Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, negó las acusaciones de una supuesta extorsión realizada por abogados “cercanos” a él contra Juan Collado y dijo que no lo conoce personalmente.

A dos años de que se detectó el primer contagio de COVID-19 en México, el número de casos va en descenso, pero el nivel de transmisión todavía se mantiene en un rango similar al de la segunda o tercera ola (con 20 mil nuevos contagios registrados al día, en promedio). Estas cifras indican que la disminución seguirá, aunque aún faltan meses para que el país salga de la pandemia, coinciden especialistas en salud. 

Sobre si el control de esta cuarta ola con una variante menos agresiva como Ómicron significa que la pandemia está próxima a su fin y COVID-19 se volverá una enfermedad endémica como la influenza (que se repite con frecuencia pero con pocos casos), los expertos concuerdan en que aún falta tiempo para eso y, por ello, ni las autoridades ni la población deben bajar la guardia. 

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, afirmó esta mañana que en San José de Gracia, zona de la masacre ocurrida la tarde del domingo, hay casquillos y “otros indicios”.

Confirmó que hace unas horas habló con Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, para realizar un operativo en conjunto y con fuerzas federales para buscar las evidencias.

El Congreso local de Veracruz derogó apenas dos fracciones punitivas del delito de ultrajes a la autoridad. En polémica sesión virtual, la mayoría de legisladores compuesta por Morena decidió mantener la “prisión preventiva oficiosa” para quienes cometan dicho delito, ello pese a que organismos de derechos humanos y políticos de oposición en el Senado de la República consideran vejatorios de derechos humanos y privativos de garantías individuales. 

El gobierno de Nuevo León anunció la reapertura total de establecimientos abiertos y cerrados, y en espacios públicos, al dar por terminada la cuarta ola de covid-19, con un descenso de muertes y contagios en la localidad.

Pese a ello, la Secretaría de Salud local recomienda que se mantenga el uso de cubrebocas así como el uso de gel antibacterial y la toma de temperatura corporal en establecimientos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) demuestra «falta de debida diligencia, objetividad y lealtad», así como «realiza investigaciones a modo, sin legalidad y sin buscar la verdad de los hechos, fabricando pruebas, delitos y culpables» en el caso de Yonny Ronay Chacón González, detenido arbitrariamente en el penal de Villaflores, Chiapas, y víctima de tortura y malos tratos, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

En la etapa de juicio oral sobre el caso de Chacón, el Frayba acusó la falta de expertiz de los peritos de la FGE y señaló que, al no existir pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado, no existen elementos para sentenciarlo culpable.

Cuentan algunos escribidores de la historia universal que, hace 500 años, marineros ibéricos le dirían a los nativos de un lejano territorio que su tierra se llamaría “América”, que eran indios y estaban siendo descubiertos; que sus recursos, creencias y cultura no eran más que herejía y subdesarrollo, y que necesitaban ser “civilizados”.

Ese discurso colonial permanece y es empleado por empresas mexicanas y extranjeras, y por el Gobierno de México, para poner en marcha proyectos extractivos que niegan la capacidad de los pueblos y comunidades a decidir sus propias formas de vida y desarrollo.

Don Roberto de la Rosa Dávila, el último habitante de Salaverna, Zacatecas, que se niega a desplazarse de su hogar para que una mina del magnate Carlos Slim Helú expanda su operación a cielo abierto, tendrá una audiencia este lunes 28 de febrero a las 11 de la mañana, por lo que exige no ser encarcelado por defender a su pueblo de la extracción de cobre en una zona semidesértica con estrés hídrico.

El Colegio Americano del Noreste, en Nuevo León, el Colegio Cervantes, en Coahuila, y la secundaria diurna número 79, República de Chile, en la Ciudad de México, tienen algo en común: en los tres se han presentado accidentes porque alguno de sus estudiantes llevó y usó indebidamente un arma de fuego, lo que refleja una parte de la problemática del acceso que los menores de edad tiene a este tipo de artefactos en el país.

Los dos primeros casos se convirtieron en tragedia, al presentarse muertos y heridos, entre alumnos y profesores, quienes fueron el blanco de los ataques. En el caso del plantel de educación básica capitalino, el niño que llevó la pistola resultó herido luego de dispararse a sí mismo accidentalmente en la mano, pero estos sólo son tres ejemplos, de al menos siete casos que se han presentado en México, sobre el acceso que los menores de edad tienen a un arma.

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó este lunes una pérdida neta de 10 mil 900 millones de dólares en todo 2021, una reducción de 55.9 por ciento frente a las también cifras negativas de 2020 de 24 mil 735 millones de dólares.

Al presentar su informe financiero, el director general de la petrolera estatal mexicana, Octavio Romero, destacó que la firma tuvo un “muy buen año en la producción de crudo”, que calificó de “estable y creciendo”.

Entre enero y septiembre de 2021, en México se contabilizaron en forma preliminar, 877 mil 824 defunciones, de acuerdo con cifras divulgadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta cifra representa un incremento del 12.8% en comparación con la registrada en 2020 (777,936).

El abogado Paulo Díez Gargari señaló que la denuncia de Juan Collado al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias, confirma sus dichos públicos de que éste y un grupo de personas cercanas crearon una red de corrupción cuando éste fue consejero jurídico de la Presidencia de la República.

Durante una entrevista este lunes con Aristegui en Vivo, señaló que la denuncia fue presentada por Collado el 19 de octubre del año pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR), unos días después de que el propio Díez Gargari hablara del tema.

El pueblo nahua de Cuentepec denunció que las autoridades del municipio de Temixco, Morelos, ignoran su exigencia para que se revoque la concesión minera otorgada a la empresa canadiense Alamos Gold.

En un comunicado, acusó que ni la presidenta municipal Juana Ocampo ni la diputada Macrina Vallejo han actuado para revocar la concesión minera otorgada a la empresa canadiense ni han respondido al pliego petitorio que el pueblo entregó el pasado 10 de enero para exigir que se prohíba la minería a cielo abierto en el territorio.

«El pueblo quiere acciones, no solamente palabras ni discursos, el pueblo exige la revocación de las concesiones, que se quiten los permisos, que las autoridades municipales y la diputada Macrina Vallejo tomen su postura pública y apoyen al pueblo de Cuentepec», subrayó la comunidad.

Más de cien familiares de México, El Salvador, Honduras, Colombia y Perú salieron este 27 de febrero en búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, como parte de la primera Brigada Internacional de Búsqueda en el territorio de la frontera norte de México que inició el pasado 16 de febrero. 

Hasta ahora, la Brigada ha avanzado por ciudades de Sonora, como Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Nogales, Sonoyta, y el 26 de febrero llegó a Mexicali, en Baja California. 

Los trabajos se dividieron en búsqueda en campo y en vida. Con palas, varillas y picos, un grupo de familiares se adentró en el desierto fronterizo para rastrear fosas clandestinas. Además, las madres decididas a encontrar con vida a sus seres queridos han llenado las calles de la ciudad con las fotografías de sus hijos, hijas, hermanos, hermanas y compañeros.

El abogado Juan Collado Mocelo negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión y lavado de dinero a presuntos allegados a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el empresario que denunció al litigante por despojarlo del edificio sede de Caja Libertad, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, se opone rotundamente.