La iniciativa #ComprasPúblicasMx, impulsada por el Instituto Mexicano por la Competitividad (Imco), documentó que 75% de los cerca de 17 mil millones de pesos gastados por el Insabi en 2020 se asignó a través de adjudicaciones directas, y que ningún proceso de adquisición está respaldado por todos los documentos en la plataforma de contrataciones públicas Compranet, operada por la Secretaría de Hacienda.

El Presidente López Obrador sobrevoló Quintana Roo y al ver el inmenso territorio devastado hace cuarenta años por las empresas constructoras de Cancún (ICA), señaló que los anteriores gobernantes sí devastaron el ecosistema. Efectivamente, Cancún fue un paraíso inventado en los años setenta por el populista Luis Echeverría y un puñado de empresarios y banqueros. Desde 1902 Quintana Roo fue una región marcada por la invasión militar, la ocupación territorial, la inmigración, la guerra de castas, el racismo y la colonización por empresarios, mercenarios y filibusteros. En algún momento se le conoció como “la Siberia mexicana” por ser reducto presidiario de huelguistas, rebeldes zapatistas y maderistas. Este territorio federal ha sido botín de políticos y empresarios sin ética.

El Gobierno de México estaría buscando pactar con compañías privadas basificar el precio de al menos 25 productos de la canasta básica, para tratar de controlar la inflación, según dijo, el 25 de abril del 2022, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero de la Presidencia de la República a la agencia estadounidense Bloomberg.

A través de una entrevista telefónica, el funcionario federal comentó al citado medio que aún no se decide qué bienes se prevé que se incluyan en el acuerdo, ni con qué empresas se busca acordar limitar el aumento de precios en productos de la canasta básica.

El nuevo sindicato independiente de la mayor planta de General Motors (GM) en México, ubicada en Silao Guanajuato, busca un aumento salarial del 19.2% debido a la creciente inflación, a lo que el fabricante de automóviles estadounidense respondió con una oferta del 3.5%, dijo a Reuters la líder del sindicato SINTTIA.

GM no confirmó el porcentaje de su contraoferta, pero aseguró que su próxima reunión con el sindicato es el jueves, donde espera llegar a un acuerdo, anticipándose al plazo del 31 de mayo para que los trabajadores se declaren en huelga.

El proceso para la consulta de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se celebró el 10 de abril, fue calificado este lunes como un acto demagógico y una pantomima que no fortaleció a la democracia participativa en México por la organización The Delian Project.

La ONG, que agrupa a expertos de Estados Unidos y Canadá, formó parte de la misión de observadores de la consulta de Revocación de Mandato en México a inicios de abril.

Luis Enrique Orozco Suárez, Vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, informó que encontraron el celular de Debanhi Escobar, y detalló que el dispositivo se encontraba sumergido en el agua pero no junto al cuerpo de la joven.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad revelaron que el conductor de taxi por aplicación que recogió a Debanhi Escobar sí habría extendido uno de sus brazos hacia el pecho de la joven, como lo había denunciado Mario Escobar, padre de la chica de 18 años. Este hecho la habría molestado y por ello presuntamente decidió salir de la unidad.

De acuerdo con el periodista de Milenio, Jorge Martínez, las imágenes corresponden al día 9 de abril, fecha en la que Debanhi fue vista por ultima vez. En ellas se ve el momento exacto en el cual el conductor que fue llamado para llevar a la estudiante extiende su brazo derecho a la altura del pecho de la joven.

“Ayotzinapa ha sido un caso emblemático en México de la situación de desapariciones forzadas, de las fallas graves del Estado y de la necesidad de un trabajo urgente por responder a esta crisis nacional en derechos humanos que vive el país”, dijo el Dr. James Cavallaro, quien fuera presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el periodo 2016-2017.

Por más de diez horas, policías antimotines encapsularon, golpearon y detuvieron a integrantes de las familias triquis desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, que la madrugada del lunes fueron desalojadas del campamento provisional instalado desde febrero de 2021 en Bellas Artes y que rechazaron ser trasladadas a un “albergue” en condiciones insalubres, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Entre los detenidos también se encuentran integrantes de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, de medios de comunicación y de organizaciones indígenas e internacionales que forman parte de la Caravana por el Agua y por la Vida, quienes acompañaban a las familias triquis para protestar por el desalojo y la reubicación cuando los granaderos los encapsularon.

El financiamiento del portal Latinus se sustenta en un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de recursos públicos, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que detallan una trama en la que aparecen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno del excandidato nacional priista Roberto Madrazo Pintado, así como al exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo y a otros funcionarios de su administración en Michoacán.

El gobierno mexicano desmanteló una unidad especializada que colaboraba de manera cercana con agentes antidrogas de Estados Unidos, lo que plantea dudas sobre el estado actual de la cooperación bilateral y la confianza entre ambos gobiernos para tratar con información sensible.

El 21 de abril, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno disolvió “hace más de un año” una Unidad de Investigaciones Especiales (SIU por sus iniciales en inglés) que trabajaba en conjunto con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) para desmantelar redes criminales.

Las declaraciones se dieron unos días después de que la agencia Reuters publicara un reportaje informando sobre el hecho. Antes de esa fecha, el ejecutivo mexicano no había hecho pública esta decisión.

“A las autoridades les pido que hagan su trabajo como les corresponde, que juzguen con perspectiva de género, como no lo hicieron desde un principio”. Este es el llamado que hace Roxana Ruiz, una mujer que podría volver al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl, en el Estado de México, por defenderse de una violación sexual, lo que terminó en la muerte de su agresor.

En 2018, el gobierno de Chiapas encabezado por Manuel Velasco retiró en efectivo y con destino desconocido más de mil millones de pesos que debieron invertirse en seguridad, empoderamiento de las mujeres y apoyo a los más pobres. ¿Cómo? La operación incluyó empresas de traslado de valores, cheques y una red de compañías fantasma.

El primer paso fue emitir facturas millonarias a empresas que no tenían infraestructura ni la capacidad para hacer servicios, cuyos dueños son empleadas de limpieza, vendedores de flores o comerciantes de escasos recursos; posiblemente, se trata de prestanombres. 

En el primer trimestre del año, en México se han registrado 234 feminicidios, de acuerdo con la más reciente actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al 31 de marzo. 

Además, en el tercer mes de este año, el número de mujeres presuntas víctimas de corrupción de menores alcanzó su máximo histórico mensual desde 2015, con 193 casos. La cifra ha ido creciendo desde principios de año, con 98 registros en enero y 149 en febrero. Baja California, Quintana Roo y Guanajuato ocupan los primeros lugares por tasa (número de delitos por cada 100 mil mujeres).

La demanda civil, cuya copia en exclusiva tiene Proceso, fue presentada ante la Suprema Corte del estado de Nueva York el pasado 8 de febrero, firmada por Jason C. Webster, de The Webster Law Firm; y Patrick J. Sheehan de Whatley Kallas, LLP. El primer despacho es especialista en defensa de víctimas de accidentes de construcción y asociado de la firma mexicana Carbino Legal, que representa legalmente en México a 24 víctimas de la tragedia, entre lesionadas y familiares de fallecidos.