En el pleno del Senado, Morena se confrontó ayer una vez más con la oposición, a la que los legisladores del grupo mayoritario llamaron “traidores a la patria” por no haber aprobado el pasado domingo la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso demandaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, investigue las cuentas bancarias de dirigentes partidistas y líderes parlamentarios que pudieron ser sobornados por las empresas privadas que generan electricidad.

Durante la discusión de las modificaciones a la Ley Minera en materia de litio, la senadora del PAN Minerva Hernández sostuvo que esa legislación era sólo “una venganza” del Presidente de la República por su “derrota monumental” del domingo, en que Morena y sus aliados no lograron que se aprobara la reforma eléctrica.

Tras irregularidades en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), Ignacio Ovalle Fernández dejó la dirección general del organismo, luego de un ajuste ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En lugar de Ovalle, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Leonel Cota Montaño, ex gobernador de Baja California Sur, como nuevo titular del organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El domingo 17 de abril, cuando finalmente la oposición en la Cámara de Diputados se unió para batear la Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, casi inmediatamente se dieron los campanazos.

Reunidos por primera vez en un escenario político, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano lograron 233 votos contra la Reforma Eléctrica, versus 275 de Morena y aliados, con lo que no lograron los oficialistas la mayoría calificada necesaria para una reforma constitucional como la que pretendía el Presidente de la República.

El Gobierno de México disolvió la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU, por sus siglas en inglés) de la Policía Federal del país, grupo de élite operacional y de espionaje creado, aprobado y financiado por la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con información de funcionarios de ambos países proporcionada a la agencia Reuters y al diario Milenio, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador informó formalmente desde abril del año pasado que retiraría su apoyo al programa de la DEA que operó 25 años en México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este miércoles, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto de la reforma a la Ley Minera aprobada ayer en el Congreso de la Unión, la cual pretende proteger las reservas de litio en territorio mexicano.

De acuerdo con lo difundido en el documento, se reforman los artículos 1; 9, párrafo primero; 10, párrafo primero; y se adicionan un Artículo 5 Bis y un párrafo tercero, recorriéndose los actuales párrafos tercero y cuarto al Artículo 10 de la Ley Minera para declarar de utilidad pública el litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia. Serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio.

Los avances de la construcción de la subestación de alta tensión que abastecerá de energía a las estaciones 1,2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro se encuentra en un 37 por ciento y 26 por ciento en obra electromagnética, informó Guillermo Calderón Aguilera, director general del Metro. Se espera que los trabajos concluyan el próximo 18 de agosto.

La subestación de nombre “Buen Tono” tendrá 74 interruptores, 18 cuchillas, 4 interruptores de banco, cuatro transformadores de potencia de 60 MVA; y estará conectada con la Comisión Federal de Electricidad  (CFE)Nonoalco y Jamaica, detalló el director Guillermo Calderón. Para tal conexión se habilitan ya 24 kilómetros de cables de 230 mil voltios de dicha subestación, agregó Guillermo Nevárez Elizondo, director de la CFE.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León informó que cateó este martes un condominio en la Unidad Habitacional Condominios Constitución, en el centro de Monterrey, para buscar objetos personales de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, vista por última vez la madrugada del 9 de abril en la carretera a Laredo.

El cateo, ordenado por un juez en el marco de las investigaciones para dar con el paradero de la joven de 18 años, no arrojó resultados positivos.

Las autoridades de Querétaro difundieron una ficha de búsqueda para dar con el paradero de 26 personas presuntamente relacionadas con la riña que ocurrió durante el partido de futbol entre los Gallos Blancos contra el Atlas, el pasado 5 de marzo.

Entre las personas que destacan en la ficha, se encuentra una mujer que apareció en diversos videos portando una navaja dentro de la cancha del Estadio Corregidora para luego entregarla a otro aficionado el Querétaro.

La Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Alejandro Gertz Manero acumula en tres años casos de alto impacto con investigaciones estancadas y críticas que ponen en duda su autonomía por actuar sólo en ciertos casos, sin lograr resultados significativos.

Los temas congelados de la FGR no sólo tienen que ver con presunta corrupción de prominentes políticos, como los sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para aprobar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, sino con organizaciones criminales, como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aceptó pagar un monto de 2 millones 695 mil 985 pesos para librar la imputación que buscaba hacerle la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de defraudación fiscal.

Durante una audiencia realizada la tarde de este martes en el Reclusorio Sur —a la que Lozoya compareció de forma virtual—, el exfuncionario acordó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cubrir ese monto por daños al erario, con el fin de detener un posible proceso penal.

Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, denunció que el acuerdo reparatorio que Emilio Lozoya busca para cerrar sus procesos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados es ilegal, debido a que los daños que este causó ascienden a miles de millones de pesos.

En una carta enviada al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de la que este medio tiene copia, Treviño manifiesta su oposición a que tanto Pemex como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cierren un pacto que, consideró, dejará en la impunidad los delitos que se imputan a Lozoya. 

Con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley Minera referente a la exploración y explotación del litio.

Apenas el lunes, el Senado recibió de la Cámara de Diputados la iniciativa para su análisis, discusión y votación. En tiempo récord de apenas un día, la iniciativa sobre el litio, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, fue aprobada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la suspensión de los contratos que entregaron sus antecesores a empresas privadas para explotar el litio, argumentando que “no tendrán ninguna posibilidad” de ser utilizados por los beneficiados.

Explicó que la modificación a la Ley Minera que envió al Congreso de la Unión y que ayer fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados federales, deja intactas las concesiones para la extracción de oro, plata, cobre y otros minerales.

El pasado sábado 16 de abril, fue detenido Juan Miguel “N” (a) “El Johnny”, operador principal en el trasiego de droga procedente de Sudamérica, quien es considerado presunto integrante de "Los Rojos", que opera en Michoacán y mantiene presencia en los estados de Morelos, Guerrero, Puebla y Estado de México.

Autoridades federales le imputan los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y contra la salud en Estados Unidos, motivo por el cual contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición hacia ese país.