integral a la que tienen derecho.

El presidente Andrés Manuel López Obrador abrogó el decreto por el que se estableció el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (CNCH), programa social señalado para desviar recursos públicos a empresas fantasma, como parte de La Estafa Maestra.

La Cruzada Nacional contra el Hambre fue uno de los programas más importantes de la política social durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y que implementó Rosario Robles, extitular de Sedesol que está recluida, desde hace dos años, en el penal de Santa Martha Acatitla por el delito de ejercicio indebido de la función pública.

Con la sentencia en mano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la muerte de Digna Ochoa y Plácido, su hermano Jesús Ochoa resaltó que esa resolución confirmó los señalamientos que desde un principio hizo su familia de que la defensora había sido víctima de un asesinato, que fue descartado por autoridades de la entonces Procuraduría  General de Justicia del Distrito Federal.

Tras la sentencia, que descarta la hipótesis de suicidio, Bernardo Bátiz, exprocurador, y Renato Sales, exfiscal especial, “van a cargar la vergüenza y lo van a llevar en su conciencia, si es que tienen”, declaró Ochoa y Plácido en conferencia de prensa.

Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional desarticularon la madrugada de este viernes la primera caravana de migrantes del 2022, que había partido el miércoles de Tapachula.

En un operativo, las autoridades federales detuvieron a más de 300 personas que salieron de Tapachula hacia la carretera costera de Chiapas, con destino hacia el norte del país.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) registró que al menos 500 escuelas de educación básica en la Ciudad de México reportan contagios de covid-19, y 88 centros escolares determinaron regresar a clases a distancia.

Al presentar los resultados de una encuesta sobre el impacto de la cuarta ola de contagios en los planteles, Pedro Hernández Morales, dirigente de la sección 9 del magisterio disidente en la capital del país, destacó que de acuerdo con información de los profesores 46 por ciento reportaron en promedio de uno a cinco alumnos contagiados.

Las comunidades indígenas, organizaciones y colectivos que participaron en el Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte anunciaron que del 22 de marzo al 22 de abril realizarán la Caravana de los Pueblos por la Vida y Contra los Megaproyectos, para recorrer los territorios afectados por la minería, los gasoductos, hidroeléctricas, parques eólicos, entro otros proyectos.

La Caravana forma parte de los acuerdos a los que llegaron los pueblos durante el Encuentro Nacional de los pasados 15 y 16 de enero en Juan C. Bonilla, Puebla, donde discutieron propuestas de organización y articulación para enfrentar «esta guerra ilegal e ilegítima contra los pueblos originarios afectados por los megaproyectos».

Entre el 1 de diciembre de 2016, cuando inició su administración el actual gobernador Alejandro Murat, y este 20 de enero de 2022, el Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos (GESMujer) contabilizó 589 asesinatos violentos de niñas y mujeres, siete de éstos en lo que va del nuevo año y 374 desde la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Entre finales de 2021 y lo que va de este 2022, dos mujeres embarazadas fueron asesinadas de manera violenta en Oaxaca, entidad del sureste de México que desde agosto de 2018 cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género, sin que la ruta de impunidad deje de repetirse en la mayoría de feminicidio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “una noticia” la compra de la refinería Deer Park, agradeció a la compañía Shell por no abusar y anunció que esta adquisición garantiza la independencia energética de México.

Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego y Carlos Hank González, los tres magnates mexicanos que el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el pasado 13 de enero como posibles compradores de Banamex, representan la oligarquía que nació con negocios al amparo del poder y creció con favoritismos y vínculos privilegiados con los presidentes en turno.

El grupo empresarial de Slim tiene pendiente el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México; el de Salinas Pliego debe 39 mil 470 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y aclaraciones sobre su participación en la operación de Grupo Fertinal; y el de Hank arrastra las acusaciones de corrupción sobre su familia paterna y sus vínculos con el PRI de antaño.

Según la Cepal, entre 2019, primer año de gobierno de López Obrador, y 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) de México se contrajo -2.6% y el ingreso per cápita cayó -5.7%.

La Unión Europea, Noruega y Suiza condenaron los asesinatos de los periodistas José Luis Gamboa Arenas y Alfonso Margarito Martínez Esquivel.

El pasado 10 de enero, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz (CEAPP) confirmó el asesinato Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio, en el Puerto. Su cuerpo fue identificado el 14 de enero.

Por el caso Oceanografía, un juez civil de la CDMX ordenó frenar la venta de Banamex, al conceder medidas cautelares solicitadas en una demanda promovida en 2019 por la empresa de servicios petroleros.

La semana pasada, el grupo estadounidense Citi anunció que vendería sus operaciones de Citibanamex, poniendo fin a una presencia minorista de dos décadas en México, por lo que ya se han manejado en medios los nombres de posibles compradores, como Ricardo Salinas Pliego o Javier Garza Calderón. Además, según una nota de análisis de Bank of America, Banorte sería el prestamista del país mejor posicionado para su adquisición.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) descartó que los homicidios de Nohemí Medina y Yulizsa Ramírez, la pareja lésbica que fue localizada descuartizada el 16 de enero en el Valle de Juárez, sean crímenes de odio.

“Es un asunto que lleva una investigación, un protocolo especial al que estamos obligados para la no criminalización. La justicia es plana, igual para todos, es un esquema de igualdad, y vamos muy avanzados en la investigación, son diversas líneas de investigación, pero crimen de odio no es”, afirmó el titular de la FGE, Roberto Fierro Duarte.

Un video compartido en las redes sociales mostró cómo policías municipales y elementos de la Naval abusaron de su autoridad en la detención de un par de jóvenes durante un operativo en la madrugada del martes 20 de enero, en Córdoba, Veracruz.

Según reportes locales los jóvenes fueron detenidos por “caminar de manera sospechosa” en la zona de bares del municipio veracruzano.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.

En un comunicado, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero señaló que tres de los imputados ya están recluidos en los centros federales de justicia penal y en los casos de quienes huyeron del país, Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.