El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta mañana que apoyará al candidato o a la candidata que gane en la encuesta de Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, pero aseguró que “no hará campaña” por nadie.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no abrió ninguna investigación interna por la filtración de los proyectos de sentencia elaborados por el ministro Alberto Pérez Dayán en el caso de los procesos penales que enfrentaron Laura Morán Servín y su hija Alejandra Cuevas Morán, por la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, pese a las denuncias públicas  formuladas por la parte afectada, es decir, por la defensa de la familia Cuevas.

De acuerdo con una solicitud de información a la que Aristegui Noticias tuvo acceso, ni la Secretaría General de Acuerdos ni tampoco la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del máximo tribunal consideraron pertinente abrir una indagatoria sobre la entrega anticipada de ambos proyectos de sentencia al equipo legal del fiscal Gertz Manero, a pesar de que su familia política no tuvo acceso a los mismos.

La policía de Puebla emboscó y ejecutó a tres defensores nahuas del Movimiento Unidad por Coyomeapan, así como dejó siete personas heridas, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Los defensores de la comunidad nahua fueron emboscados la tarde del 9 de mayo cuando pasaban por la comunidad de Zoquitatlań, informó el Centro.

Recordó que la comunidad de Coyomeapan se encuentra en resistencia pacífica por la defensa de su tierra y su territorio, así como por sus derechos civiles y políticos, y que además de la emboscada contra los integrantes del Movimiento, han sufrido agresiones como detenciones arbitrarias y desplazamiento forzado.

El padre de Yolanda Martínez, joven desaparecida que fue hallada sin vida el pasado 9 de mayo en Nuevo León, rechazó la línea de investigación que la Fiscalía abrió sobre que su hija pudo haberse suicidado.

“No fue suicidio, ya nada más hay que saber qué sustancias se le administraron para que muriera, porque fue inyectada con algún medicamento o alguna sustancia que le provocó la muerte”, dijo Gerardo Martínez, padre de Yolanda, quien insiste en que su hija, de 26 años, fue privada de su libertad y asesinada con sustancias tóxicas.

Informó que recibe apoyo a peritos de Guatemala para realizar su propia investigación, frente a la línea del suicidio que propuso la Fiscalía.

Ante la contabilización oficial de más de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que “se atienda esta crisis de forma integral e inmediata en proporción a este desgarrador número”, y que se cumpla con las recomendaciones del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés).

En un pronunciamiento los 80 colectivos de familiares de personas desaparecidas de 22 estados de la República y de tres países de Centroamérica, que conforman el MNDM, recordaron que al inicio de su gobierno, López Obrador se comprometió él y a su gabinete a “fortalecer una política integral” con el objetivo de encontrar a los ausentes.

En solo una jornada, este domingo siete mujeres la mayoría de poblados catalogados como indígenas, perdieron la vida de manera violenta en el Estado de México en al menos tres municipios; en un caso cuatro fueron arrolladas deliberadamente y en otro se trata de una adolescente cuyo cuerpo fue abandonado completamente desnudo en un paraje y con evidencia de haber sido sufrido agresiones en extremo. 

En Ixtlahuaca, en la localidad indígena Jalpa de los Baños, cuatro mujeres perdieron la vida durante una riña entre pobladores, por presuntos conflictos por la posesión y tenencia de tierras.

Mientras realizaban una investigación en la zona oriente de esta capital, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron atacados a balazos por cuatro hombres armados, lo que generó una balacera en la que no hubo personas fallecidas ni lesionadas, informó la corporación.

A través de un comunicado, la fiscalía dio a conocer que el hecho se suscitó cuando los presuntos responsables fueron descubiertos llevando a cabo un acto delictivo, por lo que de inmediato se montó un operativo que contó con el respaldo de las diversas corporaciones y se logró la detención de tres de los agresores.

Este lunes, autoridades reportaron a más de 100 mil personas dentro del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPDNO), ubicando a Jalisco, Tamaulipas y Estado de México como las entidades con más casos.

De acuerdo con el registro, del total de 245 mil 526 personas que se han reportado, cerca del 60% han sido localizadas, y detalla que 100 mil 8 personas (40.73 %) permanecen desaparecidas o no localizadas.

“No se pierden, no desaparecen: los desaparecen”, dice Verónica Rosas Valenzuela, seria, frente a un grupo de madres de varios colectivos en búsqueda de sus desaparecidos/as. Nos encontramos en la periferia de la Ciudad de México, en uno de los tres estados con mayor número de desapariciones de personas. Verónica es madre de Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, un adolescente secuestrado el 4 de septiembre del 2015; Dioni Pelcastre es madre de Guillermo David Ramírez Pelcastre, un joven taxista de 20 años desaparecido en 2017; Benita Ornelas busca a su hijo Fernando Iván Ornelas Ornelas, de 22 años, de quien no sabe nada desde 2019, mientras cuida del nieto que este dejó. Las tres forman parte del colectivo de buscadoras Uniendo Esperanzas. 

El pasado 4 de abril, un juez de control libró una nueva orden de aprehensión en contra de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el caso de Agronitrogenados.

La hermana de Emilio Lozoya Austin, quien se encuentra preso, el pasado 12 de mayo, promovió un nuevo juicio de amparo contra actos privativos de la libertad y su ejecución, la cual fue librada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que, durante la pandemia de covid-19, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enviara a todos los médicos estudiantes a su casa en lugar de convocarlos a enfrentarla.

Durante la conferencia mañanera, al hablar sobre la “irracionalidad” y el “egoísmo” de las asociaciones de médicos de México que se oponen a la profesionalización de estudiantes de medicina y la contratación de profesionistas cubanos para cubrir las necesidades en materia de salud en zonas rurales y marginadas del país, el presidente arremetió en contra de la casa de estudios.

La Cámara de Diputados recibió un ultimátum del Poder Judicial para subsanar las deficiencias que tiene la Ley General de Comunicación Social, conocida como "Ley Chayote". 

Tras el amparo 308/2020 emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promovido por la organización en pro de la libertad de expresión Artículo 19, las y los diputados federales de la actual legislatura debieron abordar el tema desde 2021. Luego de incumplir la orden de la SCJN, fueron solicitando prórrogas mediante el director de Asuntos Jurídicos de la Cámara, Luis Genaro Vásquez Rodríguez, para postergar la discusión.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, acusó al exmandatario del estado, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, de presuntos actos de corrupción y lo responsabilizó de la situación de agua del estado.

El pasado domingo, durante la presentación del Plan Maestro del Agua para Nuevo León, Samuel García aseguró que la entidad se quedó sin agua por el gobierno anterior, el cual acusó de no invertir “ni un solo peso”.

En una editorial, el periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) indicó que las políticas y los cambios que se han aplicado en la red de transporte aéreo en México por parte del Gobierno del mandatario Andrés Manuel López Obrador han generado que el espacio aéreo del país sea considerado como peligroso.