Cuando a los cinco años Kike aún no hablaba ni caminaba bien, su madre Liliana intuía que algo no estaba bien. Que su hijo no estaba teniendo el desarrollo mental y motriz que se le suponía a un niño de esa edad.

Lo que no imaginaba es que, después de muchas pruebas, un día le darían un diagnóstico casi imposible de pronunciar: Kike había nacido con Fenilcetonuria. O con PKU, como también se la conoce. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó ayer los nuevos proyectos que se discutirán el próximo lunes 28 sobre el caso que sostiene el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con Alejandra Cuevas y su madre Laura Morán. 

Las dos mujeres son acusadas por el fiscal de la muerte de su hermano, Federico Gertz Manero. Morán fue pareja de Federico, y según la acusación del fiscal ni ella ni su hija Alejandra le habrían brindado la atención médica necesaria para evitar su muerte, a los 81 años. 

El exgobernador Jaime Rodríguez Calderón podría dejar el Penal de Apodaca 2, donde actualmente se encuentra, para ser atendido en un centro médico de la localidad por un padecimiento intestinal, de acuerdo a la recomendación de médicos de la Secretaría de Salud estatal.

Este sería el primer paso para alegar que El Bronco está delicado de salud, por lo que requiere arraigo domiciliario, para que sea atendido en casa y desde ahí siga su proceso penal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no acepta el periodismo que realiza el semanario Proceso porque “no tiene compromiso” con la sociedad y el proceso de transformación en el país.

Dijo que los ciudadanos más avanzados en el país, se limitaban al análisis de la realidad o administrar el conflicto y lo que hizo el movimiento que él encabeza, dijo, fue “luchar por trasformar” la realidad en el país.

Las familias de personas desaparecidas en Chihuahua afirman que enfrentan la venganza del gobierno de María Eugenia Campos Galván, contra el anterior que fue encabezado por Javier Corral Jurado.

Familias de los municipios Parral, Jiménez, Valle de Allende, Camargo, Cuauhtémoc, Buenaventuras, Guadalupe y Calvo, Coyame y otras más, han solicitado reuniones con la gobernadora y con el fiscal general, Roberto Fierro, para dar seguimiento a sus expedientes y búsquedas, pero no han recibido respuesta.

A lo largo del 5 y 6 de junio del año pasado, decenas de influencers subieron a sus redes sociales mensajes que tenían algo en común: su apoyo a las propuestas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y su llamado a votar por esa fuerza política en las elecciones de 2021, en las que se renovarían la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y cientos de cargos locales más.

Las publicaciones fueron difundidas en días de veda electoral —en los que partidos, candidatos y ciudadanos en general tienen prohibido hacer propaganda—, y el viernes 18 de marzo pasado derivaron en que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impusiera sanciones tanto al PVEM como a 76 celebridades involucradas.

En distintos hechos de violencia registrados en Guerrero cuatro personas fueron asesinadas, una de las cuales fue quemada viva al parecer cuando estaba en su parcela.

Las autoridades de esa región dijeron que este martes alrededor de las 9 de la mañana vecinos de la comunidad de El Potrerillo del municipio de Olinalá, se percataron que había un incendio en unas tierras de labor.

Antes presidente de México y ahora director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale, Estados Unidos, Ernesto Zedillo Ponce de León dictó hace unos días la conferencia virtual “Perspectivas económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica”, en donde centró su crítica contra “gobernantes populistas e ineptos”.

Los acuso de rezagos históricos; el desastre que han causado; de adoptar reformas del pasado; tomar malas decisiones económicas y en salud pública, y señaló como urgente la seguridad social; el acceso universal a la salud y educación de calidad; habló de la prosperidad económica y de la justicia social.

Las mujeres que habitan zonas marginadas o comunidades indígenas han sido invisibilizadas en las luchas y resistencias por la defensa del agua y el territorio en zonas de México donde hay carencia del vital líquido. Aunque han acuerpado la defensa, sufren diversas violencias (desde las simbólicas a las físicas) debido a que el acceso y toma de decisiones entorno al agua son atravesadas por relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.

Angélica Schenerock –coordinadora de la organización Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente, explicó que las mujeres tienen menos ventaja en la sociedad capitalista-patriarcal en la que se vive, lo que las relega de las tomas de decisiones. En el webinario “Tomando el agua en nuestras manos. Mujeres y luchas por el agua en México”, indicó que los que se espera es que los varones tengan mayor oportunidad de diálogo en los comités vecinales de agua, aunque una mujer sea el sostén familiar.

Una adolescente de 15 años, estudiante de la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue víctima de violación sexual dentro del plantel, presuntamente por un compañero de clase y un adulto, de acuerdo con una denuncia interpuesta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El delito fue denunciado por la madre de la menor, según una nota del diario El Universal. Mientras, el padre de la víctima la llevó al hospital pues, además de que fue ultrajada sexualmente, también fue intoxicada.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados reclamó a la Secretaría de Salud y al Instituto de Salud para el Bienestar que persiste el desabasto de medicamentos y que, a las peticiones de recursos para hospitales y atención a ciudadanos, los funcionarios no responden.

“Parecen reyes”, cuestionó el legislador Francisco Favela Peñuñuri (PT), en una ríspida reunión con la titular de Vinculación de la Secretaría de Salud, Mónica Mieres Hermosillo, en San Lázaro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó, este miércoles 23 de marzo, que se destine una parte del presupuesto de la publicidad oficial del Gobierno Federal, para garantizar la seguridad social a periodistas.

“Estamos viendo la forma en que se le pueda garantizar la seguridad social a periodistas destinando una parte del presupuesto de publicidad que tiene el Gobierno”, indicó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

Insiste el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando informa -mensualmente- sobre el tema de la seguridad, que “avanza estrategia para pacificar el país”, sin embargo, en 39 meses de su Gobierno, a mitad del periodo pues, ya ha rebasado la cifra de homicidios dolosos registrados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y está a 43 mil casos, de sobrepasar también la de los seis años de Enrique Peña Nieto.

Efectivamente, en un recuento realizado por la editora Rosario Mosso Castro, del semanario ZETA, se revela que las muertes violentas en 39 meses de Gobierno de López Obrador, ascienden a 110 mil 143, mientras que las registradas entre 2006 y 2012, cuando gobernó el país Calderón, se contabilizaron en 102 mil 856, contra los 153 mil 318 homicidios dolosos registrados en el mandato peñanietista.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó una vez más opinar sobre las acusaciones que hizo el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, contra la Senadora Olga Sánchez Cordero y el Fiscal General Alejandro Gertz Manero.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal reiteró que no se pronunciará sobre el tema, ya que son denuncias públicas, las cuales, “si el caso lo amerita” corresponderían a aspectos jurídicos.

Integrantes de la comunidad purépecha de Arantepacua, en Michoacán, denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) minimizó su caso al considerar que cuatro ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura, 38 casos de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias así como alrededor de mil posibles víctimas del estado en el periodo del exgobernador perredista Silvano Aureoles “no tienen trascendencia” para atraer el caso para su investigación.

Activistas y habitantes de la comunidad denunciaron que los días 4 y 5 de abril de 2017 esta comunidad “fue atacada por órdenes del exgobernador Silvano Aureoles y del actual Fiscal del estado Adrián López Solís”, quien al momento de los hechos se desempeñaba como Secretario de Gobierno.